Redes de Solidaridad de Personas LGBTQ+ Desplazadas: ¿Cómo Estados Unidos puede apoyar a las organizaciones lideradas por personas LGBTQ+ en Centroamérica y México?

Introducción

Frecuentemente, las personas LGBTQ+ que provienen de los países de América Central enfrentan un mayor riesgo de sufrir violencia y discriminación, y miles han huido de sus países de origen en búsqueda de protección internacional. Si bien Estados Unidos continúa siendo un destino importante para las personas LGBTQ+ desplazadas, cada vez más de estas personas se dirigen a otros países de la región para buscar protección. Los sistemas de protección en la región están mejorando, pero necesitan fortalecerse. Las organizaciones civiles dirigidas por personas de las poblaciones LGBTQ+ en América Central suelen liderar la operación de estos sistemas, al brindar protección, apoyo y defensa legal para y en representación de las personas LGBTQ+ en sus países de origen, durante su desplazamiento y en los países de destino.

En el otoño de 2021, Refugees International y el Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica (IRCA CASABIERTA), una asociación civil con sede en Costa Rica que brinda servicios a migrantes solicitantes de asilo y refugiados LGBTQ+, mantuvieron 15 reuniones de consulta con diversas asociaciones civiles de El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, México, Costa Rica y Panamá. Estas organizaciones brindan servicios a personas LGBTQ+, y son lideradas por personas de esta población. El objetivo de las reuniones fue discutir los desafíos que enfrentan las organizaciones lideradas por personas LGBTQ+ en sus respectivos países para brindar servicios a estas personas.

Los resultados de las reuniones brindaron una hoja de ruta sobre cómo la administración Biden puede desempeñar un papel de apoyo muy importante para las organizaciones en la región. Los hallazgos sugieren formas concretas en que Estados Unidos (EE. UU.) puede apoyar los derechos de las personas LGBTQ+ a través de su “Estrategia de gestión migratoria colaborativa” que prioriza el trabajo con organizaciones internacionales y gobiernos regionales para proteger a los grupos marginalizados. También hay formas de apoyar a las personas LGBTQ+ desplazadas a través de la iniciativa de USAID para empoderar a las organizaciones locales en El Salvador, Guatemala y Honduras para abordar las causas del desplazamiento forzado. Si bien el acceso al asilo y otras alternativas legales para personas LGBTQ+ en EE. UU son de suma importancia, también lo es que el gobierno impulse una responsabilidad compartida en la región que se enfoque en la protección de los grupos en condición de vulnerabilidad. Las órdenes ejecutivas de la administración Biden y la emisión de nuevas políticas ofrecen una oportunidad para que el gobierno de EE. UU. invierta significativamente en la protección de las personas LGBTQ+ que se encuentran desplazadas en la región.

Conceptos*:

Identidad de género: El sentido de una persona de ser masculino, femenino u otro género.

LGBTQ+: Acrónimo de “lesbiana, gay, bisexual, transgénero y queer”.

No-binario: Una persona variante de género cuya identidad de género no es ni masculina ni femenina, está fuera de un marco de género binario.

Intersexual: Término general que describe a las personas nacidas con anatomía sexual o reproductiva y/o patrón cromosómico que queda fuera del binario masculino/femenino.

Transgénero: Un término general para las personas cuya identidad de género y/o expresión de género difiere de lo que normalmente se asocia con el sexo que se les asignó al nacer.

Trans: se usa como abreviatura para referirse a transgénero o, a veces, para incluir una amplia variedad de identidades bajo el paraguas transgénero.

*Obtenidos del “GLAAD Media Reference Guide

Amenazas a las personas LGBTQ+ en Centroamérica y la importancia de las organizaciones de la sociedad civil LGBTQ+

Desde México hasta Panamá, las personas LGBTQ+ enfrentan distintas amenazas y desafíos. En países expulsores de personas migrantes como Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, muchas personas LGBTQ+ se desplazan debido a la violencia, la discriminación y la inseguridad que amenaza sus vidas y su bienestar. En países como Panamá, Guatemala y México, las personas LGBTQ+ en movimiento corren un mayor riesgo de robo, asalto, asesinato y secuestro porque a menudo viajan sin compañía, sin un transportista, pollero o guía, además de que son objetivos más visibles para los delincuentes, grupos o autoridades corruptas. Una vez que llegan a los países de destino como Costa Rica, México y, cada vez más, Panamá, las personas LGBTQ+ pueden encontrar una relativa seguridad, pero enfrentan barreras adicionales para acceder a la protección internacional y para integrarse, lo que refleja las diversas necesidades de las personas LGBTQ+.

Las organizaciones locales conformadas y dirigidas por personas LGBTQ+ son parte integral del bienestar e, incluso, de la supervivencia de las personas LGBTQ+ desplazadas. Estas organizaciones permiten que las personas LGBTQ+ accedan a redes de apoyo más amplias, además de que brindan servicios especializados que hacen visibles las diferentes necesidades de las personas LGBTQ+. Estas organizaciones satisfacen necesidades básicas como alimentos, ropa y materiales de higiene, además de ofrecer espacios seguros y libres de discriminación. Las organizaciones lideradas por LGBTQ+ también representan importantes esfuerzos de promoción en sus respectivos países e impulsan políticas más inclusivas hacia las personas desplazadas en la región.

Desafíos comunes para las organizaciones lideradas por LGBTQ+ de México a Panamá

La situación de las organizaciones lideradas por LGBTQ+ varía según el país, al igual que sus roles en la región dependiendo de si se operan en países de origen, tránsito, destino y/o alguna combinación de ambos. Si bien el contexto de cada país es único, existen puntos en común que es importante resaltar, ya que pueden proporcionar una guía para el diseño de políticas regionales. Esta sección describe los desafíos generales que enfrentan las organizaciones LGBTQ+ al brindar servicios a las personas LGBTQ+ desplazadas.

Financiamiento para Organizaciones Locales

Un desafío importante para todas las organizaciones locales consultadas es la falta de recursos para servicios como asesoría, atención médica y espacios seguros para las personas LGBTQ+. En los países del norte de América Central, los líderes de las organizaciones señalaron que los recursos económicos se obtenían a través de los gobiernos, en los que no se podía confiar para financiar las organizaciones. También señalaron que el apoyo financiero de EE. UU. se distribuye a través de socios implementadores que recibieron la mayor parte de los fondos y canalizaron solo pequeñas cantidades a organizaciones locales. Si bien la mayoría de estas organizaciones reconocieron que eran demasiado pequeñas para recibir los mismos niveles de financiamiento que los contratistas del gobierno, manifestaron su capacidad para absorber más de lo que reciben actualmente, lo que les ayudaría a expandir sus organizaciones. También pueden recibir recursos para el desarrollo de capacidades, como capacitaciones e intercambios técnicos que les permitan estar mejor preparados para realizar su trabajo.

En países como Costa Rica y Panamá, los representantes estaban menos preocupados por la corrupción, pero sentían que la comunidad internacional ignoraba sus necesidades porque sus países eran percibidos como estables y de ingresos medios. Señalaron que era muy difícil mantener la operación de sus organizaciones sin más apoyo de la comunidad internacional, y que la financiación es prioritaria para los países del norte de Centroamérica. De hecho, Estados Unidos anunció en abril de 2021 que 310 millones de dólares se destinarán a los países del norte de Centroamérica para asistencia relacionada con el desarrollo y la migración. En comparación, Costa Rica recibió alrededor de 8 millones para programas para migrantes en el país.

Las organizaciones nicaragüenses estaban más preocupadas por recibir dinero no vinculado al gobierno. El estado nicaragüense supervisa cualquier financiamiento internacional que vaya a las organizaciones locales. Debido a estas medidas restrictivas, los líderes subrayaron lo difícil que era para las organizaciones no gubernamentales en Nicaragua recibir financiamiento internacional. También les preocupaba ceder información personal al gobierno, ya que las organizaciones que reciben fondos internacionales deben estar registradas ante el gobierno. Guatemala y Honduras han aprobado leyes similares, y El Salvador podría implementar una ley que establezca un impuesto del 40 por ciento sobre el financiamiento extranjero.

Las restricciones para el acceso y ejercicio de fondos limitan severamente el alcance de las organizaciones, y muchas solo pudieron atender a una pequeña cantidad de personas LGBTQ+ al día. Muchas organizaciones declararon que les gustaría expandir sus operaciones para incluir albergues (para aquellos que no los tienen), aumentar el personal y ofrecer una gama más amplia de servicios, pero que la falta de fondos les impidió expandirse. Dado que estas organizaciones son tan cruciales para el bienestar, la seguridad y el éxito en la protección de las personas LGBTQ+ desplazadas, es esencial que estas organizaciones reciban los fondos suficientes para llevar a cabo estas acciones de manera sostenible.

Defensores de los derechos LGBTQ+ en la mira

Otro punto importante de preocupación para los líderes de las organizaciones LGBTQ+ en la región son los riesgos que ellos y los miembros de sus organizaciones enfrentan en la realización de sus objetivos. Muchos líderes conocen de casos de colegas o amigos que fueron agredidos o asesinados por su trabajo. Los líderes expresaron su preocupación de no poder continuar con su labor por temor a que pudieran ser “los siguientes”. Estos riesgos fueron más notables en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Una organización en Honduras declaró que, según sus propias investigaciones, ocho de cada diez personas LGBTQ+ que entrevistaron quería huir de Honduras por cuestiones de seguridad. Los representantes en Honduras también señalaron que la violencia policial contra los líderes de sus organizaciones era motivo de especial preocupación, así como el enjuiciamiento por violaciones de derechos humanos.

Según la Coalición Contra la Impunidad, conformada por un grupo de diversas organizaciones de la sociedad civil para combatir la impunidad, existe una “política policial de amenazas frecuentes, detenciones arbitrarias, hostigamiento, abuso sexual, discriminación, tortura y tratos crueles o degradantes”. Como resultado, muchos activistas vulnerables se resisten a pedir protección por temor a que el contacto con la policía los exponga a mayores riesgos de seguridad o represalias. En una semana en 2021 en Guatemala, tres personas LGBTQ+ fueron asesinadas: dos mujeres transgénero y un hombre gay, incluido un destacado activista de una organización de derechos trans. Fundadores de organizaciones en El Salvador y Nicaragua buscaron protección internacional en otro país debido a la violencia.

En Nicaragua, mientras las personas LGBTQ+ enfrentan mayores niveles de violencia y discriminación por parte de la sociedad, una de las principales preocupaciones de los representantes de las organizaciones es la persecución de los activistas por parte del régimen de Ortega, así como la violencia que enfrentan los activistas LGBTQ+ en el país. Los activistas LGBTQ+ nicaragüenses que se oponen al gobierno son, en su mayoría, el objetivo de las élites, los partidarios del gobierno y la policía, y enfrentan una grave represión política en Nicaragua. Los nicaragüenses LGBTQ+ que son encarcelados, frecuentemente enfrentan castigos más severos que las personas no LGBTQ+. Las organizaciones manifestaron tener dificultades para operar públicamente por temor a la discriminación o la persecución.

Los entrevistados en Panamá afirmaron que fueron “invisibilizados” e “ignorados” por las autoridades cuando intentaron combatir prácticas nocivas como los toques de queda por motivos de género. También indicaron que la raza y la clase estaban entrelazadas con los niveles de discriminación que enfrentaban las personas LGBTQ+ en el país, por lo que los líderes negros, indígenas y LGBTQ pobres corrían un mayor riesgo de maltrato y marginación que sus contrapartes más blancas y ricas.

Mayores riesgos para las personas transgénero

Otro desafío que surgió en las discusiones con las organizaciones LGBTQ+ en la región fue la vulnerabilidad de las personas trans, especialmente las mujeres trans, y la necesidad de programas que se adaptaran a las necesidades específicas de las personas transgénero.

Las personas trans se enfrentan a una mayor violencia en los países de origen y durante el desplazamiento. En los países de destino con tasas de violencia más bajas, las personas trans enfrentaron tasas más altas de violencia y discriminación. Las organizaciones afirmaron que las personas trans son más notorias y, por lo tanto, más vulnerables a ser víctimas de delitos de odio. Las mujeres trans son un objetivo particular debido a los estereotipos culturales y el estigma en torno a la feminidad, así como las altas tasas de violencia de género que las mujeres suelen enfrentar. Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil señalaron que el acceso a documentos era un foco de preocupación, particularmente en países donde no había leyes que permitieran cambios en las cédulas de identidad que coincidieran con la expresión de género, que es el caso de todos los países de la región a excepción de Costa Rica. Como resultado, es especialmente difícil para las personas trans encontrar empleo, y muchas de ellas se ven obligadas a acudir al comercio sexual o sexo por sobrevivencia, para cubrir sus necesidades básicas.

Pandemia de COVID-19

Los representantes de las organizaciones señalaron que los efectos secundarios de la pandemia de COVID-19 (como toques de queda, cierres de negocios, economías en contracción, etc.) limitaron la capacidad de las personas LGBTQ+ para encontrar un trabajo digno y limitaron la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para brindar servicios.

La pandemia obligó a muchas personas LGBTQ+ a trabajar en entornos más precarios y llevó a muchos a buscar trabajo en el sector informal. Para las personas desplazadas de los países del norte de Centroamérica que se encuentran en otros países de la región, obtener un trabajo formal en los países de acogida ha sido un desafío durante mucho tiempo, ya que los niveles de educación de las personas de Guatemala, Honduras y El Salvador son generalmente más bajos. Los entrevistados afirmaron que algunas personas LGBTQ+ recurren al comercio sexual si no pueden encontrar un empleo formal y que, incluso, encontrar trabajo como trabajadoras sexuales fue difícil durante la pandemia, lo que dejó a muchas con pocas opciones para ganar dinero.

En algunos casos, la pandemia generó afectaciones a las personas LGBTQ+ por parte de las autoridades. Por ejemplo, en Panamá se asignaron diferentes días para salir de sus hogares a hombres y mujeres lo que colocó a las personas LGBTQ+, especialmente a personas transgénero y no conformes con el género, en riesgo de ser castigadas por la policía por violar las medidas sanitarias. En El Salvador, los representantes afirmaron que, si bien las tasas de homicidios habían disminuido, durante la pandemia muchas personas LGBTQ+ tuvieron que permanecer en sus hogares con sus agresores, lo que les impidió escapar de la violencia familiar.

Debido a la creciente precariedad que enfrentaron las personas LGBTQ+ durante la pandemia, era esencial que las organizaciones continuaran con sus operaciones para apoyar a los miembros de su comunidad en un momento de gran necesidad. Sin embargo, los miembros de estas organizaciones se encontraban sujetos a restricciones en el acceso y ejercicio de recursos financieros, así como a políticas de género discriminatorias que dificultaban su operación. La mayoría de las organizaciones no recibieron fondos de ayuda o recuperación de COVID-19.

Falta de espacios seguros y albergues

A nivel macro, la capacidad de alojamiento para migrantes y solicitantes de asilo es limitada en Centroamérica y México. Sin embargo, hay incluso menos albergues que atienden las necesidades específicas de las personas LGBTQ+ y, los que lo hacen, a menudo no tienen suficiente personal ni fondos. En el caso de Costa Rica y Panamá, no existen albergues que atiendan específicamente las necesidades LGBTQ+. La red de albergues LGBTQ+ de México es más sólida, pero los servicios varían mucho según el estado.

Los albergues suelen estar a cargo de organizaciones dirigidas por iglesias o pequeñas organizaciones civiles que tienen recursos limitados o que, incluso discriminan a las personas LGBTQ+. En entrevistas realizadas por IRCA CASABIERTA y Refugees International, las personas afirmaron que los refugios religiosos “nunca aceptarían verdaderamente a las personas LGBTQ+”. También señalaron que los albergues podrían no ayudar a las mujeres trans, alegando que no eran “mujeres reales” y, por lo tanto, no podían permanecer en los albergues para mujeres. Otros afirmaron que las personas LGBTQ+ son expulsadas de los albergues por ejercer el trabajo sexual a altas horas de la noche. En algunos casos, a las personas LGBTQ+ se les impide ingresar a los refugios, se las obliga a permanecer en áreas comunes durante el día o en áreas para dormir segregadas por sexo donde las personas LGBTQ+ pueden sufrir acoso o maltrato por parte de otras personas migrantes. En algunos casos, las organizaciones declararon que hay habitaciones designadas para personas LGBTQ+, donde se aloja a las LGBTQ+ independientemente de su identidad de género o nivel de comodidad.

La administración y el personal de los albergues que no están familiarizados con las necesidades de las personas LGBTQ+ a veces reciben capacitación sobre estos temas de parte de organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Estas capacitaciones son importantes, pero los representantes sugirieron que deberían realizarse junto con organizaciones locales que abogan por los derechos LGTBQ+. Además, existe una urgente necesidad de apoyo psicosocial en albergues y servicios para víctimas de violencia sexual y de género. Si bien algunos albergues ofrecen estos servicios, los recursos y la capacidad técnica pueden ser limitados y el personal no está capacitado para la atención de necesidades específicas de personas LGBTQ+.

El rol de la religión

Los entrevistados estaban muy preocupados por el impacto que el ascenso y la influencia política de movimientos religiosos muy conservadores, a menudo de la comunidad evangélica ha tenido en los derechos LGBTQ+. Si bien algunas organizaciones religiosas están a la vanguardia en la atención a las personas LGBTQ+ desplazadas, el sentimiento anti-LGBTQ+ basado en la religión en el gobierno es un desafío. Las organizaciones se centraron particularmente en las políticas anti-LGBTQ+ y la retórica de los políticos, particularmente a nivel federal, que alimentan la discriminación y las percepciones negativas de las personas LGBTQ+. Asimismo, señalaron que las autoridades no tienen la voluntad de proteger y respetar a las personas trans.

Los activistas y las organizaciones LGBTQ+ están a la vanguardia de la lucha por la inclusión política, social y económica en sus respectivos países, pero son frecuentemente rechazados o excluidos por los políticos evangélicos que se oponen a realizar los cambios necesarios en pro de los derechos LGBTQ+. En los últimos años ha habido un porcentaje creciente de partidos políticos ultraconservadores en las legislaturas nacionales de muchos países de Centroamérica. Esta mayor representación les da más poder para impulsar políticas represivas con poca resistencia en contra de personas LGBTQ+.

Acceso a servicios de salud

Los representantes de la organización liderada por LGBTQ+ declararon que brindar atención médica a las personas LGBTQ+ desplazadas era difícil en muchos contextos. Si bien la atención médica para las personas LGBTQ+ no se limita a la atención del VIH o la salud reproductiva, estos dos derechos fueron de gran preocupación para los representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Para las personas desplazadas en tránsito o que llegan a los países de acogida, navegar por los sistemas de salud extranjeros representa desafíos adicionales. Para que accedan a la atención médica esencial fuera de su país de origen, las personas LGBTQ+ en tránsito deben estar acompañadas por organizaciones internacionales y ser canalizadas por personas LGBTQ+.

La mayoría de los representantes de organizaciones afirmó que acceder a los sistemas de salud para recibir medicamentos contra el VIH y otros servicios de salud puede ser muy difícil por diversas razones, incluida la discriminación, la falta de información sobre los servicios disponibles, la falta de documentación (especialmente para las personas en tránsito) o la capacidad limitada de programas sociales para brindar servicios a bajo costo o gratuitos. Si bien en muchos países la ley prohíbe la discriminación en el acceso a servicios de salud, la discriminación existe y la sociedad civil debe actuar como defensora e interlocutora de las personas LGBTQ+ que buscan servicios de salud.

Apoyo a los Servicios de Integración para Solicitantes de Asilo y Refugiados LGBTQ+

México, Costa Rica y, cada vez más, Panamá son países de destino de personas LGBTQ+ desplazadas. En 2021, México superó por primera vez las 100.000 solicitudes de asilo en un año y el sistema de asilo se encuentra bajo una presión significativa. Desde 2018, Costa Rica ha recibido más de 125.000 solicitudes de estatus de refugiado. Según el Departamento de Estado de EE. UU., la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados de Panamá (ONPAR) tiene un atraso de más de 15.000 casos y generalmente aprueba solo el 1 por ciento de las solicitudes de asilo. Si bien los sistemas de asilo y refugio de cada país varían mucho (el de Costa Rica es el más avanzado, mientras que el de Panamá es bastante subdesarrollado), los representantes de la sociedad civil de cada país coincidieron en la importancia de promover la integración de los solicitantes de asilo y refugiados.

Un representante de Costa Rica señaló que era crucial que las organizaciones en los países de recepción tuvieran apoyo para brindar la “trilogía para el desarrollo”, que consiste en el acceso al trabajo, la atención médica y la educación. Las limitadas oportunidades de empleo formal son una de las barreras más importantes que enfrentan las personas LGBTQ+ en su integración. Lo anterior, debido a que la discriminación, la falta de documentos de identidad y, en muchos casos, los desafíos en el sistema de asilo retrasan el acceso a otros documentos clave, como el acceso a visas o cédulas de identidad. Por ejemplo, representantes entrevistados por Refugees International e IRCA CASABIERTA indicaron que Panamá es un país al que muchos solicitantes de asilo LGBTQ+ querrían ir, dada su economía y seguridad. Sin embargo, es muy difícil obtener un estatus migratorio o trabajo formal en el país. Sólo las personas desplazadas que obtienen la condición de refugiado tienen derecho a trabajar en Panamá. Una organización mencionó el caso de una mujer trans que esperó dos años para recibir el estatus de refugiada, pero que aún no había recibido el permiso de trabajo. El burocrático sistema de protección de Panamá y los recientes aumentos en las solicitudes de asilo hacen que solicitar protección en Panamá no sea una opción viable para la mayoría de las personas LGBTQ+.

Según las organizaciones LGBTQ+, en México, el nivel de servicios disponibles para los solicitantes de asilo y refugiados LGBTQ+ varía mucho entre los diferentes estados. Por ejemplo, las organizaciones señalaron que la Ciudad de México brindará los servicios médicos para solicitantes de asilo LGBTQ+ y personas migrantes que viven con el VIH. Sin embargo, estos servicios no siempre están disponibles en los estados con más población rural. Las organizaciones de la sociedad civil cuentan con varias buenas prácticas para atender la necesidad de los solicitantes de asilo LGBTQ+, incluido el seguimiento de casos individuales de asilo para garantizar que tengan acceso a derechos, trabajo y conocimiento de su caso. Sin embargo, persisten los problemas de financiamiento y capacidad para programas como estos, particularmente en los estados más pobres.

Personas desplazadas internas

Finalmente, varias personas entrevistadas mencionaron el tema del desplazamiento interno de personas LGBTQ+. En Honduras, una ley que reconoce el desplazamiento interno se presentó ante el Congreso en 2019, pero aún no se ha aprobado, y no existen mecanismos para monitorear el desplazamiento interno, ni para desagregar esos datos y determinar quiénes fueron desplazados por su orientación sexual o identidad de género. Algunas organizaciones ayudaron a reubicar internamente a personas LGBTQ+ que fueron víctimas de violencia, pero estos programas especializados son escasos y reciben poca financiación por parte del gobierno o de donantes internacionales. Representantes guatemaltecos señalaron que hay muy pocas organizaciones que atienden específicamente a un amplio espectro de personas LGBTQ+ desplazadas, y que atienden a un amplio conjunto de personas LGBTQ+, incluidos guatemaltecos desplazados internos, guatemaltecos retornados y personas desplazadas que transitan por Guatemala desde otros países. La diversa gama de necesidades sobrepasa a las organizaciones.

Conclusión

Las personas LGBTQ+ desplazadas a menudo corren un mayor riesgo de violencia y persecución y necesitan apoyo. Incluir a las personas LGBTQ+ en los planes regionales de protección garantiza que los sistemas en la región sean más sólidos e incluyan diversas necesidades. Las organizaciones de la sociedad civil, en particular las dirigidas por personas LGBTQ+, están a la vanguardia en la prestación de servicios significativos, inclusivos y que salvan vidas a las personas LGBTQ+ desplazadas, pero necesitan recursos y políticas más integrales para continuar con el trabajo que realizan. Las órdenes ejecutivas de la administración Biden y la emisión de nuevas políticas presentan una oportunidad para que el gobierno de los EE. UU. invierta significativamente en la protección de las personas LGBTQ+ en movimiento en la región. Esto no debería suplantar las propias obligaciones internacionales del gobierno de los EE. UU. de proporcionar asilo a quienes califiquen, pero señalaría un compromiso de priorizar la protección de las comunidades en riesgo que están siendo desatendidas en la gestión de la migración regional.

Recomendaciones

A la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID):

  • La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional debería utilizar su nuevo programa Iniciativa Local de Centroamérica para invertir directamente en organizaciones lideradas por LGBTQ+ en los países del norte de Centroamérica. Asimismo, podrá brindar apoyo a las personas LGBTQ+ para prevenir el desplazamiento forzado y apoyar a los retornados y desplazados internos. Esta iniciativa debería asegurar que una cantidad sustancialmente mayor de fondos se dirija a las organizaciones locales. También debería proporcionar apoyo para la creación de capacidad a las organizaciones civiles más pequeñas.
  • Si bien la participación en el norte de Centroamérica es de importancia crítica, este informe demuestra que México y el resto de Centroamérica podrían beneficiarse enormemente de la financiación de las organizaciones locales, incluyendo a los países receptores. Una nueva estrategia también debería incluir países de tránsito y de acogida como México, Panamá y Costa Rica.
  • Si bien el financiamiento para Nicaragua plantea varios desafíos, las actividades regionales de USAID brindan asistencia para el VIH a Nicaragua. Estos programas deben ampliarse y asociarse con organizaciones dirigidas por LGBTQ+, que pueden difundir mejor la información y acompañar a las personas LGBTQ+ que buscan acceder a estos servicios.
  • Al proporcionar fondos de recuperación de COVID, se incluya un apoyo específico para organizaciones lideradas por LGBTQ+ que brinden servicios a personas desplazadas. Proporcionar fondos específicos para la expansión de la capacitación laboral LGBTQ+ y los programas de búsqueda de empleo para personas LGBTQ+ retornadas y desplazadas internas.

Al Departamento de Estado de los Estados Unidos:

  • Bajo la Estrategia de gestión migratoria colaborativa priorizar el financiamiento para albergues administrados por personas LGBTQ+ y proporcionar financiamiento para organizaciones que brinden capacitación a trabajadores de refugios especializados no LGBTQ+.
  • Brindar apoyo a programas que se especializan en integración, incluyendo programas de trabajo, servicios de asistencia legal, apoyo psicológico y servicios de salud para personas LGBTQ+ solicitantes de asilo y refugiados en Costa Rica, Panamá y México.
  • Apoyar el fortalecimiento del sistema de protección de Panamá a través del Marco Regional Integral de Protección y Soluciones (MIRPS).
  • Instar a los gobiernos del norte de Centroamérica a que adopten leyes de desplazamiento interno y apoyen programas que identifiquen y reubiquen a las personas LGBTQ+ desplazadas internamente.

A las ONG internacionales:

  • Ampliar y mantener alianzas con organizaciones lideradas por LGBTQ+ al brindar servicios personalizados a las personas LGBTQ+. Los programas y políticas diseñados para personas desplazadas LGBTQ+ pueden diseñarse con el apoyo de grupos locales liderados por LGBTQ+, y estos grupos pueden ayudar a brindar servicios a personas LGBTQ+ a través de asociaciones.
  • Llevar a cabo capacitaciones anuales para miembros del personal de organizaciones dirigidas por LGBTQ+ para ampliar y mejorar el conocimiento de sus miembros, así como la capacidad del personal para responder a las necesidades de las personas LGBTQ+ desplazadas.

A los Gobiernos Regionales:

  • Fortalecer el marco normativo para que los solicitantes de asilo y refugiados LGBTQ+ puedan tener sus documentos de identidad que reflejen el nombre elegido y la identidad de género, y con ello reducir la discriminación policial, ampliar las oportunidades de empleo y promover la inclusión.
  • Reconocer explícitamente y garantizar que todas las personas LGBTQ+ disfruten de los derechos humanos básicos contra la discriminación y otros abusos, como se describe en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y otros instrumentos y obligaciones de derechos humanos.
  • Crear más oportunidades para que los líderes LGBTQ+ participen en la formación de políticas migratorias en cada país, lo que incluye, entre otros, la nominación de miembros LGBTQ+ en puestos clave en el gobierno e invitar a organizaciones de la sociedad civil dirigidas por LGBTQ+ a participar en reuniones de consulta al formar estrategias gubernamentales en torno a cuestiones de desplazamiento.

LEYENDA DE FOTO: Miembros de una organización LGBTQ+ se dan la mano durante una protesta en frente del congreso salvadoreño en San Salvador,  El Salvador el 20 de abril, 2009