Los Efectos Humanitarios de la Pandemia de COVID-19 para las personas venezolanas en Perú. Un año después

Introducción

Mas de 5 millones de personas venezolanas han tomado la difícil decisión de abandonar sus hogares debido a la grave crisis humanitaria en Venezuela. Muchas de las más de 1 millón de personas venezolanas que viven hoy en Perú hicieron viajes en condiciones extremadamente difíciles y enfrentaron barreras de entrada para encontrar refugio en un nuevo país. La mayoría de estas personas tenía grandes anhelos para su nueva vida en Perú. Sin embargo, para muchos estos sueños se han visto frustrados debido a la pandemia y las medidas de confinamiento. Perú ordenó por primera vez el confinamiento el 15 de marzo de 2020, y a pesar de las estrictas medidas de salud implementadas durante el último año para contener el virus la pandemia continúa. Este informe documenta la experiencia de las personas venezolanas que viven en Perú un año después de la pandemia del COVID-19.

Si bien el gobierno peruano, tanto a nivel federal como local, ha logrado avances en el acceso a la educación y oportunidades de trabajo temporal, aun falta apoyo humanitario para las personas venezolanas durante la pandemia del COVID. El gobierno peruano brinda poca asistencia humanitaria a las comunidades venezolanas, responsabilidad que ha sido delegada a las organizaciones internacionales, en particular al sistema de Naciones Unidas. Ha habido algunos éxitos notables en las nuevas opciones de regularización migratoria en el país y el apoyo de los gobiernos locales. A pesar de estos éxitos, recientemente el gobierno peruano decidió militarizar la frontera norte de Perú para controlar la migración, lo que puede obligar a las personas venezolanas a ingresar a Perú de manera irregular, y llevarlos a la precariedad.

Para apoyar mejor a las personas venezolanas durante estos tiempos difíciles el gobierno peruano debe tomar medidas más enérgicas para incorporar a las personas venezolanas en la estrategia gubernamental para el alivio del COVID-19. El gobierno también debería considerar otras opciones de regularización, como la tarjeta humanitaria para venezolanos que se encuentran en Perú. Las organizaciones de la sociedad civil deberían ampliar su alcance y trabajar junto con las organizaciones venezolanas, así como recibir mayor apoyo de la comunidad internacional. Finalmente, tanto el gobierno peruano como los donantes internacionales deben garantizar la vacunación de peruanos y venezolanos de forma igualitaria, ya que es esencial para la recuperación de los efectos causados por la pandemia.

Este informe se basa en los testimonios de venezolanos que viven en Lima, donde vive aproximadamente el 85 por ciento de las personas venezolanas que viven en Perú. Se usaron pseudónimos para proteger la identidad de las personas entrevistadas.

Travesía a Perú

Contexto de Venezuela

Venezuela enfrenta una de las crisis económicas y sociales más graves en el mundo. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unida para los Derechos Humanos, entre 2018 y 2019 la crisis en Venezuela se agudizó a medida que la economía seguía contrayéndose, la inflación se disparó y los ingresos públicos disminuyeron a raíz de una drástica reducción en las exportaciones de petróleo. Las personas venezolanas sufren diariamente violaciones de sus derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales.

Inseguridad alimentaria

La inseguridad alimentaria es, a menudo, el detonante para la salida de muchas familias de Venezuela. No importa qué tanto ajusten su presupuesto, no alcanza para garantizar la provisión de alimentos que aseguren que estos sean de calidad y nutritivos. Frecuentemente los adultos limitan la calidad y cantidad de las raciones diarias que consumen e incluso dejan de comer con el único propósito de proveer a los más pequeños de alimentos. Según ECOVI, la inseguridad alimentaria afecta todos los hogares sin importar el ingreso. El 56 por ciento de los hogares reportan haberse quedado sin alimentos en el último mes por falta de dinero o recursos. La escasa posibilidad de acceso a alimentos impacta la nutrición infantil, lo que se refleja en el aumento de casos de desnutrición crónica. Una mujer venezolana describe esta situación en una entrevista con Refugees International y Encuentros SJM:

El motivo fue que tenía dos hijos, y que necesitaba conseguir alimentos, y el gobierno entrega una bolsa de comida mensual pero solamente entrega arroz, pasta y no era suficiente para mantenernos, era muy difícil comerse una pieza de pollo, de repente un huevo. Era muy difícil conseguir comida para los niños. Cuando quedé embarazada… salí del país por miedo, iba a ser más difícil. A pesar de que mi pareja en ese momento tenía trabajo no alcanzaba.

Gabriela, una venezolana en Perú

Salud

El sistema de salud venezolano ha sufrido y continúa sufriendo un grave deterioro. Los hospitales públicos carecen de insumos básicos, la infraestructura se encuentra en mal estado, y el personal médico es escaso dado que han abandonado el país ante la profunda crisis humanitaria. Para el presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy Ceballos, la escasez de medicamentos es uno de los aspectos más críticos, pues sólo 20 por ciento de los medicamentos en Venezuela están disponibles. La falta de medicamentos para distintas enfermedades es uno de los retos diarios que enfrentan las personas venezolanas.

Por la situación de la salud de mi hijo, y porque había días en que nada más comíamos una sola vez, o no comíamos, o nos tocaba caminar mucho porque nosotros vivíamos allá en Venezuela en un pueblo, y como el niño siempre ha tenido problemas con su salud, el Hospital Central nos quedaba muy lejos y ya no había ni transporte, entonces teníamos que irnos caminando de donde vivo al hospital

María, una mujer venezolana en Perú

Oportunidades de trabajo

Finalmente, la falta de oportunidades de trabajo formales se convierte en otro detonante que obliga a las personas venezolanas a desplazarse. En Venezuela, enfrentan despidos masivos, empleos con salarios bajos y dificultades para trasladarse a los centros de trabajo debido a la escasez de gasolina y sus altos costos, y la paralización del transporte público. Las empresas de reposición de vehículos han dejado de operar en el país, dejando en muchos casos como única alternativa el traslado a pie o arriesgarse al uso de medios de transporte improvisados. Esta situación ha obligado a que personas que se encontraban realizando actividades formales encontraran en la informalidad un amortiguador para sobrellevar la crisis económica.

En Venezuela tenía trabajo, pero no alcanzaba. Mi suegra decide irse de Venezuela porque la situación estaba muy fuerte, aunque uno intentara vender dulces. No alcanza, o comíamos o la medicina. No podías tener dinero para ambas cosas, ni siquiera alcanzaba para comer bien una semana. Tenías que escoger uno.

Carlos, un venezolano en Perú 

Riesgos durante el viaje y un destino incierto

Para muchos venezolanos, salir de Venezuela y viajar a Perú es la única esperanza para ellos y sus familias. Muchos de ellos se desplazan hacia países en América Latina y el Caribe, la mayoría hacia Colombia y Perú. De acuerdo con información del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de un millón personas venezolanas han llegado al Perú y más de 496.000 han solicitado la condición de refugiado. Esto hace a Perú el primer país de acogida de personas venezolanas con necesidad de protección internacional y el segundo destino de refugiados y migrantes venezolanos a nivel mundial. Las cifras reflejan la magnitud del flujo migratorio venezolano hacia el territorio peruano.

El Trayecto

Luego de abandonar Venezuela, las personas venezolanas viajan hacia el sur, y cruzan Colombia y Ecuador para llegar a Perú. A lo largo de este recorrido se encuentran en condiciones de vulnerabilidad pues frecuentemente salen de su país con pocos recursos – o ninguno. Se aventuran en un viaje que puede durar entre días y meses. La mayoría de los venezolanos realizan el trayecto por tierra, viajando algunos tramos en autobús, otros a pie. Además, las personas venezolanas a menudo se desplazan por rutas irregulares, generalmente por temor a que se les niegue la entrada a Perú.

Nos agarró la noche caminando y vimos muchas linternas, y era la guerrilla colombiana que como sabe la situación de Venezuela están por ahí violando mujeres, o se las llevan para que les sirvan como sirvientas, y también raptando niños.

Juan, un venezolano en Perú

La falta de refugio es otro problema. El frío es un riesgo pues expone a las personas a contraer enfermedades, especialmente cuando las personas venezolanas pasan horas o días durmiendo en la calle porque no tienen los recursos para encontrar un lugar donde quedarse. En estas condiciones, están expuestos a la inseguridad y la delincuencia callejera. El hambre es otra preocupación, especialmente para los niños. Algunos venezolanos solo comen gracias a la solidaridad de los transeúntes que ven las precarias condiciones en que viajan y les ofrecen ayuda. Por su parte,  los niños y niñas enfrentan a situaciones que ya son difíciles para un adulto. Caminatas largas, viajar en autobús durante horas, estar de pie, esperar la comida, y el cansancio acumulado son solo algunas de las situaciones que enfrentan los niños y niñas a lo largo del trayecto. A continuación, se evidencia algunos relatos que ilustran lo narrado:

La situación de estar en la calle, el hambre, uno pasa por muchas cosas, el frío. El niño agarró una neumonía porque nos tocó dormir en la calle, en una plaza.

María, una mujer venezolana en Perú

Caminando a Pamplona, mi hijo no podía caminar. Lloraba, se cansaba…

Carlos, un venezolano en Perú 

Llegada a la frontera

Idealmente, los desafíos del viaje terminan al llegar a Tumbes en la frontera norte de Perú, por la que entran la mayoría de los venezolanos al país. No obstante, las personas entrevistadas relataron riesgos de protección a su llegada a la frontera como las largas filas en el puesto de control ubicado del lado ecuatoriano de la frontera, tener que esperar durante días en la frontera, y dormir al aire libre. En otros casos, las personas venezolanas son presionadas por las autoridades para ingresar de manera expedita, sellar su pasaporte y continuar su viaje a Lima. Lo anterior, sin recibir información sobre los procedimientos de regularización o sobre el sistema de asilo peruano, por parte de los actores humanitarios que operan en la frontera.

Otros cruzaron rutas irregulares porque no tenían los documentos necesarios para ingresar de manera regular, lo que significa que no se les dio la oportunidad de solicitar asilo. Antes de la pandemia, ya era bastante difícil para las personas venezolanas ingresar a Perú debido a los estrictos requisitos. Ahora que las fronteras están cerradas debido a la pandemia, la entrada es casi imposible, por lo que muchos optan por entrar de forma irregular. Ingresar de esta forma los hace más susceptibles a diversos riesgos como ser víctimas de trata, o sufrir violaciones a sus derechos por parte de extorsionistas, delincuentes y grupos armados. Así lo relataron algunos entrevistados: 

Tuvimos que pagar por “debajo de la mesa” porque nuestro menor no tenía pasaporte, solo nosotros dos [Julia y su pareja], y no nos dejaban cruzar ….

Julia, una mujer venezolana en Perú

No [entramos de manera regular] porque entramos por una trocha, y cuando entramos a Perú esa semana había comenzado la pandemia. No permitieron la entrada y no podíamos quedarnos en Ecuador y no queríamos volver a Venezuela…

—Gabriela, una mujer venezolana en Perú 

Sin embargo, otros informaron haber recibido información sobre el sistema de albergues y recibido apoyo para que los niños se vacunaran. 

Sí, nos dieron información de mi hermano porque mi hijo y yo teníamos pasaportes y él no, así que en la frontera le explicaron lo que teníamos que hacer. Me ofrecieron información para mi hijo por su situación de salud. Estaba desnutrido.

—Margarita, venezolana en Peru 

Antes del COVID: la experiencia de los venezolanos en Perú

Antes de la pandemia, las personas venezolanas enfrentaban muchos desafíos para su integración en Perú, aunque hubo avances importantes gracias a las opciones de regularización y el apoyo del gobierno peruano y organizaciones de la sociedad civil. Antes de 2018, las personas venezolanas podían obtener lo que se conocía como el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), un permiso de trabajo temporal que les permitía encontrar trabajos formales, vivir sin temor a la devolución y acceder a servicios básicos. Sin embargo, en 2018, el gobierno dejó de emitir nuevos PTP y en 2019, introdujo requisitos de visa para las personas venezolanas que buscan ingresar a Perú.

Aunque Perú es el país con el mayor número de casos de asilo en la región, las tasas de resolución de los procedimientos y, especialmente, de aquellos resueltos de forma positiva, son extremadamente bajas. A pesar de haber adoptado la Declaración de Cartagena, Perú no la aplica a los solicitantes de asilo venezolanos. Existe un atraso significativo en las solicitudes de asilo; expertos en la migración lo han descrito como una “política de espera”, donde las personas venezolanas se ven obligadas a esperar a veces años para obtener una resolución. Durante este tiempo, los documentos que se les entregan no son reconocidos muchas veces como válidos por los empleadores, el personal de salud y el sistema educativo.

El acceso a los servicios públicos también ha sido un gran desafío para muchas personas venezolanas, especialmente aquellas en situación irregular. Antes de la pandemia, uno de cada dos migrantes venezolanos en Perú tenía alguna enfermedad, recaída de una enfermedad crónica, accidente u otro problema de salud mental como depresión, miedo, ira, ansiedad y estrés, pero no había visitado un centro de salud. De hecho, la mitad de la población venezolana en Perú mayor de 18 años no usaba los servicios de salud peruanos.

Aunque antes de la pandemia la mayoría de las niñas y niños venezolanos asistían a la escuela en Perú, había muchos que no lo hacían. Un monitoreo de protección realizado en enero y febrero de 2020 reveló que el 28 por ciento de los niños y adolescentes que formaron parte del estudio no asistían a la escuela, en gran parte porque no había lugares suficientes en las escuelas para que se inscribieran, o bien, por no contar con los recursos económicos para pagarla. Para combatir las brechas en el acceso a la educación, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) lanzó la campaña “Lima aprende: ni un niño sin estudiar” para que los niños y adolescentes que no se inscribieron para el año escolar 2019 aún pudieran asistir escuelas en Lima. Esta estrategia logró ajustar el calendario escolar para que las clases fueran de junio de 2019 a febrero de 2020, facilitando a las familias venezolanas la inscripción de sus hijos en la escuela.

La pandemia

Los desafíos humanitarios de la pandemia 

Con 1.158, 337 casos y 41.538 muertes al 4 de febrero de 2021, Perú ha sufrido mucho debido a la pandemia. Los efectos secundarios de la pandemia, como el colapso de la economía y el aumento de necesidades básicas, pueden ser aún más devastadores para Perú, especialmente para los migrantes y refugiados venezolanos que viven en el país.

La pandemia y las medidas de cierre implementadas por el gobierno peruano afectaron masivamente la estabilidad e integración de los venezolanos en Perú. La pandemia también evidenció las desventajas que enfrentan los venezolanos en el país, en particular los que se encuentran en situación irregular. De hecho, gran parte del progreso reciente antes descrito se vio afectado a medida que los venezolanos comenzaron a luchar para satisfacer incluso sus necesidades humanitarias básicas. Esto se reflejó en una evaluación de necesidades en diciembre de 2020 realizada por el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM), un mecanismo liderado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En enero de 2021, aproximadamente 721,500 venezolanos y miembros de la comunidad de acogida necesitaban refugio; 579,500 carecían de servicios adecuados de agua y saneamiento; 965,500 enfrentaban inseguridad alimentaria; 857,500 necesitaban atención médica; 414,000 necesitaban acceso a educación; y 809,500 necesitaban protección. Muchos huyeron de Venezuela debido a la incapacidad para trabajar, la seguridad alimentaria y la falta de atención médica. Hoy, los venezolanos enfrentan nuevamente estos desafíos en Perú.

Los casos de COVID se han mantenido altos en Perú desde la primavera de 2020. A pesar de las estrictas medidas de confinamiento implementadas por el expresidente Martín Vizcarra, los casos alcanzaron un máximo histórico en agosto de 2020. Perú también tuvo una de las cifras más altas de muertes por COVID en la región durante este tiempo. Luego de una disminución a finales de 2020, los casos comenzaron a aumentar nuevamente. El 26 de enero de 2021, el presidente Sagasti anunció un confinamiento total de la capital y otras nueve regiones del país luego de un aumento significativo de los casos de contagio, que dijo que había llevado a los hospitales al borde del colapso. Aunque Perú ha asegurado 48 millones de dosis de la vacuna COVID-19 al 2 de marzo, todavía queda un largo camino por recorrer. Mientras tanto, el gobierno peruano continuará con las medidas de confinamiento. A continuación, se muestran algunos de los principales efectos causados por la pandemia y las medidas de confinamiento en las personas venezolanas.

Barreras en el acceso a servicios de salud

La salud es fundamental para el bienestar de las personas venezolanas en Perú, y especialmente durante la pandemia. Perú garantiza atención médica de emergencia a todas las personas venezolanas y, aquellas que cuentan con un Carné de extranjería, un tipo de tarjeta de residencia, pueden usar una opción de servicios de salud público conocido como Servicio Integral de Salud (SIS). El SIS también brinda atención médica pública gratuita a las mujeres embarazadas y hasta 42 días después del parto, y los niños y niñas menores de cinco años pueden recibir atención médica pública gratuita siempre que los padres presenten un documento de identidad.

Sin embargo, tanto los venezolanos con estatus regular como irregular enfrentan dificultades para acceder a la atención médica. El GTRM estima que menos del 10 por ciento de los refugiados y migrantes de Venezuela tiene acceso al SIS. Si bien el SIS es universal para todos los peruanos, los venezolanos tienen dificultades para acceder al SIS porque el carné de extranjería se considera el único documento válido para que los venezolanos puedan utilizar el sistema. Por ejemplo, los venezolanos que han solicitado asilo no tienen acceso a este documento, sino que reciben otro tipo de identificación que indica que son solicitantes de la condición de refugiado. Según un estudio realizado por Encuentros SJM, el 17 por ciento de los venezolanos enfrenta condiciones médicas críticas o crónicas. Tanto los peruanos como los venezolanos enfrentan barreras en el acceso a la atención médica integral bajo el SIS, pero aquellos que se encuentran de manera irregular se encuentran en una situación aun más desventajosa por tener un estatus irregular o, para quienes esperan que se resuelvan sus casos de asilo, que sus documentos sean reconocidos. Otros simplemente están agobiados por el costo de los servicios de salud.

Estas barreras se han endurecido por la pandemia y requieren atención urgente.

Nos quedamos sin nada, sin saber qué hacer, y nos pusimos a vender caramelos, y así pudios comprar comida. Y cuando mi esposa dio a luz no me la querían atender, y esa situación me pegó mucho. No pensé que iba a ser 500 soles que costaba la cesárea. Y no teníamos. Otros tienen dificultades para obtener atención médica para niños debido al COVID. 

—Juan, un hombre venezolano de 34 años en Perú

En general, la atención médica para la atención de enfermos con COVID en Perú es de difícil acceso para ambos, peruanos y venezolanos debido a la falta de infraestructura para brindar atención médica en el país. Perú solo tiene 1.656 camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en todo el país, a pesar de tener una población de más de 32 millones de habitantes. Aunque los casos son más bajos que en agosto de 2020, las hospitalizaciones son más altas, probablemente porque las personas no se hacen las pruebas de manera oportuna o esperan demasiado para recibir tratamiento. Sin embargo, las personas venezolanas enfrentan barreras particulares para obtener atención médica relacionada con COVID.

Las personas venezolanas que trabajan en el sector informal o que viven en espacios donde viven muchas personas, pueden tener más dificultades para protegerse contra el COVID-19. Una encuesta de Equilibrium CenDe de junio de 2020 encontró que, casi la mitad de las personas venezolanas encuestadas compartían una habitación con tres o más personas, lo que muestra una alta tasa de hacinamiento. Sin embargo, especialmente para las personas venezolanas en situación irregular, es difícil hacerse las pruebas de COVID o pueden tener miedo de realizarse la prueba por temor a ser devueltas a Venezuela. Según un estudio realizado por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), las personas venezolanas informaron que cuando intentaron comunicarse con el Ministerio de Salud para recibir una prueba de COVID-19, se les negó porque no tenían Documento Nacional de Identidad, conocido como DNI o documento de residencia. 

Efectos secundarios de la pandemia

Los efectos secundarios de la pandemia, es decir, aquellos que no están directamente relacionados con el virus sino más bien con las medidas para contener el virus, como los cierres y el confinamiento, han tenido un alcance aún mayor que el virus. Gran parte de los desafíos humanitarios que enfrentan las personas venezolanas en el país están relacionados con la pérdida de medios de subsitencia debido a las medidas de confinamiento. De acuerdo con Refugees International y el Centro para el Desarrollo Global, el 93,5 por ciento de las personas venezolanas en edad laboral en Perú tenían trabajo antes de la pandemia, pero la mayoría de ellos eran trabajadores asalariados informales o autónomos (64,8 y 19,2 por ciento, respectivamente). Las medidas de confinamiento resultaron en una enorme pérdida de empleos, especialmente para las personas venezolanas que trabajan en los sectores más afectados.

La pérdida de trabajo ha tenido importantes impactos humanitarios y de protección. En entrevistas realizadas con personas venezolanas en Perú, Refugees International y Encuentros SJM encontraron que las personas venezolanas recurrían a la venta de productos en las calles durante largas horas por la mañana y por la noche para hacer frente a la pérdida de empleo. Muchos han tenido problemas para pagar la comida o el alquiler.

Tres o cuatro meses no pude salir a trabajar y la deuda aumentó. Estaba desesperado, el segundo mes de cuarentena comencé a vender en la calle. Decidí hacerlo para poder comprar comida. Después de un mes adentro no teníamos nada, tuve que salir a la calle a traer comida.

—Carlos, un solicitante de asilo de 25 años que vive en Perú

Trabajar en la calle expone a las personas venezolanas no solo al COVID, sino también a otras formas de riesgo, como ser víctimas de delitos y explotación . Las mujeres venezolanas son más vulnerables a estos riesgos, especialmente cuando la venta se realiza en la calle durante las primeras horas de la mañana o las últimas horas de la noche, donde corren más peligro de sufrir violencia sexual y de género.

La seguridad alimentaria también ha aumentado exponencialmente en Perú, y las personas venezolanas han sufrido, de manera particular, diversos obstáculos para garantizarles a ellos y sus familias sus comidas diarias durante la pandemia. El Programa Mundial de Alimentos calcula que los migrantes y refugiados en América Latina son excepcionalmente vulnerables porque no están incluidos en los programas nacionales de protección en tiempos de crisis, como es el caso de Perú. Según Acción contra el Hambre Perú, el 78 por ciento de las personas venezolanas encuestados (2000 familias) redujeron sus porciones de alimentos y el 58 por ciento disminuyó su número de comidas diarias en la pandemia. El 92 por ciento de las personas venezolanas tuvo que pedir ayuda a sus amigos y familiares con la comida para sobrevivir. La inseguridad alimentaria empeoraba a medida que avanzaba la pandemia. En febrero y marzo de 2020, aproximadamente el 29 por ciento de las personas venezolanas encuestados habían reducido su ingesta de alimentos para hacer frente a la inseguridad alimentaria, pero en octubre y noviembre, este número alcanzó el 60 por ciento. Las entrevistas realizadas por Encuentros SJM y Refugees International reflejan estas estadísticas.

Pero llega un momento en que te ves apurado cuando llega la cena y no tienes alimentos, y hay niños, y pues llegó un momento que mi hermano y yo, hacíamos una sola comida, para poder aguantar la cuarentena.

—Ronald, un venezolano en Perú

Salud mental

Después de meses de medidas de confinamiento y la preocupación general por contagiarse de COVID, muchos venezolanos están sufriendo problemas de salud mental, como ansiedad y depresión. Un estudio realizado por el CIUP encontró que la mitad de las mujeres y aproximadamente el 40 por ciento de los hombres encuestados manifestaron síntomas de trastorno de ansiedad durante la pandemia. En general, uno de cada tres cumplió con la definición clínica de depresión. Estas tasas representan un declive en la salud mental de las personas venezolanas. Un año después de la pandemia, la salud mental sigue siendo un tema de gran preocupación.

[La pandemia me ha afectado] muy fuerte… no solo a mí, sino a todo el mundo, hemos tenido miedo de que nos pase algo a nosotros y a nuestros hijos. Tengo familiares que han muerto de Covid, y siento que nos ha quitado las esperanzas, bueno, las ganas, la motivación de luchar cada día.

—Gabriela, una venezolana de 25 años que llegó a Perú pocos meses antes de la pandemia

Tengo miedo de morirme aquí; estoy sola con mi hijo, pero tenía miedo de morirme y el niño se quedara solo. Mucha ansiedad de comer—había días que me paraba y lloraba porque no podía salir a la calle. Actualmente, me cuesta salir de la casa. No sé si me acostumbré o me da miedo el COVID.

—María, una mujer venezolana de 34 años

Dada la falta de servicios de salud en general, para la mayoría de los peruanos y venezolanos es difícil acceder a algún apoyo de salud mental a través del sistema de salud pública. Las organizaciones no gubernamentales ofrecen cierto apoyo a las personas venezolanas, pero el financiamiento es limitado, al igual que la capacidad de brindar asesoramiento personal debido a las medidas de salud y seguridad. El ACNUR y Encuentros SJM encontraron que, mientras cerca del 90 por ciento de los encuestados sufría problemas de salud mental, solo el 12 por ciento había recibido algún tipo de apoyo psicosocial.1 Estas preocupaciones de salud mental, junto con los desafíos humanitarios, han sido un factor importante en la decisión de las personas venezolanas de abandonar Perú y regresar a Venezuela donde tienen una red familiar más amplia. 

Alojamiento

Pagar el alquiler sigue siendo una lucha para las personas venezolanas que han perdido un ingreso estable, y el miedo al desalojo sigue siendo una preocupación. En Perú, el 88 por ciento de las personas venezolanas renta la propiedad en la que viven, el 2 por ciento vive en una casa familiar, y solo el 0,2 por ciento tiene un lugar propio. El embajador de Juan Guaidó en Perú, Carlos Scull, afirmó que más de 55.000 venezolanos estaban en riesgo de desalojo en abril de 2020. Otro estudio realizado por el ACNUR y Encuentros SJM encontró que solo el 7 por ciento de las personas venezolanas encuestadas no pagó alquiler en febrero y marzo de 2020, pero en noviembre de 2020 ese número había aumentado 45 por ciento.2 La evaluación de necesidades conjuntas publicada a principios de 2021 estima que 374,00 venezolanos refugiados y migrantes necesitan alojamiento en el país, lo que demuestra que la necesidad de viviendas asequibles y políticas para proteger a las personas del desalojo sigue siendo una grave preocupación.

El alquiler es la [dificultad] más obvia después del COVID, tuvimos que entrar en cuarentena, no pudimos irnos, no pudimos pagar el alquiler, y este aspecto fue el que más me afectó.

—Carlos, un venezolano en Perú

Poblaciones particularmente vulnerables

Niños y adolescentes

Los hijos e hijas de madres y padres venezolanos enfrentan desafíos específicos durante la pandemia, particularmente relacionados con los servicios educativos. Antes de la pandemia, aproximadamente el 21 por ciento de las familias venezolanas en Lima no podían inscribir a sus hijos e hijas en las escuelas o no tenían la intención de hacerlo. Durante la pandemia, una encuesta de junio de 2020 encontró que el 31 por ciento de las personas venezolanas no tenía a sus hijos inscritos en el sistema educativo y el 40 por ciento no participaba en el programa de aprendizaje en el hogar del Ministerio de Educación por desconocer su existencia o porque no contaban con la tecnología adecuada para acceder a la modalidad virtual de aprendizaje, como internet o computadoras. ACNUR y Encuentros SJM encontraron que el 42 por ciento de las personas venezolanas encuestados tenían dificultades para acceder a Internet.

Lo único es que no le he podido conseguir [en Perú] es el cupo al niño para que estudiara, siempre que iba no había cupo. Si iba en diciembre, me decían que fuera en enero, iba en enero y ya no había cupo, y así.

—Juana, una mujer venezolana en Perú

Los niños pueden verse obligados para trabajar y brindar apoyo económico a sus familias durante la pandemia, dadas las dificultades que muchos enfrentan por la pérdida del empleo. Los niños que participan en actividades económicas impiden su derecho a la educación y los coloca en situaciones precarias. El hijo mayor de Rodolfo contribuye económicamente a la familia, trabajando muchas horas durante el día, mientras que su hijo menor se queda solo en casa:

Me levanté a las 2:30 mañana, acompañé a mi hijo de 17 años que está vendiendo en la calle… Fuimos a las tres de la mañana con un señor que vive a 100 metros de donde vivimos, y él tiene un camión y tiene un puesto en un mercado. Y pues lo acompañé a comprar las verduras para vender. Regresamos a las 8 de la mañana, mi hijo se queda arreglando las cosas y mi esposa y yo vamos a vender a la calle. Lo vendo, y mi hijo pequeño en la mañana se queda, y a veces se queda solo y una vecina está al pendiente.

—Rodolfo, un hombre venezolano en Perú

Durante la evaluación conjunta de necesidades del GTRM 2021, el 58 por ciento de los informantes identificaron a los niños y adolescentes como las poblaciones más vulnerables en las comunidades venezolanas. Los niños, niñas y adolescentes en situación irregular están expuestos a mayores riesgos y diferentes tipos de explotación, incluida la violencia sexual. Según estadísticas del gobierno peruano, la violencia sexual contra niños y adolescentes aumentó un 852 por ciento de marzo a julio de 2020.

Violencia de género

Las tasas de violencia de género (VG) se han disparado desde el inicio de la pandemia, en Perú y en toda América Latina. Por ejemplo, las cifras del gobierno peruano muestran que entre marzo y agosto de 2020 el número de casos de violencia sexual contra las mujeres aumentó un 649 por ciento. Es difícil obtener datos del gobierno peruano sobre violencia de género desglosados por nacionalidad, pero un estudio de septiembre de 2022 realizado por CARE encontró que el 22 por ciento de las venezolanas encuestadas en Perú declararon haber sufrido VG. Según la Defensoría del Pueblo, diariamente se presentan un promedio de cinco denuncias por la desaparición de mujeres, adolescentes y niñas durante el estado de emergencia. Las mujeres, en particular las mujeres transgénero y las personas LGBTIQ +, se enfrentan a mayores situaciones de discriminación como el acoso y la xenofobia, especialmente en lugares públicos.

Regreso a Venezuela: entre añoranzas y miedo a la incertidumbre

Como resultado del dramático deterioro de las condiciones en Perú, muchas personas venezolanas consideran seriamente regresar a Venezuela. Las personas entrevistadas afirmaron que consideraron volver a Venezuela porque la vida se había vuelto demasiado difícil en Perú, auque la mayoría entendió que la vida en Venezuela se vuelve aún más precaria día a día y que irse los pondría en una situación peor.

No podemos ir porque las cosas están peores. Venezuela se va a poner más feo. Aquí el venezolano tenemos para comer para comprar pañales, cosas al niño.

—Carlos, un venezolano en Perú

Los familiares que se encuentran en Venezuela alientan a sus familiares en Perú a seguir luchando. Las remesas que estas familias reciben de sus familiares en Perú les permiten acceder a bienes y servicios que escasean en Venezuela. Estas redes también aseguran que los peruanos estén al tanto de lo que está sucediendo en Venezuela, lo que puede disuadirlos de regresar.

Quisiéramos [ regresar] porque allá está mi familia y yo soy muy apegada a mi familia. Tenemos la esperanza de volver, pero lo vemos muy difícil porque la situación se pone más complicada, están saliendo muchas más personas de allá. Y aquí, me ayudo a mi como a los que están allá, y con lo que les enviamos les alcanza. Queremos volver, sí, pero es difícil. Nos toca aguantar.

—Margarita, una mujer venezolana en Perú

Sin embargo, muchos venezolanos en Perú no pueden mantenerse en Perú por más tiempo, y el llamado a casa es demasiado grande. Al principio de la pandemia, 30.000 venezolanos abandonaron Perú para regresar a su país de origen con la esperanza de volver a ver a su familia y regresar a los hogares que dejaron atrás. 

Respuesta gubernamental

Asistencia humanitaria durante COVID

El gobierno peruano brinda poca asistencia humanitaria a las comunidades venezolanas, prefiriendo dejar esta responsabilidad a las organizaciones internacionales. Hay algunas excepciones notables a esta brecha en el apoyo, como el programa Casa de la Mujer del gobierno municipal de Lima, para víctimas de violencia de género, y que está abierto a peruanos y venezolanos por igual. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) anunció que cinco nuevas Unidades de Protección Especial (UPE) brindarán asistencia especializada a niños, niñas y adolescentes en riesgo o sin cuidado parental en cinco departamentos, y se extenderá a los venezolanos. El MIMP también confirmó la disponibilidad de asistencia las 24 horas para casos de violencia de género. El programa Aprendo en Casa del Ministerio de Educación es accesible tanto para niñas y niños venezolanos como peruanos.

Las personas venezolanas no están incluidas en la estrategia de respuesta y recuperación de COVID-19 de Perú y frecuentemente están fuera de los fondos asignados para la recuperación de la pandemia. El FMI aprobó un acuerdo de dos años para Perú bajo la Línea de Crédito Flexible (FCL), diseñado para la prevención de crisis, de aproximadamente US $ 11 mil millones. En marzo de 2020, Perú comenzó a armar un paquete de estímulo de USD $ 26 mil millones de diversas fuentes de financiamiento, incluido el FMI, que tiene como objetivo reactivar la economía y proteger a los más afectados por la pandemia. El programa de transferencias de efectivo proporcionará 380 soles (USD $ 106) a los tres millones de familias más pobres del país. Esta medida, sin embargo, no se extiende a las personas venezolanas, aunque muchos de ellos son pobres. Ninguna de las personas venezolanas entrevistadas por Encuentros SJM y Refugees International describió la asistencia del gobierno cuando se les preguntó si habían recibido ayuda durante la pandemia. La mayoría recibió apoyo humanitario de ONG locales, ACNUR, iglesias y organizaciones lideradas por Venezuela.

Excluir a las personas venezolanas de los plans de recuperación de la pandemia, el gobierno las coloca en una mayor desventaja en comparación con la población peruana. Como resultado las personas venezolanas se vuelven dependientes de la limitada asistencia humanitaria. Será particularmente importante para los venezolanos poder acceder a la vacuna. El virus no reconoce la nacionalidad y, hasta que la mayoría de las personas en Perú estén protegidas del virus, COVID-19 seguirá siendo una amenaza.

Perú compró su primer lote de vacunas COVID-19 en enero de 2021 y comenzó a vacunar a los ciudadanos con 300,000 dosis de Sinopharm chino a principios de febrero. El presidente Sagasti afirmó que las vacunas irán primero a los trabajadores de la salud y a las poblaciones más vulnerables y el ministro de Relaciones Exteriores de Perú afirmó que el gobierno está contemplando la posibilidad de proporcionar dosis a las personas venezolanas. Sin embargo, el calendario de vacunación no es claro en cuanto a la fecha de vacunación de las personas venezolanas. El gobierno firmó un acuerdo para comprar 13,2 millones de dosis adicionales de vacunas a través de COVAX Facility, un grupo liderado por la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones. Sagasti confirmó que el país pagó una primera cuota a COVAX, que se estableció para garantizar el acceso a las vacunas en países con capacidad limitada para comprarlas. No está claro si estas dosis de las instalaciones de COVAX también se distribuirían a las personas venezolanas.

Acceso a regularización

Además del asilo, Perú ha utilizado una serie de instrumentos para ofrecer a los venezolanos la oportunidad de regularizar su estatus. Muchos brindan un estatus regular temporal e incluyen el derecho a trabajar. Sin embargo, debido a los cierres de fronteras, los cambios de política, los obstáculos burocráticos y reacciones políticas adversas, puede ser bastante difícil para a las personas venezolanas regularizar su estatus. Estas barreras llevan a los venezolanos a la precariedad, particularmente durante la pandemia, cuando el acceso a oportunidades de trabajo formal, servicios de salud, educación y asistencia humanitaria son cruciales para la protección.

En octubre de 2020, el gobierno emitió un decreto destinado a regularizar a los venezolanos que ya se encuentran en Perú y proporcionarles permisos de trabajo. Una vez que se implemente en los próximos meses, el Carnet de Permiso Temporal de Permanencia o CPP servirá como una extensión del PTP, dirigido a personas que hayan ingresado al Perú de manera irregular o cuyos documentos hayan vencido luego de ingresar al país con una visa de turista. Esta documentación es un paso en la dirección correcta, sin embargo, solo es válido por un año, sin camino hacia una estancia más permanente. El CPP también requiere un pasaporte u otro documento de viaje internacional, que es difícil de obtener para la mayoría de los venezolanos. De acuerdo con entrevistas que RI y Encuentros SJM realizaron con actores clave, los obstáculos burocráticos, como la capacidad de la plataforma en línea y el personal suficiente para procesar estos documentos son preocupantes.

Otra opción, quizás más prometedora, es la Calidad Migratoria Humanitaria. Esta visa brindaría a los venezolanos protecciones más amplias que el CPP, permitiría un camino hacia la residencia permanente después de tres años de estadía continua en el país. Aquellos con la calidad migratoria humanitaria también reciben un carnet de extranjería, que es un documento de residencia ampliamente reconocido que facilitaría el acceso a los servicios de salud y al empleo, al tiempo que protegería a los titulares de la deportación. Esta calidad migratoria humanitaria sólo se otorga en los Consulados de Colombia o Ecuador, y es concedida como una visa humanitaria. No obstante, los principales defensores de los refugiados en Perú están pidiendo que esta visa esté disponible para los venezolanos que ya se encuentran en Perú, especialmente para los solicitantes de asilo en espera de que sus procedimientos se resuelvan. Esta opción contribuiría en gran medida a garantizar la inclusión de Venezuela en el país y proporcionaría una red de seguridad crucial durante la pandemia y la recuperación postpandémica.

Cierre de fronteras

El 26 de enero de 2021, el gobierno peruano militarizó la frontera norte de Perú en un intento por fortalecer su seguridad fronteriza y controlar los flujos irregulares de venezolanos hacia el país. Las percepciones negativas de los venezolanos están alimentando la xenofobia en el país, y existe una presión política significativa para detener la migración al país, particularmente durante la pandemia. Además, en el período previo a las elecciones presidenciales de Perú, es preocupante que algunos candidatos presidenciales afirmen que deportarán a venezolanos en situación irregular sin el debido proceso, lo que contribuye a esta creciente xenofobia y podría ser un presagio negativo para los venezolanos.

Si bien la gestión de la migración es importante para promover la entrada regular al país, especialmente durante la pandemia, esta medida preocupa a muchos activistas de derechos humanos que ven la mayor presencia militar como un riesgo para los derechos humanos de los migrantes y refugiados. El Defensor del Pueblo peruano advirtió al gobierno peruano que cumpla con las leyes peruanas sobre el uso de la fuerza contra los migrantes, y pidió al gobierno que garantice que los migrantes puedan acceder al procedimiento de asilo. La militarización de la frontera puede impedir que las personas venezolanas ingresen a Perú durante la pandemia y negarles el acceso al estatus de refugiado que tanto necesitan, lo que lleva a muchos a ingresar por rutas irregulares o peligrosas.

Respuesta de sociedad civil/organizaciones internacionales

El GTRM se estableció a solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas ante el ACNUR y la OIM el 12 de abril de 2018, para liderar y coordinar la respuesta a los refugiados y migrantes de Venezuela en toda la región. Operando a nivel regional y nacional, el GTRM tiene como objetivo brindar una respuesta integral en los países anfitriones venezolanos en América Latina y el Caribe. En Perú, el GTRM está integrado por más de 80 organizaciones, entre las que se encuentran organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, organizaciones religiosas, académicos, embajadas, donantes e instituciones financieras. Cada una de estas organizaciones brinda apoyo humanitario a los venezolanos en Perú.

En 2019, los fondos requeridos para el Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes para Perú fue de USD $ 106,2 millones, que aumentaron a USD $ 136,5 millones en 2020, reflejando la creciente necesidad de apoyo durante el COVID-19.

Durante la pandemia, la respuesta del GTRM se ha incrementado para seguir brindando la asistencia a los venezolanos, a medida que ha crecido su necesidad humanitaria.

Según el informe de GTRM Perú de diciembre de 2020, la respuesta se amplió para respaldar varios sectores clave. Las sobrevivientes de violencia de género recibieron manejo de casos y derivación a servicios especializados. Unas 800 personas tuvieron acceso a alimentos a través de 12 comedores de beneficencia y otras 11.300 personas recibieron asistencia con botiquines de alimentos. Además, un total de 1,110 personas se beneficiaron de las intervenciones basadas en efectivo (CBI) para sus medios de vida, un tipo de asistencia que ha sido crucial durante la pandemia para garantizar que los venezolanos puedan pagar las necesidades que, de otro modo no podrían pagar. Los socios de GTRM brindaron atención primaria de salud a 1,000 refugiados y migrantes y miembros de la comunidad de acogida, incluidas las personas que viven con el VIH. Unos 900 recibieron CBI para acceder a servicios de salud y tratamiento.

Aunque la respuesta ha crecido, todavía no es suficiente para satisfacer las necesidades de las personas venezolanas. Además, aquellas que participaron en entrevistas con Encuentros SJM y Refugees International expresaron su falta de información sobre la presencia de organizaciones de la sociedad civil o cómo acceder a ellas para solicitar ayuda. Además, algunos encuestados no tenían Internet para acceder a la información que circula en línea. A pesar de estas limitaciones, las organizaciones de la iglesia fueron las más visibles en brindar apoyo durante la emergencia. Los entrevistados recibieron donaciones en especie, como alimentos y suministros de higiene de varias iglesias.

Hay una iglesia cristiana a la vuelta, y ellos dieron víveres, un kilo de arroz, espagueti, leche, cosas así.

—Maria, una mujer venezolana en Perú 

Además de la iglesia, la mayoría de las personas entrevistadas dijo que conocían organizaciones como Encuentros SJM y ACNUR no por contacto directo, sino a través de amigos y conocidos que habían logrado contactar a estas organizaciones y recibir apoyo. Esto permitió que algunos de los entrevistados se pusieran en contacto con ACNUR y Encuentros SJM y se registraran para recibir asistencia e información sobre apoyo humanitario y legal. A través de estas organizaciones lograron obtener apoyos económicos que les permitieron cubrir necesidades y deudas que se habían generado durante la cuarentena.

Por grupos de WhatsApp, con los amigos más allegados, que compartían por redes sociales. Y nosotros lo enviábamos de unos a otros. Ronald

—Ronald, un venezolano en Perú

Conclusión

La pandemia de COVID-19 ha sido devastadora para todo Perú, y especialmente para las personas venezolanas que ahí viven. Un año después de la pandemia, las personas venezolanas necesitan apoyo humanitario, que incluye albergue, atención médica, educación, protección y alimentos. Además de sus necesidades humanitarias básicas, necesitan desesperadamente acceso a mecanismos de regularización migratoria para poder vivir sin temor a ser devueltos a Venezuela, y poder participar tanto en la respuesta del COVID-19 como en la recuperación. Si bien las organizaciones de la sociedad civil están haciendo un trabajo increíblemente importante para mantener a flote a la población venezolana, sin un apoyo más amplio del gobierno y los donantes internacionales, los venezolanos seguirán estando en desventaja durante y mucho después de la pandemia. 

Recomendaciones

Al Gobierno Peruano

  • Incluir a las personas venezolanas en la estrategia nacional de respuesta y recuperación del COVID-19, permitiendo que las personas venezolanas vulnerables se beneficien de los estipendios gubernamentales, que los protegería de la inseguridad alimentaria, el trabajo en la calle y el desalojo. El gobierno también debería trabajar para incluir la prestación de servicios directos a los venezolanos, como un acceso más amplio a la atención médica relacionada con COVID-19.
  • Mejorar las campañas de información y las estrategias de acercamiento a la población venezolana para asegurar que esté al tanto de programas gubernamentales como “Aprendo en Casa”. Trabajar con organizaciones de la sociedad civil que tienen estrechas relaciones con las comunidades venezolanas y con el embajador de Juan Guaidó en Perú para hacer circular información sobre esta campaña.
  • Asegurar que las vacunas de las instalaciones de COVAX se proporcionen de manera equitativa a las personas refugiadas y migrantes en Perú evaluando la cantidad de personas venezolanas que necesitan vacunación, proporcionando el registro para la vacuna y asegurando que la implementación de la vacuna se distribuya a los centros de salud que tratan a las poblaciones de mayor riesgo.
  • Permitir a los beneficiarios de la nueva regularización (CPP) un camino hacia un estado regular más duradero, como el estatus migratorio de residente especial, luego del vencimiento de un año de su CPP. Este camino hacia un estatus a más largo plazo brindará mayor seguridad a los venezolanos, así como un mayor disfrute de los servicios.
  • Permitir que las personas venezolanas dentro de Perú soliciten la Calidad Migratoria Humanitaria.
  • Mantener la frontera abierta para personas que buscan protección internacional. Asegurar que los derechos de las personas venezolanas estén protegidos en la frontera norte proporcionando mecanismos de supervisión para los agentes fronterizos y el personal militar desplegados, incluido el monitoreo desde la oficina de la Defensoría del Pueblo. Aumentar la presencia de la sociedad civil en la frontera para brindar apoyo adicional a quienes deseen solicitar asilo o solicitar una residencia humanitaria.

A la comunidad internacional de donantes

  • La respuesta actual de RMRP se encuentra financiada en un 47 por ciento. Los donantes internacionales deben ampliar el apoyo a la ayuda humanitaria al Perú a través del GTRM y dar prioridad a los sectores con fondos insuficientes como la protección, la salud y la vivienda. 
  • Las instituciones financieras internacionales deben incluir asistencia destinada a la población venezolana para la ayuda brindada al gobierno peruano para la respuesta humanitaria y la distribución equitativa de la vacuna para garantizar que también reciban la vacuna, independientemente de su estado regular. 

A la Sociedad Civil

  • Ampliar los esfuerzos de campañas informativas para llegar a más personas venezolanas. Trabajar con organizaciones lideradas por venezolanos para garantizar que los mensajes sobre los servicios estén más disponibles para la comunidad venezolana.

Endnotes

1 Encuentros SJM, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), “Monitoreo de Protección en Perú”. Octubre y Noviembre, 2020

2 Ibíd.


Foto: Familia venezolana en el distrito de San Juan de Miraflores, Perú 2021. (Autor de la foto: Encuentros SJM.)