Los Recortes de Ayuda Internacional de Trump Agravan la Situación de las Personas Desplazadas en las Américas
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En sus primeros seis meses de gobierno la administración de Trump adoptó la política Making Foreign Aid Great Again alegando priorizar a los contribuyentes estadounidenses por encima del financiamiento a gobiernos extranjeros y organismos de las Naciones Unidas. La realidad es que estos recortes tienen poco impacto en el contribuyente promedio. La asistencia internacional representa menos del 1% del presupuesto federal pero afecta gravemente las capacidades de los sistemas de protección para personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes de la región.
Estados Unidos está abandonando una respuesta a la crisis en nuestro propio hemisferio y deshaciendo casi una década de progreso en la gestión del desplazamiento de millones de venezolanos y centroamericanos en cuestión de meses.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) brinda apoyo a distintos gobiernos fortaleciendo sus instituciones en la determinación de la condición de refugiados, financiando albergues y organizaciones locales, y promoviendo la integración de las personas refugiadas en los países de acogida. Sin embargo, seis meses después de la llegada de Trump al poder, la mayor parte del financiamiento del ACNUR -que provenía de Estados Unidos- desapareció repentinamente.
Los recortes de EE.UU. impactaron fuertemente a las Américas, región en la que esta Agencia de la ONU tuvo que reducir su personal nacional en 51% y su staff internacional en un 45%, además de eliminar programas de asistencia humanitaria. El ACNUR cerró sus oficinas en Guyana y hará lo mismo en Trinidad y Tobago. En Guyana, donde casi la mitad de la población vive en condiciones de pobreza, este cierre podría dejar a miles de solicitantes de asilo venezolanos sin acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, y dificultar aún más su integración local.
Refugees International conoce de primera mano qué sucede cuando las personas pierden acceso a estatus legal y a servicios básicos: viven en la informalidad, expuestas a la violencia y sin posibilidad de integración, lo que las obliga a tener que migrar nuevamente.
En Costa Rica, que cuenta con el sistema de asilo más robusto de Centroamérica y acoge alrededor de 250.000 refugiados y solicitantes de asilo -en su mayoría nicaragüenses-, el ACNUR redujo sus programas en un 41%. Ello afectó su capacidad para registrar nuevas solicitudes de asilo, las cuales cayeron en un 77%. Refugees International es testigo de cómo una respuesta humanitaria antes sólida, ahora está operando con recursos mínimos. Quienes llegan a Costa Rica no tienen otra alternativa que esperar varios meses para obtener una cita y solicitar asilo. Este escenario deja a las personas sin posibilidades de trabajar y, por ende, sin recursos para mantener a sus familias.
Por otro lado, aunque en 2025 la migración hacia la frontera entre Estados Unidos y México ha disminuido drásticamente, las solicitudes de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) se mantienen en niveles similares a 2024, con un promedio de 250 solicitudes diarias, lo que refleja que, al no poder ingresar a EE.UU., muchas personas están optando por permanecer y pedir asilo en México.
A pesar de este contexto, el ACNUR debió cerrar cuatro oficinas en México y reducir su apoyo a la COMAR y a las redes de albergues, luego de que su presupuesto fuera recortado en un 60%. Esto podría tener consecuencias fatales: Refugees International entrevistó a decenas de personas en México, que por no contar un estatus migratorio regular, han estado expuestas a la violencia y vulnerabilidad extrema.
El caso de Colombia es aún más alarmante. El país acoge al mayor número de personas desplazadas en la región: casi tres millones de personas venezolanas y más de siete millones de desplazados internos. Hasta 2023, los venezolanos podían acceder a un Estatus de Protección Temporal válido por diez años. Sin embargo, esta alternativa ya no está disponible, lo cual ha dejado a unos 500,000 en situación irregular, muchos de los cuales están recurriendo al sistema de asilo para regularizarse, desbordando por completo su capacidad.
Los recortes al ACNUR y la eliminación de estatutos de protección están dejando a millones de personas desplazadas en las Américas sin acceso a servicios esenciales como salud y educación y sin permisos laborales que les permitan acceder a trabajos formales. Refugees International conoce de primera mano qué sucede cuando las personas pierden acceso a estatus legal y a servicios básicos: viven en la informalidad, expuestas a la violencia y sin posibilidad de integración, lo que las obliga a tener que migrar nuevamente.
Para evitar que esto suceda, los países donantes y que promueven el respeto de los derechos humanos, deben asumir el liderazgo que ha abandonado Estados Unidos y cubrir esta falta de financiamiento lo antes posible. En el pasado, los Estados han demostrado que es viable responder mediante Conferencias de Solidaridad o asumiendo nuevos compromisos, como la adopción del Pacto Munidad de Refugiados.
Los gobiernos de la región también deben hacer esfuerzos, asignando más recursos a sus propios sistemas de asilo y mejorando su eficiencia en la resolución de solicitudes de asilo, por ejemplo aplicando la Declaración de Cartagena, que amplía la definición refugiado más allá de los motivos enunciados en la Convención de 1951. Cuando los gobiernos adoptan este enfoque, las personas refugiadas y las economías locales prosperan. La iniciativa de Brasil Operação Acolhida es un claro ejemplo: ha logrado brindar protección e integrar con éxito a 150.000 personas venezolanas mediante la aplicación de procedimientos simplificados y reubicación dentro del país.
Finalmente, quienes trabajan y abogan por los derechos de las personas migrantes y refugiadas en América Latina deben seguir alzando la voz sobre la necesidad de la cooperación internacional para conservar los avances que la región ha logrado en la última década. Esto incluye fomentar la solidaridad con las personas desplazadas por la fuerza, luchar contra la xenofobia y la discrminación, y asegurar que los países latinoamericanos preserven su larga tradición de garantizar el derecho a solicitar asilo y protección internacional a quienes lo necesitan.
Al eliminar su asistencia y financiamiento a los sistemas de asilo de la región, Estados Unidos no solo está causando un sufrimiento innecesario a millones de personas desplazadas, sino que también está profundizando una crisis que, más adelante, probablemente se verá obligado a afrontar en su propia frontera.
Rachel Schmidtke es la Defensora Principal para América Latina de Refugees International.
Laureano Rodríguez Di Santo es un abogado de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y becario de Rotary pro Paz. Actualmente cursa una maestría en la Universidad de Bradford (Reino Unido). Anteriormente, trabajó con ACNUR en la protección de refugiados en Argentina y Costa Rica.