Promover la solidaridad: Razones por las que el mundo debe apuntalar la respuesta de Colombia a la crisis del desplazamiento venezolano
En años recientes, cada vez más personas se han visto forzadas a huir de Venezuela a causa del caos político, la debacle económica y las flagrantes violaciones a los derechos humanos. Llegado noviembre de 2019, más de 4,6 millones de venezolanos habían buscado refugio fuera de su país. Se trata de la segunda mayor crisis de desplazamiento en el mundo y la más grande en la historia de América Latina.
Colombia acoge a 1,5 millones de refugiados y migrantes venezolanos, mucho más que cualquier otro país receptor. Desde que comenzó la crisis, dicha acogida ha sido relativamente generosa, pues el país ha movilizado asistencia humanitaria de emergencia, facilitado el acceso a los servicios y al trabajo y creado mecanismos para que cientos de miles puedan regularizar su situación migratoria. En sentido más amplio, Colombia ha sido ejemplo y líder en la región, pues ha mantenido una política de fronteras abiertas, mientras que otros cierran cada vez más sus puertas.
De hecho, el que los países de acogida en la región hayan fracasado en la alineación de sus políticas ha dejado a Colombia cargando con las consecuencias de las medidas cada vez más restrictivas que imponen sus vecinos. Entretanto y reconociendo la enormidad de la crisis, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha creado una plataforma que gestionan conjuntamente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuyo fin es coordinar mejor la respuesta de la ONU para que sea articulada entre sus distintas oficinas, los aliados en la implementación y los principales países de acogida, y para movilizar los recursos necesarios. La respuesta de la comunidad de donantes, sin embargo, se ha quedado corta.
En este contexto, la capacidad de respuesta del sector público en Colombia para acoger a la población venezolana es cada vez más débil, ante la insuficiencia de los recursos y de las capacidades institucionales. Al mecanismo de coordinación que han dispuesto la ONU y la OIM en el país, conocido como el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), le ha costado trabajar eficientemente con el aparato institucional de la asistencia humanitaria en Colombia.
Muchos venezolanos desconocen cuáles son sus derechos y los servicios a su disposición. Quienes sí los conocen suelen tener que enfrentar barreras prácticas para hacerlos valer, como complejos trámites burocráticos o cobros inesperados. Pese a las generosas políticas colombianas, la mayoría de los refugiados y migrantes venezolanos entran al país y permanecen en él en situación de irregularidad, con poca ayuda y corriendo un riesgo mucho mayor. Además, los grupos vulnerables, incluidas las mujeres y niñas, carecen de acceso a servicios especializados, y otros son víctimas de discriminación a medida que aumenta la xenofobia.
“Es probable que estas tendencias empeoren conforme aumente la cantidad de venezolanos que buscan refugio en Colombia y se quedan en el país por periodos prolongados.”
Es probable que estas tendencias empeoren conforme aumente la cantidad de venezolanos que buscan refugio en Colombia y se quedan en el país por periodos prolongados. Lo que está sucediendo en Venezuela y en la región es fuerte indicador de que continuará el sostenido aumento. Entretanto, Colombia sigue lidiando con sus propios problemas internos. Pese a la firma en el 2016 del acuerdo de paz que puso fin formalmente a una guerra civil de decenas de años, en el país siguen operando grupos armados al margen de la ley y cerca de 8 millones de colombianos siguen en situación de desplazamiento interno. La opinión pública se suma cada vez más a la visión de que la implementación de los acuerdos, en cabeza del gobierno, es insuficiente. La frustración ante esta situación y ante otras políticas internas llevó a que estallaran protestas en el territorio en noviembre de 2019, que generaron a su vez un rechazo contra los venezolanos.
Hechos recientes ponen de manifiesto cómo la crisis de desplazamiento interno, cada vez peor, colisiona con las presiones causadas por la afluencia de venezolanos, lo que agrava las consecuencias humanitarias para todos. Los desplazados internos del país se ven cada vez más marginados y desamparados ante los cambios que donantes y prestadores de asistencia humanitaria han hecho a su programación para abordar las necesidades de los venezolanos desplazados. Muchos refugiados y migrantes se asientan en las mismas comunidades donde residen los desplazados internos, lo que pone a ambas poblaciones, tan vulnerables, a competir por los recursos. A esta tendencia la podrían exacerbar los planes de reducir la presencia de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA, por sus siglas en inglés), que se encarga de coordinar la respuesta humanitaria de la ONU a la crisis de desplazamiento interno en Colombia.
Para hacer frente a esta realidad, la respuesta debe, cada vez más, apoyar medidas de mediano y largo plazo que beneficien a ambas poblaciones desplazadas y a las comunidades de acogida. La situación exige soluciones que faciliten la integración social y económica de los venezolanos a las comunidades de acogida, aunque resulta fundamental seguir brindando ayuda humanitaria inmediata a quienes recién atraviesan la frontera. Es fundamental también contar con más ayuda de la comunidad internacional; sin ella, Colombia no podrá mantener las generosas políticas para la población venezolana ni atender las necesidades de sus propios ciudadanos. Dicha ayuda crearía incentivos para que otros países sigan el enfoque de Colombia y promovería una mayor estabilidad dentro de los países y en la región. En definitiva, lo que resulta esencial para que Colombia pueda dar las protecciones y la asistencia que necesitan todas las personas desplazadas dentro de sus fronteras es que la respuesta sea integral y cuente con los recursos adecuados.
Recomendaciones
Acciones que debe adelantar la comunidad internacional:
- Los donantes deben financiar plenamente el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela (RMRP, por sus siglas en inglés) de la ONU, por lo que resta del año 2019 y durante el año 2020.
- Para fomentar que se repartan las responsabilidades, los donantes deben promover la instauración de políticas regionales armonizadas, dar apoyo técnico y financiar iniciativas tales como el Proceso de Quito y la tarjeta de vacunación regional, que mejoran la respuesta regional.
- Los donantes deben aumentar la financiación a esfuerzos que promuevan la integración socioeconómica de los venezolanos en Colombia, lo que debe incluir medidas para fortalecer las capacidades institucionales de los sectores de la salud y la educación y fomentar que los venezolanos tengan más oportunidades para generar ingresos.
- La comunidad internacional debe seguir brindando socorro humanitario a quienes lo necesitan y garantizar protecciones especiales a los más vulnerables, incluidos los caminantes (quienes atraviesan Colombia a pie) y las mujeres y niñas.
- La comunidad internacional debe exigirle cuentas al Gobierno de Colombia para que aborde su conflicto interno y la crisis de desplazamiento que de este deriva, y debe acompañar la implementación del proceso de paz y la reparación a las víctimas del conflicto armado.
Acciones que deben adelantar los organismos multilaterales:
- La ONU debe reversar su decisión de reducir la capacidad de OCHA en Colombia, pues el rol de esa oficina en la coordinación de la respuesta humanitaria a las víctimas del conflicto armado es esencial en momentos en que los recursos y la atención dejan de volcarse hacia esa población vulnerable.
- Las instituciones financieras internacionales deben continuar facilitándole al Gobierno colombiano acceso a la financiación. Los proyectos financiados con subvenciones y mecanismos de financiamiento concesional deben promover la inclusión socioeconómica de los venezolanos y los objetivos de desarrollo para las poblaciones desplazadas y las comunidades de acogida.
Acciones que debe adelantar el Gobierno de Colombia:
- Mantener abiertas las fronteras colombianas para la entrada de venezolanos y poner en marcha políticas de acogida ante la afluencia de esa población.
- Abrir un nuevo proceso de registro de venezolanos que sea continuo y cuente con una ruta clara y sencilla hacia la regularización de la situación migratoria y con garantías de protección.
- Facilitar la integración socioeconómica de los venezolanos, que incluye reducir obstáculos burocráticos y económicos que entorpecen el acceso a la salud, la educación y el trabajo y darle incentivos al sector privado para que genere oportunidades que brinden medios de vida.
- Involucrar a la sociedad civil para divulgar mejor la información, de manera que venezolanos y colombianos conozcan plenamente sus derechos y los servicios a su disposición.
- Comprometerse a implementar cabalmente el proceso de paz y reparar a las víctimas del conflicto armado, incluidas las necesidades de los desplazados internos colombianos.
- Invertir en campañas para contrarrestar la xenofobia y garantizar que las iniciativas a favor de los venezolanos desplazados favorezcan también a sus comunidades de acogida.
Sinopsis del trabajo de investigación
Refugees International (RI) viajó a Colombia por primera vez en octubre de 2018 para investigar los efectos de la crisis de desplazamiento venezolano, viaje tras el cual surgió una serie que ha analizado desde entonces las respuestas de Trinidad y Tobago, Curaçao y Ecuador como países de acogida.
En marzo de 2019, con preocupación por las complejas dinámicas en la región y las presiones para el Gobierno de Colombia, cada vez mayores, una misión de seguimiento conformada por un equipo de RI viajó a Colombia de nuevo y estuvo allí una semana examinando el impacto de lo que estaba sucediendo.
En septiembre de 2019, un equipo de RI regresó a Colombia con 12 miembros de la Junta Directiva de la organización. La delegación viajó a Cúcuta, a Bogotá y al municipio de Soacha (aledaño a Bogotá) y se reunió con funcionarios del Gobierno nacional y de los gobiernos locales, con representantes del Gobierno estadounidense, con organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales y nacionales, con organizaciones de la sociedad civil y con venezolanos y colombianos desplazados.
Refugees International se había dedicado anteriormente a informar acerca de la crisis de desplazamiento interno en Colombia. Entre los años 2005 y 2016, produjo destacados análisis y recomendaciones para hacer frente al drama de los colombianos desplazados por la guerra y los retos que seguían enfrentando tras el desplazamiento.
Antecedentes
La crisis política y económica en Venezuela ha producido una emergencia humanitaria en la región. Bajo el régimen autoritario del presidente Nicolás Maduro, persisten el colapso de las instituciones, la hiperinflación, la violencia generalizada y la represión política. Millones de venezolanos han huido, carentes de comida, medicinas y servicios sociales básicos. Algunos temen por sus vidas; todos temen por el futuro de sus hijos. Se han refugiado sobre todo en países vecinos, donde los acogieron calurosamente en un principio, aunque la persistente crisis interna del país está poniendo a prueba los límites de esa bienvenida.
Más de 4,6 millones de personas han abandonado Venezuela, lo que convierte esta en la segunda crisis de desplazamiento más grande del mundo. Con un guarismo de 5.000 venezolanos que abandonan su país a diario, se calcula que la cantidad de venezolanos que viven fuera de su país habría alcanzado los 5 millones en diciembre de 2019 y alcanzará por lo menos los 7 millones a finales de 2020. Solamente Colombia acoge a cerca de 1,5 millones de refugiados y migrantes venezolanos. Cerca del 80 % de quienes arriban al país entran por el departamento de Norte de Santander (NdS), donde el Puente Internacional Simón Bolívar en la ciudad de Cúcuta es el principal cruce oficial. Tal y como lo describió un funcionario de la ONU, «la situación en la frontera pasa de “caótica” a “muy caótica”, pero siempre hay caos».
Las cifras oficiales son apenas un reflejo parcial de este caos, pues no dan cuenta de los venezolanos que no tienen los documentos necesarios para entrar por los cruces oficiales y entran por las trochas (cruces irregulares). Cerca del 72 % de la población venezolana en NdS está en situación migratoria irregular.[1] Un funcionario del Gobierno estadounidense estimó que de hecho hasta 2 millones de venezolanos pueden estar viviendo en Colombia en este momento. Desde donde se mire, Colombia acoge al mayor número de refugiados y migrantes venezolanos –por mucho–, es decir, cerca de la tercera parte.
Amenazas crecientes a la acogida inicial
Pese a estas grandes cantidades, la respuesta de Colombia ha sido impresionante desde el comienzo. En momentos en que los gobiernos del mundo construyen muros –en sentido literal y figurado– para que no entren los extranjeros a sus países, Colombia ha mantenido sus fronteras abiertas. La gente y el Gobierno de Colombia han expresado su solidaridad hacia los venezolanos, haciendo un llamado a la obligación de ser recíprocos por todos los años durante los cuales Venezuela acogió a refugiados colombianos, postura que se manifiesta en las políticas que buscan facilitarles a los venezolanos el acceso a derechos y servicios y que puedan regularizar su situación migratoria. El Gobierno reconoce que se necesitan soluciones a mediano y largo plazo que promuevan la integración y reconoce los beneficios que estas le reportarían a los venezolanos desplazados y a sus comunidades de acogida.
Sin embargo, Colombia, un país que ha generado históricamente refugiados, no estaba preparada para hacer frente a las presiones que crea un crecimiento poblacional de tal tasa y magnitud.
Sin embargo, Colombia, un país que ha generado históricamente refugiados, no estaba preparada para hacer frente a las presiones que crea un crecimiento poblacional de tal tasa y magnitud. Los retos actuales solo se intensificarán conforme aumenten el número y las necesidades de los venezolanos dentro de sus fronteras, lo que resulta inevitable por varias razones. Primero, no se vislumbra el fin de la turbulencia política en Venezuela. Mientras tanto, la situación humanitaria del país se sigue deteriorando y expulsando a sus habitantes, cada vez más desesperados, más pobres, con menos educación, carentes de redes de apoyo social y en peor estado de salud. Llegan más familias, ancianos y personas con discapacidades que no consiguen en Venezuela la atención que necesitan. Este cambio demográfico ha incrementado la demanda a los sistemas en Colombia, mientras que algunos países de acogida vecinos, Ecuador y Perú más recientemente, han impuesto nuevos requisitos de visado que a muchos venezolanos les resulta difícil reunir, lo que redunda en que muchas personas que estaban de paso por Colombia se queden allí bloqueadas.
Además de lo anterior, el Gobierno de Colombia debe atender también a los 8 millones de ciudadanos colombianos desplazados por el conflicto interno. El Gobierno firmó un acuerdo de paz en el 2016 con la guerrilla más grande del conflicto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, la insatisfacción con la implementación del acuerdo, a cargo del gobierno, sigue alimentando la frustración de excombatientes de las FARC y otros sectores de la población colombiana, lo que incluso llevó a manifestaciones masivas en noviembre de 2019. Además, siguen operando otros grupos armados al margen de la ley que no se acogieron al acuerdo y dominan zonas donde hay una ausencia generalizada del Estado, sobre todo zonas de frontera. Así, los venezolanos que llegan a esas zonas son sujeto de hostigamiento, explotación y reclutamiento. Muchos se asientan en las mismas comunidades donde residen los desplazados internos de Colombia, lo que pone a ambas poblaciones a competir por los recursos.
Desde que Refugees International viajó a Colombia por primera vez, en el año 2018, la población venezolana en el país ha aumentado, pasando de cerca de un millón a 1,4 millones de personas. Entretanto, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas –OCHA– registró tan solo en NdS muchas más víctimas del conflicto armado, incluidos desplazados internos[2], de las cuales muchas han sido revictimizadas, incluso varias veces.
Sin ayudas adicionales, el Gobierno no puede implementar plenamente, mantener y extender las generosas políticas que ha sostenido hacia los venezolanos, ni abordar las necesidades de su propia población. Refugees International identificó estos riesgos en su primera misión a Colombia en octubre de 2018. A su regreso en marzo de 2019, el equipo de RI oyó que aún persistían muchas de las falencias identificadas hacía seis meses, pese a que el Gobierno había mantenido un enfoque positivo. Más aún, la situación humanitaria en la frontera colombo venezolana había seguido en franco deterioro. Pese a ello, en términos relativos, las dos crisis siguen careciendo de la atención y la financiación necesarias para una respuesta adecuada.
La respuesta en la región
Los países suramericanos han reconocido la necesidad de entablar una respuesta que sea realmente regional y coordinada al desplazamiento causado por la crisis interna en Venezuela. Así, se instauró el Proceso de Quito en septiembre de 2018 para que los gobiernos pudieran intercambiar información y para promover mejores prácticas en la respuesta a la situación humanitaria.[3] En cada reunión, se ha promovido armonizar políticas que faciliten regularizar la situación migratoria de los venezolanos y su integración, se han hecho compromisos con la garantía de los derechos humanos y se ha apelado a un mayor apoyo internacional para lograrlo.
En la práctica, sin embargo, muchos países no han cumplido lo prometido en Quito. Por ejemplo, aunque algunos han mantenido abiertas sus fronteras en sentido técnico, los nuevos requisitos para entrar les han cerrado las puertas en la práctica a los venezolanos. Un funcionario de la ONU en Cúcuta señaló que el resultado es el efecto tapón y advirtió de la presión que se acumula en Colombia a causa del bloqueo: si la presión se vuelve aplastante y provoca que Colombia imponga sus propias restricciones, los venezolanos se quedarán sin opciones.
Muchos de ellos, sin deseos de quedarse en Colombia o sin poder hacerlo, eligen pasar por conductos irregulares, lo que los deja sin amparo de derechos ni protecciones. Las restricciones alteran por lo tanto las corrientes migratorias, obligan a las personas a ponerse en situaciones de riesgo e incluso separan las familias. Al final, estos resultados ponen de manifiesto que las políticas fronterizas restrictivas tan solo aumentan la vulnerabilidad de los migrantes y redundan en que los Estados tengan efectivamente menos control sobre sus fronteras.
La región ha demostrado, sin embargo, que sí es posible cooperar.
La región ha demostrado, sin embargo, que sí es posible cooperar. En agosto de 2019, diez países acordaron coordinar un esfuerzo para expedirles tarjetas de vacunación regional a los migrantes venezolanos.[4] Previo a esto, la falta de documentos o de un registro compartido redundaba en que se vacunara hasta dos veces o más a los venezolanos que pasaban de un país a otro. Esta iniciativa debe contribuir a mejorar la atención médica que se brinda a esta población y garantizar un mejor uso de los recursos. Un representante sénior de la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló que esperaba que esto sentara un precedente para colaboraciones futuras.
Pese a este ejemplo positivo, la meta de armonizar la política regional es aún esquiva, aunque dicha armonización sea una meta cada vez más esencial. Colombia soporta el impacto más fuerte de esta crisis, por su ubicación geográfica y el temple con el que ha resistido hasta ahora los reflejos restrictivos que han tenido otros países.
La respuesta internacional
La ONU expidió el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela (RMRP) en diciembre de 2018 para recaudar fondos y coordinar una respuesta integral a la crisis de desplazamiento. El primero de su tipo en América Latina, al RMRP lo coordinan conjuntamente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a través de la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V)[5]. La expresión local de R4V en Colombia es el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM).
Funcionarios de la ONU reconocen que la Plataforma tuvo dificultades al comienzo, pero empezó a avanzar a medida que entró en operación plenamente. Ha buscado fortalecer su función de coordinación dentro de los países y promover buenas prácticas entre ellos, lo que incluye esfuerzos para mejorar la colaboración con actores de la sociedad civil, cuyos aportes son críticos, tanto en su calidad de prestadores de servicios como de recolectores de información. La Plataforma presta también apoyo técnico a los gobiernos de los países de acogida y a las iniciativas regionales, incluido el Proceso de Quito, e intercede para conseguir más apoyo de donantes internacionales y actores de desarrollo.
El obstáculo más grande a la implementación de una respuesta eficaz sigue siendo la subfinanciación. Las necesidades de financiación del RMRP para el 2019 alcanzaron los 738 millones de dólares. En noviembre de 2019, se había recibido el 52 % de ese monto. La financiación que necesita el Plan en el 2020 es casi el doble, 1.350 millones de dólares. El Gobierno estadounidense has sido el mayor donante por mucho, pues aportó el 76,3 % de los recursos recibidos en el 2019, comparado con un 5 % aportado por la Unión Europea (UE), monto que resulta insuficiente.
El rol de los actores de desarrollo es importante. En Colombia, el Gobierno reconoce que el impacto social y económico del desplazamiento venezolano será a largo plazo. El aumento en el número de venezolanos asentándose en el país genera demandas nuevas de acceso al mercado laboral, inclusión financiera y otras soluciones económicas. Sin embargo, a los actores les preocupa que no se esté haciendo lo suficiente para responder como se necesita.
En enero de 2019, el Banco Mundial anunció que Colombia calificaba para ser beneficiaria del Mecanismo Global de Financiamiento Concesional (GCFF, por sus siglas en inglés), creado para apoyar proyectos en países de ingreso medio que acogen a grandes poblaciones de refugiados. La primera donación de recursos del GCFF a Colombia se aprobó en mayo de 2019 por 31,5 millones de dólares para mejorar el acceso a empleos y servicios para los venezolanos y las comunidades de acogida. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) creó un fondo de ayuda semejante en mayo de 2014. En octubre de 2019, anunció una alianza con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional(USAID, por sus siglas en inglés) que aportará 13,5 millones de dólares para «conseguir financiación colaborativa y financiar y ampliar la escala de soluciones innovadoras» que apoyen a los venezolanos dentro y fuera del país y también a las comunidades de acogida.
Los venezolanos en Colombia — sus necesidades más apremiantes y las políticas para responder a ellas
Las necesidades de los refugiados y migrantes venezolanos en Colombia van desde ayuda humanitaria de emergencia hasta ayuda para la integración a más largo plazo. A medida que Colombia pasa a ser cada vez más país de destino y no solo país de tránsito, la respuesta debe volcarse más hacia la integración, sin dejar de lado la asistencia de emergencia.
Respuesta a la emergencia
Tras referirse a la carencia de bienes básicos en Venezuela y a sus exorbitantes costos, muchas personas le dijeron a Refugees International que venían a Colombia buscando alimentos y medicamentos. Al entrar a Cúcuta por el Puente Internacional Simón Bolívar, se llega al punto de asistencia y orientación (PAO). Refugees International visitó el PAO, donde ACNUR, OIM, UNICEF y la Cruz Roja Colombiana tienen puestos de atención, al igual que varias organizaciones no gubernamentales (ONG), con la ayuda de Migración Colombia (la autoridad migratoria en el país). En esos puestos de atención (instalados con carpas), las personas reciben vacunas y otros tratamientos médicos, mantas y kits de nutrición e higiene. También les brindan la oportunidad de conocer sus derechos en Colombia, los servicios disponibles, las opciones para continuar el viaje y otras informaciones varias y de remisión.
Un poco más allá de la frontera, se encuentran otros servicios adicionales, junto al barrio La Parada. Un puesto de salud presta servicios prenatales y posnatales, tratamiento de enfermedades crónicas, cuidados de salud dental y orientación psicológica. Hay un comedor comunitario operado por un grupo religioso; se sirven 8.000 raciones al día con la ayuda de voluntarios colombianos y venezolanos que cocinan, sirven y limpian. Un integrante del equipo de RI habló con un venezolano que le dijo que, aunque tenía permiso para trabajar en Colombia, prefería trabajar en el comedor comunitario a cambio de las comidas, pues allí se sentía bienvenido y que estaba haciendo el bien al ayudarles a lo demás. Dijo que podría costarle conseguir empleo fuera del comedor, incluso teniendo los papeles necesarios, pues los empleadores discriminan a los venezolanos. Para mantener a la familia, él y su esposa también preparan comida y la venden en un puesto callejero.
Además de estos servicios de emergencia, los venezolanos en Colombia necesitan también albergue. En climas más cálidos, como el de Cúcuta, pueden dormir a la intemperie, lo que evidencia el problema de la falta de hogar. La ciudad ofrece pocas oportunidades: el desempleo es elevado, la economía informal es dominante, los servicios públicos son insuficientes, y el gobierno local recauda poco. Así, sin deseos de permanecer en Cúcuta, pero sin la posibilidad de pagar un pasaje para continuar el viaje, los venezolanos emprenden el camino a pie hacia ciudades más grandes o hacia otros países. La travesía de Cúcuta a Ecuador, por ejemplo, tarda aproximadamente dos semanas.
Conseguir o tener albergue es especial motivo de preocupación para estos caminantes que recorren a pie peligrosas autopistas atravesando heladas carreteras montañosas.
Conseguir o tener albergue es especial motivo de preocupación para estos caminantes que recorren a pie peligrosas autopistas atravesando heladas carreteras montañosas. La OIM opera tan solo nueve albergues de paso por la ruta, para dar refugio. Quienes no pueden acceder a los albergues quedan expuestos a la inclemencia del clima, los atracos y el conflicto violento. Las mujeres y los jóvenes son especialmente vulnerables a la trata de personas y a ser reclutados por grupos armados.
Según cálculos de la ONU, el 93 % de los caminantes está en situación migratoria irregular.[6] En diciembre de 2018, el Gobierno de Colombia instauró el Permiso de Ingreso y Permanencia de Tránsito Temporal (PIP-TT) para brindarles algún amparo legal a los extranjeros al darles 15 días para transitar por el país y abandonarlo. Sin embargo, trabajadores humanitarios y venezolanos con quienes habló RI dijeron que, en términos relativos, pocos caminantes sabían de la existencia de dicho permiso.
Desafíos para proteger a mujeres y niñas
El desplazamiento afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas. Son vulnerables a la trata durante el tránsito y a su arribo. Los riesgos son particularmente elevados para quienes no consiguen regularizar su situación migratoria, pues, al no poder asegurarse un empleo formal, pueden recurrir al trabajo sexual o al sexo de supervivencia para procurarse un sustento y a sus familias. La violencia sexual y de género es común; las ONG informan que la mayoría de las víctimas son menores de edad. Además, el estrés del desplazamiento puede exacerbar los problemas de violencia intrafamiliar, con las que suelen ser graves consecuencias para los niños y las niñas en el hogar.
Una organización que defiende los derechos de las mujeres le dijo a Refugees International que las víctimas de la violencia sexual y de género que están en Colombia en situación migratoria irregular suelen no denunciar sus casos, por miedo a enfrentar repercusiones legales por su condición. Entretanto, debido a los vacíos sistémicos que ya existían en la ruta de atención en Colombia, quienes sí denuncian suelen no encontrar amparo. A algunas denunciantes incluso se les ha negado asistencia cuando han buscado ayuda, a causa de la discriminación y la estigmatización de las mujeres venezolanas. Trabajadores humanitarios hombres en Cúcuta señalaron que la cultura machista latinoamericana y la incapacidad de los gobiernos locales de reconocer los problemas de género generan obstáculos para abordar esta problemática.
El limitado acceso a métodos anticonceptivos y la elevada incidencia de violencia sexual y de género han producido que muchas venezolanas queden embarazadas, pese a los altos índices de mortalidad materna y de niños menores de un año a raíz de la dificultad para acceder a cuidados prenatales. La falta de cuidados prenatales y posnatales y de cuidados para la salud sexual y reproductiva en general es un problema que comienza en Venezuela y persiste al llegar a Colombia. Una ONG relató la historia de una niña de 15 años que había llegado a Colombia por una trocha que controlaban los grupos armados; la niña buscaba cuidados prenatales. Otro relato contaba que las mujeres caminan durante horas en Colombia tan solo para acceder a servicios de obstetricia y ginecología.
Registro y regularización
El Gobierno colombiano ha reconocido desde el comienzo que las personas desplazadas son las más vulnerables cuando no consiguen regularizar su situación migratoria en el país hacia el que huyen. Se entiende igualmente que dicha regularización aumentaría la capacidad de monitorear las corrientes migratorias en la frontera y dentro del país.
Así, el Gobierno colombiano buscó como primera medida legitimar el constante movimiento en inmediaciones de la frontera. En mayo de 2017, creó la tarjeta de movilidad fronteriza (TMF) para quienes viven en Venezuela cerca de la frontera nororiental con Colombia. La TMF les permite a las personas entrar a Colombia regularmente y permanecer dentro de una zona fronteriza delimitada durante un periodo de hasta siete días seguidos. Estos migrantes «pendulares» pasan la frontera a menudo, incluso diariamente, para acceder a bienes y servicios básicos que no se encuentran en Venezuela, ir a la escuela o visitar a sus parientes, y después regresan a casa. Se registran entre 30.000 y 40.000 de estos movimientos a diario, un mecanismo al que ha recurrido la población en ambos lados de la frontera durante mucho tiempo para enfrentar su situación económica. En septiembre de 2019, el Gobierno había expedido 4,2 millones de TMF.
El Gobierno colombiano instauró también medidas de regularización excepcionales para los venezolanos que buscaran asentarse en Colombia. En julio de 2019, unos 677.000 venezolanos (poco menos de la mitad de los que buscaban asentarse del todo) estaban en Colombia en situación migratoria regular. De ellos, cerca del 88 % tenían un Permiso Especial de Permanencia (PEP). El PEP, que comenzó a expedirse en el 2017, otorga situación migratoria regular por un periodo de hasta dos años y, así, acceso a la salud primaria, educación, empleo y la posibilidad de registrarse en el sistema de seguridad social.[7]
Los PEP se han expedido por rondas durante casi dos años. Al comienzo, solo calificaban para solicitar el PEP los venezolanos que entraran por un punto fronterizo oficial y presentaran su pasaporte vigente. En abril de 2018, el Gobierno abrió un proceso de registro masivo para los venezolanos indocumentados (llamado Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos–RAMV–) para incluir a quienes habían entrado al país irregularmente.[8] Quienes se registraran en el RAMV calificaban para solicitar el PEP. La ronda más reciente, sin embargo, se habilitó otra vez únicamente para quienes hubiesen entrado regularmente antes del 17 de diciembre de 2018; esa ronda cerró en abril de 2019. El Gobierno anunció en mayo de ese mismo año que los titulares del PEP I cuyos permisos estaban por vencer tendrían hasta septiembre de 2019 para renovarlos por una vigencia de dos años más. No se ha anunciado aún si el Gobierno llevará a cabo otro proceso de registro o si expedirá nuevos PEP más adelante.
El Gobierno colombiano ha tomado otras medidas para promover la regularización e integración de los venezolanos, lo que incluye reconocer pasaportes vencidos y reducir o eliminar cargos de tramitación. Lo más reciente es que el Gobierno anunció que reconocería la nacionalidad colombiana a los niños y niñas nacidos en Colombia de padres venezolanos desde agosto de 2015. Puesto que Colombia no otorga la ciudadanía como un derecho de nacimiento y es imposible registrar el nacimiento de venezolanos fuera de su país, la medida resulta esencial para prevenir una crisis de apatridia. Funcionarios calculan que la medida beneficiará a más de 24.000 bebés.
Salud
La atención médica no solo constituye una necesidad inmediata de los venezolanos en zonas fronterizas; la necesitan también más allá de la frontera. Muchos padecen enfermedades crónicas, como cáncer, diabetes, hipertensión o tuberculosis. Desde que comenzó la afluencia, hospitales y prestadores de salud informan de aumentos en la atención brindada por enfermedades de la piel, enfermedades de transmisión sexual, VIH, malaria y desnutrición infantil.[9] Han resurgido incluso casos de sarampión y difteria, enfermedades previamente eliminadas en Colombia.
Además de atención primaria de salud, las personas que han sufrido cambios de vida drásticos a raíz del desplazamiento o que han vivido experiencias traumáticas antes o durante la migración necesitan apoyo psicológico. Por desgracia, la atención de salud mental suele ser ignorada y los pocos recursos que hay disponibles tal vez no prestan esos servicios, o tal vez la gente no los busca.
Todos los individuos en Colombia tienen derecho a la atención médica de emergencia, sin importar su situación migratoria. El Gobierno declaró en el año 2017 que todos los hospitales públicos deben prestarles servicios de urgencias a pacientes venezolanos gratuitamente, y se comprometió a reembolsar los costos de dichos servicios, aunque aún está pendiente la compensación a muchos prestadores, lo que los ha dejado con grandes deudas. Refugees International oyó en el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta que las presiones financieras le están impidiendo prestarles servicios a todos aquellos quienes los necesitan.
Para recibir atención médica que no es de emergencia en Colombia, es necesario comprobar que se tiene seguro médico o pagar directamente. Los costos les resultan impagables a muchos venezolanos que llegan sin medios económicos y a quienes les cuesta trabajo además asegurarse un empleo o acceder a un préstamo.
Educación
Los menores de edad en Colombia tienen derecho, por ley, a la educación básica pública y gratuita hasta 9º grado, sin importar su situación migratoria. En la práctica, las administraciones de las escuelas no conocen esta ley o no reconocen el derecho. Los venezolanos titulares de un PEP suelen acceder más fácilmente a este servicio.
En abril de 2019, vivían en Colombia por lo menos 327.000 niños venezolanos. Sin embargo, únicamente 130.000 estaban matriculados en alguna escuela del país, incluidos los cerca de 3.000 que cruzan la frontera a diario desde Venezuela para asistir a la escuela. El sistema educativo en Colombia ya estaba mal financiado y sobrecargado incluso antes de la afluencia de venezolanos, cuya llegada ha agudizado la falta de espacio y la escasez de maestros y dotación, además de otros recursos, a causa de lo cual las escuelas no pueden recibir alumnos nuevos.
Solo en el departamento de NdS, el 51 % de los 41.600 menores venezolanos en edad escolar no estaban asistiendo a la escuela en agosto de 2019.[10] Algunos padres de familia no los matriculan porque no saben si permanecerán allí o porque los niños ya están atrasados en sus estudios y les cuesta desempeñarse bien académicamente. A otros les resulta impagable lo que cobran algunas escuelas por uniformes y útiles, y otros no consiguen cupo por el exceso de demanda o les queda muy lejos el plantel más cercano. La escuela más cercana para los menores del barrio Las Delicias, un asentamiento en las afueras de Cúcuta donde viven desplazados internos colombianos y desplazados venezolanos, queda a unos 15 o 20 minutos a pie. Aun así, de cuatro niños en una familia venezolana con la que se entrevistó el equipo de RI, ninguno estaba matriculado en la escuela, pues la más cercana no tenía cupos disponibles y la única alternativa está en Cúcuta, demasiado lejos para ir a pie.
Medios de vida
Los venezolanos con quienes se entrevistó Refugees International dijeron que lo que querían ante todo era empleo. Todos se mostraron ansiosos por procurarse un sustento, y muchos habían dejado en Venezuela a familiares que estaban contando con las remesas. Tal y como lo dijo una mujer venezolana en Cúcuta, «un empleo abre las puertas a todo lo demás [que necesitamos]». Sin embargo, pueden trabajar legalmente únicamente los venezolanos con visa, PEP o permiso especial complementario de permanencia (PECP). La creación del PECP en julio de 2019 recién les otorgó este derecho a quienes se les haya denegado la solicitud de asilo. Sin embargo, quienes tienen una solicitud de asilo en trámite aún enfrentan barreras al empleo, y aunque el Gobierno haya levantado hace poco la condición que les prohibía explícitamente trabajar a los solicitantes de asilo, sí exige como requisito que obtengan una visa de trabajo para emplearse. Contrario al PEP o al PECP, la visa tiene un costo que la mayoría de los venezolanos no pueden costear. Así, la situación genera un gran desincentivo a que se busque protección internacional.
Además, las partes le dijeron a Refugees International que la brecha más grande en la respuesta a la crisis era el apoyo para tener medios de vida. La inmensa mayoría de los venezolanos trabajan en el sector informal de la economía, o bien porque no tienen papeles, o bien porque no pueden conseguir un trabajo pese a tenerlos. La situación los hace vulnerables a la explotación. Venezolanos con quienes se entrevistó el equipo de RI dijeron que han recibido menos paga que un colombiano por el mismo trabajo y, a veces, incluso ninguna paga.
Otros no han podido encontrar un trabajo en la profesión que ejercían en Venezuela. Refugees International entrevistó en Cúcuta y Bogotá a venezolanos que se desempeñaban en su país como maestros, trabajadores sociales o ingenieros. En Colombia, sin embargo, no habían podido acreditarse. Tal y como lo dijo una señora en Cúcuta, «es un círculo vicioso: no te puedes emplear si no tiene papeles, pero no puedes pagar los papeles si no consigues trabajo».
Medidas transicionales como las transferencias de efectivo pueden ayudarles a los venezolanos a costear estas necesidades y estabilizar su situación. No obstante, trabajadores humanitarios le dijeron a Refugees International que el Gobierno se resistía a las intervenciones basadas en transferencias de efectivo por miedo a que los beneficiarios pasaran a depender de la ayuda. Esa suposición contradice el sentimiento que los venezolanos le expresaron al equipo de RI. En el entretanto, hay una enorme carencia de recursos para los programas que promueven medios de vida sostenibles. Con la ayuda del Gobierno estadounidense, un consorcio de organizaciones no gubernamentales está trabajando para promover programas de transferencias de efectivo y hacer incidencia para que los medios de vida ocupen uno de los primeros lugares en la agenda del Gobierno.
En una estrategia de bienvenida, el Ministerio del Trabajo anunció en mayo de 2019 un plan para comenzar a expedir permisos especiales temporales de trabajo a venezolanos indocumentados. Quienes tuvieran una oferta laboral por escrito de un empleador calificarían para solicitar un Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización –PEPFF[11]– y, así, podrían asegurarse un empleo formal con garantías de un salario mínimo y acceso a beneficios de salud y pensión. Lamentablemente, llegado diciembre de 2019, el Gobierno no había sancionado aún el proyecto de ley para comenzar a expedir dichos permisos.
Las políticas frente a la práctica — otras limitaciones y desafíos en su aplicación
Pese las políticas y el discurso positivos del Gobierno, la realidad para la mayoría de los venezolanos se queda corta con respecto a las promesas. Ante todo, Colombia carece de recursos para mantener a los millones de venezolanos que están de paso por el país o viven en él. Aunque Colombia ha sido el principal beneficiario de la ayuda internacional designada para responder a esta crisis (en noviembre de 2019, Colombia había recibido cerca del 47 % de los recursos que se habían destinado hasta entonces), los recursos no han colmado la brecha. Colombia necesita la mayor financiación de la región, que sumó aproximadamente 315 millones de dólares en el 2019, monto del que se había recaudado apenas el 57 % a la fecha de este informe. La ONU ha calculado que la respuesta en Colombia en el año 2020 necesitará 739,2 millones de dólares. A esto se suman muchos otros factores que no permiten que los venezolanos puedan acceder plenamente a los servicios y derechos que merecen.
Los gobiernos locales siguen enfrentando dificultades
Gobiernos locales advierten de la falta de sintonía entre las directrices del Gobierno nacional y la capacidad de los gobiernos locales para aplicarlas. Los presupuestos fijados para lo nacional suelen no representar adecuadamente la escala de las necesidades en lo local. Un funcionario del gobierno local del departamento de NdS le dijo a Refugees International que las inversiones adicionales recibidas desde el comienzo de la crisis, además de ser insuficientes, no aliviaban las necesidades más apremiantes. Estaban dirigidas a brindar socorro humanitario y no a crear oportunidades productivas, apoyar la integración y brindar servicios educativos y acompañamiento psicosocial. Resulta esencial promover el desarrollo a más largo plazo en una región que ya ostentaba el índice de desempleo más alto del país, donde las instituciones públicas no dan abasto para suplir la demanda y que está lidiando con el desplazamiento interno de colombianos y venezolanos.
El funcionario hizo énfasis en la necesidad de una mejor coordinación para distribuir eficientemente los limitados recursos y de una mejor recolección de datos para informar acerca del esfuerzo. De lo contrario, advirtió, «esfuerzos aislados arrojarán resultados aislados». Instó también al Ministerio de Relaciones Exteriores a fortalecer las consultas con actores locales, pues son quienes mejor conocen la situación. Un trabajador humanitario en Bogotá recalcó ese mensaje al destacar que «el problema [de responder a los venezolanos desplazados] está presente en todo el territorio nacional, pero sus manifestaciones varían de un contexto a otro».
Falta de información
Otra limitación a la efectividad de la que sería una política bien concebida son las brechas en la divulgación y diseminación de la información. E el proceso de registro masivo –RAMV– en 2018 es un ejemplo diciente. Aunque se registraron 442.000 venezolanos indocumentados, muchos otros cientos de miles no lo hicieron, tal vez por no estar al tanto del proceso, por no haber entendido la importancia de registrarse, o por temor a enfrentar repercusiones legales tras presentarse al registro. Una vez iniciado el RAMV, el Gobierno decidió que los inscritos calificarían para recibir un PEP, lo que les daría acceso a servicios adicionales. Muchos de ellos no eran conscientes sin embargo de que habría pasos adicionales para obtener efectivamente el permiso. Tan solo 281.612 de los inscritos en el RAMV solicitaron el PEP, incluso tras haberse prorrogado la fecha límite para solicitar el permiso.
Trabajadores humanitarios agregaron que la información insuficiente que se brinda a la población colombiana también genera obstáculos. Algunos empleadores colombianos, profesionales de la salud y educadores rechazan a los venezolanos porque no están al tanto de la existencia de documentos válidos como el PEP y desconocen qué derechos tienen los venezolanos.
La información para solicitar asilo también es insuficiente. Trabajadores humanitarios en el Puente Simón Bolívar en Cúcuta señalaron que pocos venezolanos solicitan asilo, pues no conocen o entienden el concepto. Otros piensan, erróneamente, que solicitar asilo los prohibirá regresar a Venezuela. Que la información fuera más completa les permitiría a más venezolanos beneficiarse de la protección internacional.
En definitiva, garantizar el derecho a la información pasa no únicamente por brindar información clara y completa, sino por usar los canales más efectivos para divulgarla. Aunque la responsabilidad recae sobre las entidades públicas, puede ser que muchos venezolanos no conozcan esas entidades o que teman acudir a pedir ayuda de las autoridades. Es fundamental apoyarse plenamente en las organizaciones de la sociedad civil –sobre todo las ONG con presencia nacional y los grupos religiosos cercanos a las comunidades– para garantizar que la información le llegue a su audiencia de destino.
Tensiones sociales y discriminación
Aunque las comunidades colombianas han acogido en gran medida a los venezolanos, la discriminación no deja de ser un problema. Los padres informan que los rechazan en las escuelas cuando intentan matricular a sus hijos, y los niños venezolanos que sí logran asistir a la escuela sufren bullying. La mayoría de los venezolanos con quienes se entrevistó Refugees International contaron que les cuesta trabajo recibir atención adecuada de los prestadores de servicios de salud, que quienes podrían darles empleo se los han negado y que les ha costado que les arrienden un lugar donde vivir. Al preguntarles por qué el rechazo, la respuesta era sencilla: «por mi acento».
Conforme siguen llegando los venezolanos, comienzan a aumentar las tensiones con las comunidades de acogida. En los asentamientos informales a las afueras de Cúcuta, desplazados internos colombianos acogen a venezolanos en hogares solidarios. Refugees International se entrevistó con una colombiana que explicaba que quería ayudarles a quienes lo necesitaban, tras haber vivido ella personalmente las dificultades del desplazamiento interno. «Tuvimos que empezar de cero, de manera que sabemos lo duro que puede ser», explicó. «En mi comunidad, nos criaron para ayudar a los menos favorecidos, sin importar de dónde vengan», puntualizó. No obstante, tanto la mujer colombiana como los venezolanos hospedados con ella reconocieron que se estaba dando un cambio en la ciudad; una venezolana que vivía allí señaló que se habían tornado más palpables las tensiones con la comunidad local y que la situación de seguridad estaba empeorando.
Preocupados con la situación, los gobiernos locales y el Gobierno nacional han lanzado campañas y han comunicado mensajes contundentes para contrarrestar la xenofobia. Un grupo local en Cúcuta intenta unir a venezolanos y colombianos y empoderar a ambas poblaciones desplazadas a través del arte y la música. Sin embargo, persiste el riesgo de que Colombia reverse la recepción positiva que les ha dado a los venezolanos si las presiones, cada vez mayores, exacerban la xenofobia.
Ese riesgo se hizo más palpable en noviembre de 2019, cuando se desataron paros y protestas masivas que sacudieron a Colombia, a una escala que no se había visto en decenas de años. Los manifestantes sentaron su voz de protesta con una serie de reclamos. Además de la inconformidad ante la incapacidad del Gobierno de implementar el acuerdo de paz, expresaron su descontento con la propuesta de una reforma pensional y con el aumento de los ataques a líderes sociales y candidatos políticos. Las protestas desencadenaron un rechazo inmediato contra los venezolanos, acusados por incidentes de saqueo y vandalismo. La situación preocupó lo suficiente a la Misión de la ONU en Colombia como para emitir un comunicado condenando el pronunciado aumento de la xenofobia. Pese a ello, el hecho de que el Gobierno expulsara del país a 59 ciudadanos venezolanos acusados de participar en los disturbios atizó el miedo y los señalamientos. Los hechos aún estaban en desarrollo al momento de publicarse este informe, pero son mal augurio para los venezolanos que buscan refugio en Colombia.
Colisión de crisis — el desplazamiento venezolano frente al desplazamiento interno en Colombia
La situación de los venezolanos en Colombia se complica aún más por el hecho de que estén llegando al país en medio de un conflicto y una crisis de desplazamiento internos en curso, cuyas dinámicas son distintas de pero relevantes a las que llevaron a las protestas a finales de 2019. Pese al acuerdo de paz en 2016, la violencia ha continuado, vulnerando a la población civil y produciendo su desplazamiento en las mismas regiones donde llegan los venezolanos. A su vez, la afluencia de venezolanos –cuya situación los hace susceptibles de explotación y reclutamiento–, agudiza el conflicto interno, pues alimenta las actividades ilícitas de los grupos armados. Ambas crisis están enfrentadas, desdibujan los límites entre las poblaciones en riesgo y agravan las consecuencias humanitarias para todos.
Los actores humanitarios advierten que las necesidades de los desplazados internos colombianos han pasado desatendidas. En 2016, mientras los donantes concluían que podían, a la luz del acuerdo de paz, reducir sus aportes para la ayuda humanitaria, la cantidad de víctimas del conflicto armado de hecho aumentaba. Los recursos para la respuesta a las víctimas de desplazamiento interno disminuyeron rápidamente, de 5,3 millones de dólares en 2016 a 2,2 millones de dólares en 2018[12], mientras que la cantidad de víctimas del conflicto armado aumentaba rápidamente, de un punto bajo de 30.000 en la segunda mitad de 2016 a más de 165.000 en 2018. La crisis venezolana ha agudizado esta tendencia. En cuanto a los recursos destinados inicialmente al tratamiento de la crisis interna, el Gobierno y los donantes los han venido desviando, incluso a medida que los propios venezolanos se han ido convirtiendo en víctimas del conflicto interno.
Los críticos que sostienen que el Gobierno no ha implementado plenamente el acuerdo de paz cuestionan también su compromiso y capacidad para implementarlo. El hecho de que el asunto haya estado entre los principales motivos de protesta en noviembre de 2019 demuestra que el sentimiento es generalizado. Concentró la atención internacional aún más sobre la situación, atención que se captó por primera vez en agosto de 2019 cuando un ex líder del extinto grupo guerrillero FARC hizo un llamado a retomar las armas en represalia por la falta de cumplimiento del Gobierno con el acuerdo de paz. El Gobierno del presidente Duque desestimó las amenazas como proferidas por un pequeño grupo de antiguos miembros de las FARC y se comprometió a seguir implementando el acuerdo de paz. Según lo que expresaron, ni los actores locales ni los representantes de la ONU y del Gobierno estadounidense esperan que los hechos cambien drásticamente el curso de la respuesta del Gobierno colombiano. No dejaron de resaltar, sin embargo, la fragilidad del proceso de paz y su incapacidad para suscitar estabilidad en el territorio colombiano.
Actuación de las organizaciones internacionales
La decisión de la ONU en 2016 de reducir la presencia de OCHA en Colombia ha complicado más la situación. Durante mucho tiempo, la oficina había sido el interlocutor de confianza encargado de coordinar los esfuerzos de socorro, especialmente para los desplazados internos, y lideraba el sistema humanitario ONU en el país. A los actores humanitarios con quienes se entrevistó Refugees International les preocupa que la ausencia de OCHA pueda agravar la desatención a los desplazados internos.
Lamentaron también que el mandato del GIFMM se limite a coordinar la respuesta a los venezolanos desplazados sin abordar las necesidades de los colombianos víctimas del conflicto. Esto redunda en que los esfuerzos del GIFMM funcionan en paralelo a la arquitectura humanitaria existente, en vez de complementarla, lo que duplica esfuerzos y lleva a ineficiencias. Trabajadores de ONG lamentaron el tiempo malgastado en traslados a reuniones separadas con las mismas organizaciones para hablar de esfuerzos parecidos entre sí. No obstante, los trabajadores humanitarios se han resignado a participar bajo la estructura como se ha establecido. «Así se han planteado las reglas de este juego, y yo las sigo», suspiró una trabajadora de una ONG. ACNUR y OIM lo reconocen y han intentado abordar los desafíos de la coordinación.
Refugees International acogió con beneplácito la noticia en abril de 2019 de que, en línea con sus recomendaciones, OCHA había decidido extender su presencia en Colombia, decisión que mantendrá la atención en la crisis humanitaria interna del país. Sin embargo, se recortó a dos la cantidad de oficinas extrasede, de 12 que había en el año 2015, y el presupuesto total de OCHA también sufrió grandes recortes. Así, OCHA no cuenta con los recursos necesarios para llegar a todas las zonas afectadas del país y desarrollar su importante labor. Como lo señaló un auxiliar de OCHA, que el Gobierno se resista a reconocer la crisis interna dificulta el entorno en el que tiene que operar esa oficina.
En última instancia, sin una respuesta racionalizada y coordinada que tenga en cuenta las interacciones entre ambas crisis y que cuente con los recursos para su puesta en marcha, permanecerá fuera del alcance una respuesta integral y sostenible al problema dual de desplazamiento en Colombia. Como lo dijo un representante de la ONU, «el Gobierno está abordando relativamente bien la crisis migratoria, pero esta no da cuenta por sí sola del panorama completo».
Conclusión
Haciendo una reflexión acerca de la compleja interacción entre las crisis en Colombia, un representante de la ONU advirtió que «Colombia es una bomba a punto de estallar». Por su lado, un funcionario del Gobierno estadounidense asemejó la situación a una olla de agua hirviendo a punto de desbordarse. Simultáneamente, todos los actores reconocen que se necesita una mezcla singular de capacidades y voluntad política para poner en marcha una respuesta efectiva y con humanidad al desplazamiento venezolano.
Lamentablemente, la crisis de desplazamiento venezolano sigue careciendo de la atención y la financiación necesarias para abordarla, y algunos de sus aspectos permanecen incomprendidos. La comunidad internacional ha de recompensar a los países como Colombia que están intentando hacer lo correcto, y debe igualmente responsabilizar al Gobierno colombiano de hacerse cargo de sus propias cuestiones humanitarias y de desplazamiento interno. La asistencia que se brinde a una población no puede brindarse en detrimento de la otra población; de lo contrario, el riesgo que se cierne sobre el ya amenazado acuerdo de paz pone en riesgo el que venezolanos y colombianos puedan continuar buscando vidas dignas y seguras, además de poner en riesgo la estabilidad de toda la región.
El Gobierno y la comunidad internacional deben trabajar de la mano y con la sociedad civil para desarrollar una respuesta integral que tenga en cuenta las interacciones entre ambas crisis. Es necesario racionalizar mecanismos nuevos y existentes para aprovechar la robusta infraestructura con la que ya cuenta Colombia. Además, se deben instaurar medidas que promuevan la integración y el desarrollo a más largo plazo, mientras se siguen atendiendo las necesidades humanitarias urgentes. En último término, Colombia necesita apoyo para mantener y ampliar su respuesta y para brindar la protección y asistencia que necesitan todas las personas desplazadas dentro de sus fronteras.
En años recientes, cada vez más personas se han visto forzadas a huir de Venezuela a causa del caos político, la debacle económica y las flagrantes violaciones a los derechos humanos. Llegado noviembre de 2019, más de 4,6 millones de venezolanos habían buscado refugio fuera de su país. Se trata de la segunda mayor crisis de desplazamiento en el mundo y la más grande en la historia de América Latina.
Agradecimientos
Refugees International agradece a los miembros de la Junta Directiva que participaron en la misión que visitó Colombia en septiembre de 2019 y a Alanna Fox, Hardin Lang y Daphne Panayotatos, funcionarias de la organización, por sus aportes a este informe.
Notas finales
[1] Presentación a Refugees International a cargo del personal ONU del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) Norte de Santander, Contexto refugiados y migrantes, septiembre de 2019, diapositiva No 2.
[2] Presentación a Refugees International a cargo del Equipo Local de Coordinación (ELC) en Norte de Santander de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), Contexto Humanitario-Norte de Santander, septiembre de 2019, diapositiva No 5.
[3] Al Proceso de Quito se lo conoce formalmente como la Reunión Técnica Internacional sobre Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos.
[4] El consenso fue unánime entre Argentina, Canadá, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Haití, Panamá, Paraguay, Perú y Estados Unidos.
[5] Cuando se lanzó, esta Plataforma regional incluía 95 organizaciones con presencia en 16 países y enfoque en cuatro áreas temáticas: asistencia directa de emergencia, protección, integración socioeconómica y cultural y fortalecimiento de las capacidades en los países receptores.
[6] Presentación del GIFMM.
[7] El PEP se instauró en el 2017 para responder a la afluencia de venezolanos desplazados. Tiene una vigencia de 90 días a la vez, prorrogables automáticamente hasta completar dos años. Lo expide Migración Colombia sin costo alguno. El PEP no es un visado ni un documento válido y no sustituye el pasaporte.
Los PEP se han expedido en cuatro rondas en el transcurso de casi dos años: 3 de agosto a 31 de octubre de 2017 (68 875 PEP expedidos); 6 de febrero a 7 de junio de 2018 (112 617 PEP expedidos); abril a junio de 2018 (281 608 PEP expedidos de los 442 462 registrados en el RAMV que calificaban); y 27 de diciembre de 2018 a 27 de abril de 2019. El 30 de junio de 2019, el 88 % de los 676 093 venezolanos en situación migratoria regular tenían un PEP; el 12 % restante tenía un visado u otro permiso.
[8] El Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos –RAMV– fue una iniciativa de registro de venezolanos indocumentados que se llevó a cabo entre abril y junio de 2018. Se registraron 442 000 venezolanos indocumentados, lo que los habilitó para recibir el PEP. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (entidad colombiana) estuvo a cargo del proceso, con ayuda de la OIM y ACNUR.
[9] Información recibida durante la visita de Refugees International al Hospital Universitario Erasmo Meoz en Cúcuta (Colombia), septiembre de 2019.
[10] Presentación del GIFMM, diapositiva No14.
Daniela Pastori, «En junio comienza el Permiso Especial Temporal de Trabajo», El Heraldo, 29 de mayo de 2019, https://www.elheraldo.co/economia/en-junio-comienza-el-permiso-especial-temporal-de-trabajo-636768.
[11] Se propuso originalmente como el Permiso Especial de Trabajo –PETT–, pero una propuesta nueva en noviembre de 2019, ratificada a finales del año, propuso el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización –PEPFF–.
[12] ELC, Presentación al equipo de RI, diapositiva No 10.