Llenar el vacío: apoyo humanitario y vías alternativas para los migrantes en la periferia de Colombia

Introducción

Las personas migrantes hacen un viaje hacia el norte a través de la región del Darién que es cada vez más peligroso por su tramo de 100 km de selva entre Colombia y Panamá. El viaje puede ser mortal. Pero las restricciones en las visas, el aumento de la seguridad fronteriza, la incertidumbre económica, la dificultad para acceder a oportunidades en los países de acogida y la falta de vías legales alternativas son la causa del aumento de migrantes que se ven obligados a atravesar el Darién en busca de seguridad. En los tres primeros meses de 2022, 13,425 personas cruzaron a través de la región del Darién, lo cual representa el doble de personas en comparación con las 5,622 que cruzaron en el mismo periodo de 2021. Este informe tiene como foco principal a las personas venezolanas por el notable aumento de personas desplazadas en la región este año, el gran número de migrantes, la pobreza que tienen en comparación con otros migrantes y las restricciones migratorias para la protección internacional bajo la Declaración de Cartagena.

Para entender mejor por qué tantos migrantes hacen esta travesía, Refugees International visitó Necoclí y Capurganá, Colombia, en abril de 2022, para observar las condiciones de estos dos lugares de cruce que son críticos en el viaje para pasar por la región del Darién. En Necoclí, los migrantes carecen de acceso a refugio, información, atención sanitaria y agua. No hay apoyo especial para las mujeres y los niños. En Capurganá, Refugees International fue testigo de una operación organizada de contrabando que aleja a los migrantes de los espacios públicos y los empuja a la clandestinidad, donde es difícil que las autoridades o las organizaciones humanitarias puedan acceder a ellos.

Las autoridades locales y colombianas, junto con la ayuda de Estados Unidos y las organizaciones internacionales, deben atender las necesidades humanitarias inmediatas de los migrantes en Necoclí y Capurganá. También se necesitan políticas para evitar que tengan que hacer este trayecto, incluyendo el establecimiento de vías legales que permitan a los migrantes volar directamente a países donde puedan buscar la regularización. Los recientes compromisos derivados de la Cumbre de las Américas comienzan a abordar las necesidades humanitarias, pero los países de las Américas deben hacer más para compartir la responsabilidad de proteger y defender la dignidad de las personas que se desplazan por la región.

Antecedentes

El punto de entrada a la región del Darién en el lado colombiano está en el Golfo de Urabá, en los estados de Antioquia y Chocó. En esta zona del país viven poblaciones indígenas, afrodescendientes y ladinas. La población afrodescendiente está representada por Consejos Comunitarios que les dan jurisdicción sobre sus propias tierras. Hay dos Consejos Comunitarios destacados en el Golfo, conocidos como Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Acandí y Zona Costera Norte (COCOMANORTE) y Consejo Comunitario De Comunidades Negras De La Cuenca Del Río Tolo Y Zona Costera Sur (COCOMASUR). Esta parte de Colombia también cuenta con una fuerte presencia paramilitar denominada Clan del Golfo, también conocida como Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Las fuerzas del Clan del Golfo mueven la cocaína a través de Latinoamérica y la distribuyen a países de Norteamérica y Europa. Se han vuelto cada vez más violentos y represivos en la zona desde que su líder fue detenido en octubre de 2021 y extraditado en abril de 2022. Estos grupos están implicados en el tráfico de migrantes a través del Darién.

El 31 % de las 13,425 personas que cruzaron la región del Darién en abril de 2022 eran de nacionalidad venezolana. Los venezolanos en Colombia tienen acceso a una forma de protección temporal conocida como Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV), que proporciona diez años de estatus de residencia legal, acceso al trabajo, a la sanidad y a otros servicios, así como una vía para la residencia permanente. Sin embargo, casi dos millones de venezolanos reubicados en Colombia están allí mientras el país se enfrenta a una creciente incertidumbre económica, que incluye altos niveles de informalidad laboral y los niveles más altos de inflación en más de dos décadas. Es probable que millones de personas en Colombia necesiten ayuda humanitaria en 2022. Entre ellos estarán los muchos venezolanos que carecen de la documentación necesaria y los que no pueden acceder a un trabajo digno.

Refugees International entrevistó a 25 personas de nacionalidad venezolana en Colombia, la mayoría de las cuales habían llegado recientemente. Ninguno de los entrevistados expresó deseo de quedarse en el país, aunque pudieran acceder a la regularización. Aunque los 25 venezolanos entrevistados expresaron su deseo de ir a Estados Unidos, algunos afirmaron que estarían abiertos a vivir en otro país de la región, como Panamá o Costa Rica, si pudieran obtener permisos de trabajo allí. Los que habían vivido en Colombia o Ecuador durante algunos años describieron la falta de oportunidades de trabajo y los bajos salarios como una razón para intentar ir a Estados Unidos.

Las personas provenientes de Venezuela tienden a ser la población desplazada más visible y con menos recursos en Necoclí. Refugees International fue testigo de la situación. Varias entrevistas con residentes locales, trabajadores de ayuda humanitaria y funcionarios municipales corroboraron esta observación. Un funcionario de Migración Colombia dijo que la mayoría de los venezolanos recién llegados eran más pobres que los migrantes de otros países, aunque no hay datos oficiales sobre el alcance de la vulnerabilidad o las necesidades de las diferentes nacionalidades. La xenofobia contra los venezolanos también parece aumentar. La mayoría de los habitantes locales que hablaron con Refugees International dijeron que los venezolanos eran delincuentes y causaban disturbios públicos con frecuencia, aunque no aportaron ejemplos ni datos concretos. En general, los informes muestran que los venezolanos cometen menos delitos que la población local.

Refugees International se reunió con un grupo de 20 venezolanos en Necoclí que esperaban hacer el viaje a través de la región de Darién para poder llegar a Estados Unidos. El equipo de investigación entrevistó a cinco miembros del grupo. Entre ellos se encontraban cuatro infantes, todos ellos menores de seis años. Su experiencia expone la falta de recursos para encontrar seguridad o dignidad, de modo que se sienten obligados a realizar el peligroso viaje hacia el norte. Primero viajaron juntos desde Venezuela a Perú, donde dijeron que sufrieron una discriminación extrema, incluidas amenazas y robos, probablemente un reflejo de la creciente xenofobia contra los venezolanos en el país. Luego partieron a Ecuador, donde permanecieron alrededor de un mes antes de decidir ir hacia el norte, a Colombia. No tenían documentos para ninguno de los países por los que transitaron, ni querían obtener el ETPV colombiano. El viaje les costó la mayor parte de sus recursos, por lo que se quedaron en Necoclí hasta que pudieron ganar el dinero suficiente para pagar el viaje en barco a través de la región del Darién y poder pagarle a un contrabandista. No contaban con oportunidades para ganar dinero y se quejaban de que las compañías de barcos les cobraban el precio completo por los niños pequeños. Una de las mujeres que habló Refugees International tenía un hermano en Miami, que era el destino del grupo. Habían estado en contacto con varios venezolanos de su región de origen que ya habían cruzado podido cruzar y llegar a Estados Unidos.

El número de personas de otras partes del mundo también que llegan a la región Urabá ha aumentado. Un gran porcentaje está compuesto por personas de Cuba que no tienen la oportunidad de volar a Nicaragua, donde las restricciones de visado para los cubanos se levantaron a finales de 2021.Viajan a Surinam, Guyana o Brasil y luego hacen la travesía por tierra a través de Colombia para llegar a Necoclí. Aunque los haitianos siguen cruzando por la región, son un porcentaje mucho menor ahora que en 2021. También cruzan personas del Congo, Ghana, Senegal y Bangladesh, mientras que el número de personas de Uzbekistán crece. Muchos tienen problemas para comunicarse con las asociaciones humanitarias y las autoridades locales debido a las barreras lingüísticas.

Necoclí: Un pueblo costero que se ha convertido en punto de llegada de inmigrantes

La mayoría de los migrantes llegan ahora a Necoclí en autobús desde otras zonas de Colombia. La economía local de Necoclí está ahora preparada para atenderlos. Allí venden artículos como botas, repelente de animales, estufas de gas, carpas y otros materiales necesarios para el viaje hacia el norte. Refugees International supo a través de las entrevistas que los migrantes alquilan habitaciones en hoteles, a veces después de obtener los fondos para hacerlo pagando a los residentes locales una pequeña cuota para facilitar las transferencias bancarias, ya que la mayoría de los migrantes no tienen acceso a cuentas bancarias o tarjetas de débito. Los residentes y los funcionarios afirmaron que la economía local se había volcado al dólar estadounidense (“se dolarizó”) a causa de los migrantes, y la mayoría de los negocios cobraban a los migrantes en dólares y no en pesos colombianos, lo que hacía que los costes fueran significativamente más altos para los desplazados debido a los tipos de cambio inflados.

En Necoclí existen dos compañías de barcos que trasladan a personas a Capurganá, la ciudad del otro lado de la región por la que se entra al Darién. Una de las compañías de barcos se utiliza principalmente para los migrantes y la otra es usada para turistas colombianos, aunque también llevan a algunos migrantes. En Necoclí, un funcionario de Migración Colombia toma la información de la empresa privada de embarcaciones y la utiliza para registrar de manera oficial a los migrantes y transmitir los datos a los funcionarios panameños. Los venezolanos que esperan para subir a las embarcaciones le dijeron a Refugees International que a los migrantes se les suele cobrar 50 dólares, frente a los 30 dólares que se les cobra a los colombianos y a los turistas. A los que deciden tomar rutas clandestinas en barcos -que salen de noche para evitar a las autoridades- se les suele cobrar menos. Otras rutas clandestinas son más caras, entre 200 y 400 dólares, evitando así la región del Darién, y suelen ir a Carreto, en Panamá, lo que las convierte en una mejor opción para los que quieren y pueden. Estos viajes son más arriesgados y han provocado accidentes mortales en barco.

Los que pueden pagar el costo del viaje en barco sólo se quedan uno o dos días en Necoclí. Pero hay muchos que llegan a Necoclí sin dinero y se quedan más tiempo, hasta semanas. Los residentes afirmaron que era habitual ver a venezolanos recogiendo e intentando vender botellas recicladas a cambio de pequeñas cantidades de cambio para el costo del barco. Otros ayudaban en la limpieza de la playa o en trabajos domésticos para ganar algo de dinero. Refugees International también fue testigo de cómo los venezolanos trabajaban en la construcción para conseguir dinero para el barco y el precio del contrabando.

Refugees International entrevistó a un hombre llamado Luis, de Venezuela, que estuvo atrapado en Necoclí durante casi un mes tratando de ganar dinero. Luis salió de Venezuela en marzo de 2022 con su esposa porque no podían conseguir tratamiento médico para su hijo con discapacidad. El objetivo de Luis era llevar a su hijo a los Estados Unidos en un futuro para obtener la atención necesaria. Luis vendía pequeños artículos para intentar recaudar dinero, al tiempo que enviaba un pequeño estipendio a su madre en Venezuela para que cuidara de su hijo. Él y su esposa pasaron algunos días sin comer. Luis quiere ir a Estados Unidos y conoce a personas que cruzaron la frontera estadounidense y encontraron trabajo. Hablando con Refugees International, Luis dijo que no quiere quedarse en Colombia aunque sabe que podría obtener un estatus regularizado.

En Necoclí, los migrantes tienen dificultades para acceder a albergues, agua potable, alimentos y baños. En este momento, no hay refugios disponibles para que las personas desplazadas se alojen en Necoclí. Quienes no pueden permitirse un hotel o la renta de una habitación (con precios que oscilan entre $7 y $10 por noche), duermen en las calles o en tiendas en la playa y en hamacas públicas disponibles para los turistas. Algunos residentes le permiten a los migrantes quedarse en sus hogares o dormir en el suelo de sus restaurantes en la playa. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha dispuesto varios tanques de agua con los que las personas desplazadas pueden llenar cantimploras. Refugees International, observó a tres mujeres venezolanas quienes también usaron estos tanques de agua para bañarse, ya que no tenían acceso a una ducha.

La inhabilidad de las personas desplazadas en Necoclí para encontrar lugares seguros para dormir, bañarse o almacenar sus pertenencias los hace vulnerables a robos, agresiones sexuales y otros delitos. A pesar de que los residentes afirmaron que las organizaciones paramilitares en Necoclí aseguran que se mantenga el orden en la ciudad, las personas desplazadas siguen estando en riesgo debido a su exposición, falta de apoyo y falta de acceso a las autoridades.

Las mujeres corren riesgos significativos debido a la falta de espacios privados. Refugees International conoció a Vanessa, una venezolana de 25 años con cuatro hijos menores de seis años. Se fue de Venezuela con su pareja hace 18 meses. Aunque sus dos hijos menores nacieron en Colombia, no quería obtener el estatus debido a una inhabilidad para encontrar empleo. Vivió con sus hijos en una tienda rodeada de basura. El dueño de un restaurante cercano dijo que escuchó sonidos de la pareja de Vanessa golpeándola, pero las autoridades no han intervenido. En Necoclí hay una Comisaria de Familia—un tipo de unidad de policía de familias—que ve por el suministro de cuidados especiales para las personas en riesgo—o víctimas—de violencia de género. Pero tiene una implicación limitada con las mujeres migrantes, quienes pueden temer reportar la violencia o delincuencia cometida por sus parejas debido a las represalias de una pareja de la cual pueden depender.

Los menores no acompañados también están en riesgo en Necoclí. Es extraordinariamente difícil identificar a los menores no acompañados y reportar los casos de trata de personas dado el corto tiempo que la mayoría de migrantes pasa en Necoclí y Capurganá. Si los menores no acompañados no son identificados, podrían ser explotados por los lugareños, otros migrantes, y organizaciones delictivas en Necoclí, y podrían exponerse a daños graves una vez entren a la selva. Refugees International entrevistó a una niña de 13 años llamada Daisy, quien dejó Venezuela porque sufrió amenazas de pandillas locales. Su familia se quedó en Venezuela, y estaba viajando sola con su novio de 17 años. Otros de los migrantes entrevistados por Refugees International quienes la conocían afirmaron que su novio estaba tratando de forzarla realizar trabajo sexual para obtener dinero para el viaje. Daisy no tenía un teléfono y no recibió ningún servicio de las organizaciones humanitarias en la ciudad. Dijo que le daba miedo la selva así que quería tomar un bote clandestino que la desviara del Tapón del Darién. Pero era más caro y no tenía el dinero. Un hombre local que suministró apoyo humanitario a algunos migrantes la ayudó a obtener un implante anticonceptivo y sugirió que Refugees International contactara a la Comisaría de Familia para denunciar su situación, pero la Comisaría no pudo localizarla. Si hubiesen podido, la Comisaría la hubiese puesto bajo la custodia del Instituto Colombianos de Bienestar Familiar (conocido como el ICBF, o el ministerio de familia colombiano) y llevado a un refugio en Medellín mientras encuentran a su familia ya que no hay ninguno en Urabá. Cuando las familias no se encuentran en Colombia—como sería su caso—los menores sin acompañante permanecen bajo el cuidado del ICBF.

Los menores que viajan acompañados por sus padres también enfrentan retos en Necoclí y allende. Para octubre de 2021, casi 19.000 niños viajaron a través del Tapón del Darién—la mitad de ellos tenían menos de cinco años. El acceso a una nutrición adecuada durante el trayecto es un reto significativo para los niños y mujeres lactantes. Las personas desplazadas le dijeron a Refugees International que les hacía falta comida. La mayoría de los niños en edad escolar a los que conoció Refugees International además llevaban meses o aún más sin asistir a la escuela, y no tenían acceso a juguetes o libros durante su viaje, ya que estos resultan ocupan mucho espacio para llevarlos.

En Necoclí, además hay una falta de información acerca de lo que se necesita para cruzar. Refugees International entrevistó a un hombre colombiano que hizo el viaje a través del Darién, pero a quien las autoridades panameñas deportaron de vuelta a Colombia. Afirmó que la mayoría de las personas que cruzan terminaron abandonando sus pertenencias en la selva porque eran demasiado pesadas. No obstante, Refugees International observó a migrantes que compraban estufas de gas, tiendas pesadas, y otros elementos que serían difíciles de llevar en una excursión de entre cinco y siete días a través de la selva. Refugees International también entrevistó a varias mujeres venezolanas y cubanas quienes no eran conscientes de los altos índices de violencia sexual en el Darién. Refugees International habló con varios venezolanos que no pudieron pagarle a un coyote y estaban optando por hacer la excursión a través del Tapón por sus cuentas— pero ignoraban los peligros de la selva y las rutas para atravesarlo. Las personas desplazadas que no hablan español se encuentran particularmente aisladas y sin acceso a la información por parte de las autoridades o las organizaciones humanitarias sobre los servicios a los que pueden acceder o sobre los peligros que les aguardan en el Darién. Refugees International no observó ningún trabajador de ayuda humanitaria o del gobierno que pudiese hacer de traductor en los múltiples idiomas hablados por los migrantes extracontinentales.

Presencia de ayuda humanitaria

La ayuda humanitaria en Necoclí es escasa, si bien se está ampliando. El gobierno local estableció un Puesto de Mando Unificado (PMU) en marzo de 2020 en el cual se unen instituciones gubernamentales (de la ciudad y del departamento de Antioquia) en una reunión mensual para discutir cómo manejar el número de migrantes que ingresan a la ciudad. El gobierno de Antioquia también ha apoyado al municipio al declarar la llegada de miles de migrantes diariamente una “emergencia pública”.1 Un funcionario del municipio informó a Refugees International de que la ciudad no tenía interés en abrir un albergue público o en establecer otras instituciones designadas a los migrantes, pero estaban abiertos a que las ONG asumieran esta responsabilidad. También dijo que “abrir albergues iba en contra de los intereses privados”, refiriéndose a los dueños de hoteles. La principal preocupación con los migrantes dijo, es que estaban afectando el turismo en la ciudad.

Hay varias organizaciones internacionales de ayuda humanitaria que operan en Necoclí, pero su trabajo debe ampliarse para atender a las necesidades de las personas desplazadas. El gobierno de Antioquia movilizó a las Cruz Roja a Necoclí como parte de una respuesta temporal de emergencia. La Cruz Roja provee a los migrantes en Necoclí servicios de salud (como el apoyo psicológico y la entrega de medicamentos), estaciones de carga de batería, servicios de traducción, y orientación sobre la zona. Varias organizaciones de la ONU operan en Necoclí, como UNICEF y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La función principal de UNICEF es proporcionar agua y servicios de higiene. La agencia dispuso estaciones de agua potable y un sistema de gestión de residuos sólidos. UNICEF también está trabajando con las autoridades locales para identificar a los menores sin acompañante y separados a través de unidades móviles, según un comunicado de prensa de 2021. La OIM no tiene presencia permanente en Necoclí, pero trabaja de la mano de organizaciones sanitarias colombianas para llevar clínicas móviles a Necoclí. OIM también proporciona a los migrantes estaciones de wifi y mochilas llenas de elementos de higiene.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tiene sede en Apartadó, una ciudad más grande a aproximadamente dos horas de Necoclí, y opera a través del golfo. Se enfoca en registrar y proporcionar gestión de casos a los venezolanos con ETPV y a quienes necesitan protección internacional, y a las personas desplazadas internamente con emergencias recurrentes. ACNUR no tenía un representante en Necoclí cuando Refugees International visitó, a pesar de que el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos, conocido como GIFMM, instaló dos empleados fijos en Necoclí a finales de mayo de 2022. Vale la pena mencionar que cuando Refugees International visitó Necoclí, había una visita de la embajada de EE.UU. y funcionarios colombianos para la instalación de una nueva oficina de GIFMM. Mientras otras organizaciones mencionadas estuvieron presentes en la visita, los lugareños indicaron que esto no era usual y que generalmente sólo algunas organizaciones, principalmente la Cruz Roja, estaban presentes en un día cualquiera.

Las iglesias locales también proporcionan apoyo a los migrantes. Una proporcionó refrigerios para los niños y ocasionalmente alimentos o vestimenta para los migrantes. ACNUR y la alcaldía afirmaron que los adventistas habían entregado dinero directamente a los migrantes, pero dejaron de hacerlo debido a que los migrantes lo estaban usando para pagarle a los traficantes. Pastoral Social, una organización católica que proporciona apoyo humanitario a los migrantes en Colombia y en la región, no está activa en Necoclí. Según entrevistas en Capurganá, la iglesia existente en el pueblo no brinda apoyo a los migrantes en Capurganá.

La carencia de personal permanente de la mayoría de las organizaciones de ayuda humanitaria impide un apoyo constante a los migrantes. No hay mecanismo de remisión para conducir a los migrantes hacia organizaciones de ayuda humanitaria en el momento de su llegada a Necoclí, y muchas personas desplazadas entrevistadas por Refugees International afirmaron no haber acudido a las estaciones dispuestas por estas organizaciones para recibir apoyo. Además, la OIM exigía a los migrantes mostrar los pasajes de barco para recibir mochilas con medicina y otros elementos. Esto limita los servicios a los que pueden acceder las personas desplazadas que no pueden costearse un pasaje.

Capurganá: Paraíso para turistas y traficantes de migrantes

Una vez cruzan el golfo en barco de Necoclí a Turbo (otro puerto más al sur), las personas desplazadas llegan a un pequeño pueblo llamado Capurganá. Capurganá es un pueblo turístico que cuenta con poca ayuda humanitaria para los migrantes. Migración Colombia tiene una oficina cerca del embarcadero, pero las entrevistas con el personal revelaron que su función principal es ayudar a los turistas.

Lo que existe para los migrantes en Capurganá son operaciones de tráfico de migrantes bien organizadas. Una vez desembarcan de un barco en el muelle, los traficantes se los llevan rápidamente en cuestión de minutos. Refugees International observó esto de primera mano. Cuando un bote llegaba a Capurganá, los traficantes, quienes esperaban en el desembarcadero, dirigieron rápidamente a los migrantes a una calle llena de mototaxis que aguardaban para llevar a los migrantes a lo que uno de los traficantes describió como un “albergue” en el que los migrantes pasaron la noche antes de adentrarse en la selva. Según se informó, a los migrantes se les cobró $50 dólares estadounidenses por noche de estadía en el albergue, un costo del que la mayoría no era consciente.

Los traficantes a menudo son miembros de las organizaciones paramilitares de la zona, o están estrechamente ligados a estas, ya que se usan las mismas rutas para traficar drogas y para traficar personas. Los Consejos Comunitarios controlan las rutas a través de la selva, ya que esta zona está bajo su jurisdicción, y trabajan de cerca con los grupos paramilitares para facilitar el tráfico de migrantes hasta el lado panameño. COCOMANORTE, el Consejo Comunitario cuyo territorio está en el Tapón del Darién facilitaron las rutas para guías que llevan a los migrantes a través del Darién. Entrevistas del ACNUR revelaron que los Consejos Comunitarios generalmente cobran entre $30 y 60 dólares estadounidenses por cruzar las rutas.

Migrantes informaron a Refugees International que los traficantes mismos cobran entre $100 y $400 por persona por llevarlos al lado panameño del Darién. El precio depende de la ruta y del país de origen del migrante. Por ejemplo, Refugees International supo de un grupo de migrantes cubanos en Capurganá que dijeron que les estaban cobrando $400 por persona por cruzar. Funcionarios colombianos afirmaron que los traficantes a menudo cobran más a los cubanos y otras poblaciones porque creen que esas poblaciones tienen más dinero para gastar. Las rutas, precios y medios de transporte son controladas única y estrictamente por unos pocos actores, y la policía en Capurganá hace poco por obstaculizarlo.

Una vez los migrantes entran al Darién, no hay autoridades que los protejan, y las personas están a la merced del duro terreno de la selva y los traficantes. Hay más de 50 muertes registradas en lo que va del 2022, 288 casos de violación en 2021, y muchos más delitos sin declarar. Un hombre cubano entrevistado por Refugees International luego de haber cruzado el Darién declaró que vio tres cadáveres de haitianos descomponiéndose en la selva.

Gestión de flujos migratorios mixtos en Colombia

El gobierno colombiano ha realizado esfuerzos significantes y encomiables para dar opciones de integración y regularización a millones de venezolanos en el país. Sin embargo, todavía hay un largo camino para asegurar que todos los venezolanos puedan encontrar protección y oportunidades de trabajo en Colombia. Colombia todavía está en las fases iniciales de implementación del programa ETPV. La implementación del programa tiene tres fases: pre registro, registro de datos biométricos (en el cual se recogen huellas dactilares, fotos y firmas) y finalmente la provisión del Permiso de Protección Temporal (PPT), la tarjeta de identidad que le otorga al titular acceso a derechos civiles (excepto el derecho al voto), servicios e integración. A la fecha de mayo 2022, 2.278.491 venezolanos se habían pre registrado, 1.717.899 habían dado sus datos biométricos y 1.180.558 PPT habían sido aprobados por el gobierno. Pero todavía se carece de integración en Colombia y los empleadores todavía no reconocen del todo los documentos del PPT. La falta de información y acceso a la tecnología les impide a los venezolanos de áreas rurales solicitar el ETPV. El trabajo en el mercado laboral informal sigue siendo una gran barrera para la integración venezolana en Colombia. Muchos de estos desafíos se pueden resolver con tiempo y recursos. Hasta entonces, Colombia quizás no sea refugio permanente para todos los venezolanos, particularmente para aquellos que les dificulta encontrar oportunidades de trabajo significativas en el campo o que trabajan en industrias explotadoras dada la falta de otras oportunidades. Para aquellos que tienen vínculos familiares en otros lugares, Colombia quizás nunca sea una opción. Para los no venezolanos, hay muy pocas opciones de regularización en Colombia y la mayoría de los inmigrantes de otros países que Refugees International entrevistó no querían quedarse en Colombia.

Aunque la respuesta de Colombia ante la migración venezolana es robusta, sus políticas hacia los migrantes de distintas nacionalidades y para aquellos en tránsito están subdesarrolladas. El gobierno de Colombia normalmente no detiene ni deporta migrantes irregulares en el Golfo de Urabá, pero sí toma registro de aquellos que abordan lanchas privadas en Necoclí, no todos siendo migrantes. Más allá de eso, Capurganá es donde las funciones fronterizas en la región de Urabá deberían llevarse a cabo, particularmente dado que solo una compañía de lanchas en Necoclí rastrea flujos migratorios, pero los migrantes llegan a Capurganá desde otras rutas (actualmente, solo dos funcionarios trabajan en la oficina de Migración Colombia de Capurganá y principalmente proveen servicio a los turistas). La oficina de Capurganá debería tomar registro de los migrantes para poder rastrear cuántos atraviesan el Tapón día tras día, lo cual permitiría evaluar la migración y coordinar de mejor forma con el gobierno de Panamá. En agosto de 2021,2 los gobiernos de Panamá y Colombia llegaron a un acuerdo: las autoridades colombianas deberán registrar a quienes viajen en lancha desde Necoclí y Panamá aceptará hasta 500 migrantes por día (aunque el número actualmente es más bajo). Sin embargo, hay algunas discrepancias entre la cantidad de personas que viajan desde Necoclí y los que están registrados en Panamá. Las organizaciones de derechos reportan que, en Panamá, aproximadamente entre 300 y 500 personas llegan a la brecha todos los días. Estas cifras son mucho más altas que las que se reportan desde Necoclí. A pesar de que podría haber múltiples motivos por la discrepancia, está claro que los funcionarios colombianos no están registrando el alcance total de los flujos migratorios que atraviesan el Tapón.

Panorama regional Coordinación

Colombia-Panamá-Estados Unidos

Panamá y Colombia, con apoyo de los Estados Unidos, deberían trabajar en conjunto para desviar a los migrantes del Tapón para llevarlos a rutas más seguras.

Actualmente, a los migrantes se les fuerza a atravesar la selva debido a que las políticas panameñas limitan los lugares donde los migrantes pueden entrar y recibir apoyo humanitario. Anteriormente, los migrantes tomaban una ruta por la frontera controlada por la agencia fronteriza de Panamá, SENAFRONT, pero muchos eran deportados por las autoridades de migración panameñas. Ahora los migrantes deben atravesar la selva para llegar a las Estaciones de Recepción Migratoria (ERM) en Bajo Chiquito y Lajas Blancas, donde SENAFRONT y el Servicio Nacional de Migración registra a los migrantes y estos reciben ayuda humanitaria. Migración Colombia le indicó a Refugees International que la ruta marítima para entrar a Panamá sería mucho más rápida y segura si se gestionara mejor. Los migrantes podrían registrarse en el puerto de entrada de La Miel o en Puerto Obaldía y luego ir en lancha hasta otro punto de Panamá para evitar el Darién. Sin embargo, Panamá no recibe a nadie que ingrese desde La Miel o Puerto Obaldía o desde otros puntos de entrada marítimos. De acuerdo a las entrevistas con organizaciones de derechos, esto se debe a que el gobierno de Panamá carece del presupuesto o la capacidad para cumplirlo. Este es un cambio de política que requeriría, y debería recibir, apoyo del gobierno de los Estados Unidos y de otros donantes.

Los Estados Unidos le da capacitaciones y millones de dólares anuales a SENAFRONT. Estos fondos en su mayoría financian equipamiento y recolección de datos biométricos. En 2021, Panamá creó una rama humanitaria de SENAFRONT conocida como la Unidad de Seguridad Fronteriza Humanitaria (USFROH). Esta unidad tiene, entre otras, la tarea de proveer primeros auxilios y asistencia humanitaria a las personas perdidas en la selva. Sin embargo, los Estados Unidos recientemente firmó dos acuerdos bilaterales con Costa Rica y Panamá cuyos contenidos todavía no se han hecho públicos, más en el lenguaje de las declaraciones de prensa de estos acuerdos se menciona el asegurar las fronteras. Tratar de prevenir la migración con esfuerzos de seguridad fronteriza y controles de visa solamente pondrá en peligro y abandonará a los migrantes o llevará a las personas desplazadas a caer en manos de traficantes.

En mayo de 2022, Refugees International habló con dos mujeres venezolanas que fueron detenidas en un puesto de control de inmigración en la frontera Panamá-Costa Rica y a quienes no se les permitió cruzar hacia territorio costarricense. Asimismo, los funcionarios panameños no les permitieron regresar a Panamá. Otros dormían en las calles de Costa Rica por desconocimiento de los albergues disponibles o tenían poco dinero para viajar por Nicaragua o el norte de Centro América y México.

También está la gran pregunta de qué les pasa a quienes logran cruzar el Tapón de Darién. Consiguientes entrevistas con quienes cruzaban revelaron que la mayoría no estaban informados sobre albergues o apoyo humanitario en la ruta migratoria hacia el norte y muchos tenían miedo de las autoridades y de ser deportados mientras viajaban por Centro América y México.

Controles de visa

La mayoría de los países de la región forman parte de la Declaración de Cartagena, bajo la cual los venezolanos deberían tener derecho a estatus de refugiados, pero los controles de visa en la región les impiden acceder a esta protección.

En 2021, por presiones de parte del gobierno de los EE. UU. para detener el flujo de venezolanos que llegaba a su frontera sureña, México implementó restricciones de visa para los venezolanos. Esto les impidió a muchos venezolanos volar directamente hacia México, donde la regla ampliada de Cartagena se utiliza para evaluar sus solicitudes de asilo.

En efecto, los controles de visa establecidos actualmente les impiden a los venezolanos acceder a rutas migratorias más seguras y a protecciones en Panamá y Costa Rica, ambos países parte de la Declaración de Cartagena. Panamá tiene requisitos de visa para los venezolanos: para adquirir una visa panameña los venezolanos deben pagar $60 dólares por una cita en el Consulado. En la cita deben presentar pasaporte válido por al menos tres meses, pruebas de reserva de vuelo con una aerolínea, prueba de solvencia económica, prueba de residencia, prueba de empleo y reservas de hotel. Esos requisitos son imposibles de cumplir para la mayoría de los venezolanos y los llevan a caer en manos de traficantes. Los migrantes que entran a Panamá por tierra pueden acceder a la política conjunta Panamá-Costa Rica que permite el tránsito seguro de los migrantes de Panamá a Costa Rica, pero deben pagar por el boleto de autobús y no pueden permanecer en Panamá por corto o largo plazo sin una visa. Además, aunque Costa Rica tiene una categoría especial y temporal de protección complementaria para los migrantes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, desde el 21 de febrero de 2022, Costa Rica también les impuso un requisito de visa a los venezolanos.

Trabajar por compartir una responsabilidad regional

La firma de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección y los anuncios sobre políticas relacionadas en la Cumbre de las Américas señalan que los países de la región están comprometidos a trabajar en conjunto para proteger a los migrantes en lugares como el Darién, ayudarlos a integrarse en países de acogida como Colombia y darles rutas legales alternativas hacia otros países. Por ejemplo, los Estados Unidos se comprometió a reasentar a 20.000 refugiados de América durante los años fiscales 2023 a 2024, a dar apoyo adicional a los mecanismos de respuesta a crisis de migración y a financiar 314 millones USD para la Oficina de Población del Departamento de Estado de EE. UU. y los esfuerzos de estabilización de las agencias de Migración (PRM) y de los EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) en América.

Refugees International ha recomendado por mucho tiempo aumentar la financiación para apoyar la integración en Colombia. No obstante, lo que nos queda claro de las entrevistas llevadas a cabo en Necoclí y Capurganá es que algunas personas sienten que no pueden sobrevivir o prosperar en Colombia y planean ir a los Estados Unidos u otros países de la región para reunirse con sus familias o encontrar trabajo digno. Proveerle más dinero a Colombia puede ayudar a los venezolanos a integrarse, pero no detendrá del todo la migración de venezolanos por el Tapón y no tendrá impacto sobre los migrantes de otros países. Es incluso más importante que la financiación de la gestión migratoria en Colombia no inhiba a las personas de migrar a otros países que han recibido a muchos menos venezolanos.

Los compromisos de otros países de la región en la Cumbre de las Américas son un indicio positivo de este compartir de la responsabilidad. Ecuador publicó un decreto ejecutivo que crea una ruta al estatus migratorio regular para venezolanos que entraron al país de manera regular vía un puerto o una entrada oficial pero que actualmente carecen de este estatus. Costa Rica se comprometió a renovar esta protección temporal especial complementaria para migrantes de Venezuela, Nicaragua y Cuba que hayan entrado antes del 2020. México integrará a 20.000 refugiados reconocidos al mercado laboral mexicano durante los siguientes tres años. Estas políticas ayudarán a proteger e integrar a los venezolanos que ya se encuentran en Ecuador, Costa Rica y México, pero no son suficientes para abordar la migración en el Darién. Los programas de tránsito seguro y las rutas legales adicionales son componentes cruciales en la respuesta regional al desplazamiento venezolano y ante la migración de otros países que no sean Venezuela. Los países de la región, incluyendo a los Estados Unidos, asimismo deben acabar con políticas problemáticas como los regímenes de visado y las restricciones de acceso al asilo.

Recomendaciones

Para mejorar las condiciones humanitarias para los migrantes en el Golfo de Urabá:

• El municipio de Necoclí debería utilizar el Puesto de Mando Unificado (PMU) para hacer acuerdos con hoteles para estadías de corto plazo para los migrantes. El municipio también debería trabajar con las organizaciones religiosas locales y con la comunidad humanitaria internacional para establecer albergues públicos para migrantes.
• Las organizaciones de la ONU y los municipios de Necoclí y Capurganá deben coordinarse con las iglesias de la comunidad para poder dar apoyo humanitario más robusto a los migrantes.
• Las organizaciones de la ONU deben dar más capacitaciones y apoyo de capacidad al municipio de Necoclí para poder responder a las necesidades humanitarias de las personas desplazadas. Mientras tanto, las organizaciones de la ONU deben ampliar el apoyo a los migrantes, especialmente para la nutrición y la protección infantil. Una vez que esté capacitado de forma apropiada, el municipio de Necoclí debe trabajar para desarrollar una respuesta propia para los migrantes aparte de depender de que las oenegés internacionales se ocupen de esa responsabilidad.
• El gobierno de Colombia debería establecer un mecanismo de remisión desde Migración Colombia a la Comisaría de Familia, UNHCR y UNICEF en los casos de niños sin acompañamiento registrados en el muelle antes de abordar las lanchas a Capurganá. UNICEF debe emplear personal permanente en Necoclí para identificar y dar apoyo a los niños sin acompañamiento en la zona.
• La Comisaría de Familia debería ampliar sus funciones para incluir un representante para las familias migrantes que interceda en casos de violencia de género y violencia intrafamiliar.
• La Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los EE. UU. debería destinar parte de su nueva financiación humanitaria hacia las organizaciones humanitarias internacionales que trabajan en el Golfo de Urabá e incluir más apoyo para nutrición y salud.
• Migración Colombia debería aumentar sus operaciones en Capurganá para que pueda registrar a todos los migrantes, darles información sobre los peligros de cruzar el Tapón del Darién y coordinarse de mejor forma con las autoridades panameñas.

Para expandir la protección y crear rutas alternativas para los migrantes en la región:

• El gobierno panameño debería establecer Estaciones de Recepción Migratoria (ERM) en La Miel y Puerto Obaldía y trabajar con la OIM para dar transporte humanitario por Panamá hacia la frontera de Costa Rica.
• El gobierno de los EE. UU. debería utilizar la financiación que le da a SENAFRONT y al gobierno de Panamá para apoyar el establecimiento de un ERM más cercano a la frontera colombiana y para facilitar transporte directo desde ahí hasta la frontera costarricense.
• Panamá, Colombia y los Estados Unidos deben trabajar en conjunto para proveer justicia a los migrantes que son víctimas de delitos mientras cruzan el Tapón. La USFROH de Panamá y Migración Colombia de Colombia deberían establecer mecanismos a través de los cuales los migrantes puedan reportar delitos y canalizarlos en sus respectivos sistemas de justicia. El gobierno de los EE. UU. debería continuar su financiación a USFROH para buscar a los migrantes desaparecidos y sus restos en el Tapón.
• Los gobiernos de la región deberían dar fin a los requisitos de visa para los venezolanos, dado que la mayoría no podrá cumplirlos dado a la incapacidad de acceder a documentos venezolanos viables (por ejemplo, un pasaporte) o solicitar estos trámites en consulados en Venezuela.
• Panamá y México deberían darles a los venezolanos una residencia temporal similar al ETPV de Colombia, lo cual reduciría la migración irregular y la explotación de venezolanos en países de Centro América y México.
• Los gobiernos de la región, incluyendo a los Estados Unidos, deberían acordar reasentar mayores números de personas desplazadas desde países de la región como Cuba, Nicaragua y Haití. Asimismo, deberían crear rutas laborales (que saquen a los migrantes de la irregularidad y les permitan contribuir a las economías de la región) y programas de reunificación familiar (para que los migrantes de la región se puedan reunir con sus familiares).