Vidas en riesgo: Fallas en las medidas de protección que afectan a hondureños y salvadoreños deportados de Estados Unidos y México

Según los hallazgos en el informe de Refugees International (RI), tanto Estados Unidos como México deportan a personas con considerables necesidades de protección a Honduras y El Salvador, países de los que huyeron. El informe, Vidas en riesgo: Fallas en las medidas de protección afectan a hondureños y salvadoreños deportados de Estados Unidos y México, indica que el proceso de protección en todas las etapas –desde la tramitación de una solicitud de asilo hasta la deportación y reinserción en el país de origen– se caracteriza por graves fallas que, en última instancia, ponen en peligro vidas humanas. La investigación de RI también determinó que, a pesar de las inversiones sustanciales en servicios de acogida para los deportados, tanto Honduras como El Salvador tienen sistemas de protección deficientes.

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Las fallas en las medidas de protección presentadas en este informe son profundamente preocupantes y resaltan la importancia vital de prevenir el retorno de los beneficiarios de DACA y TPS de Honduras y El Salvador. Tales retornos masivos no sólo correrían el riesgo de aumentar la inestabilidad en la región, sino también incrementarían dramática e innecesariamente los desafíos de protección que Estados Unidos, México, Honduras y El Salvador ya no están asumiendo con respecto a los deportados. Los retornos de los beneficiarios de DACA y TPS impondrían inevitablemente riesgos de violencia a muchos de los retornados y sería una renuncia vergonzosa de parte de Estados Unidos de sus responsabilidades.

El informe de RI se basa en una misión a México, Honduras y El Salvador realizada en noviembre de 2017.

La crisis de protección en el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) se manifiesta en el número de ciudadanos de la región que solicitan asilo en otros países. Entre 2013 y 2015, más personas buscaron asilo afirmativo en los Estados Unidos de los países del Triángulo Norte que en los 15 años anteriores. Entre 2013 y 2016, México experimentó un aumento de casi 700 por ciento en el número de solicitudes de asilo, con la gran mayoría de los solicitantes provenientes del Triángulo Norte.

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Ante esta situación, tanto Estados Unidos como México están adoptando medidas cada vez más contundentes para detectar, detener y deportar a los migrantes. En los Estados Unidos, esto ha incluido acciones que disuaden o impiden las solicitudes de asilo. En algunos casos, estas acciones –tales como la negativa de los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza a procesar las solicitudes y el enjuiciamiento de los solicitantes de asilo por entrada no autorizada– violan las obligaciones internacionales de los EE. UU.
A pesar de que Estados Unidos está invirtiendo en servicios de acogida para los deportados en El Salvador y Honduras, estos servicios no proporcionan una protección significativa para los deportados a dichos países. Se requieren pasos adicionales para remediar la situación.

Aparte de las recomendaciones sobre DACA y TPS, otras recomendaciones del informe son las siguientes:

  • Tomar medidas urgentes para corregir los defectos del sistema de asilo de los Estados Unidos, que entran en conflicto con los compromisos de Estados Unidos en virtud de la Convención de Refugiados, su Protocolo y otros tratados de derechos humanos.

  • Los Estados Unidos debería desarrollar un programa de protección humanitaria que difiera la deportación para aquellos que tienen temores bien fundados de ser blanco de violencia al regresar a sus países, incluso si no se les ha otorgado el asilo en virtud de la legislación estadounidense.

  • Los Estados Unidos debería ampliar el apoyo a las iniciativas de protección en Centroamérica para los deportados y otros desplazados internos.

  • Los funcionarios de la autoridad migratoria de México, INM, deben comprometerse a poner fin a todos los esfuerzos para desalentar a los migrantes de hacer solicitudes de asilo, informar a los migrantes sobre su derecho a solicitar asilo y permitir a los solicitantes de asilo que estén en detención el acceso al Programa de Alternativas a la Detención del Gobierno.

  • Las autoridades hondureñas deberían finalizar, en coordinación con el ACNUR y las organizaciones de la sociedad civil, una ruta de protección por remisión y procedimientos operativos estándar con el fin de garantizar un acceso significativo a la protección para todos aquellos en situación de riesgo.

  • El Gobierno de El Salvador debe reconocer públicamente el desplazamiento interno como un desafío sistémico en su política. Los ministerios y oficinas gubernamentales pertinentes deben elaborar conjuntamente una estrategia nacional para prevenir y responder al desplazamiento interno de conformidad con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU y con miras a soluciones duraderas.