On October 19, 2020, the following statement was delivered at the 50th Regular Session of the Organization of American States (OAS) General Assembly on behalf of the Coalition for Human Mobility in the Americas. Refugees International forms a part of this group with more than two dozen civil society organizations dedicated to improving the rights of refugees and migrants in Latin America.

The COVID-19 pandemic has exacerbated and deepened the inequalities and social and economic gaps that affect the most vulnerable populations. The Coalition for Human Mobility is particularly concerned with the pandemic’s effects on refugees and migrants, who are pressured to move in high risk conditions. We call on states to respect migrants’ due process, we ask that states guarantee the social, economic, and cultural rights of migrant populations, and we call for an intersectional approach to attend to the diverse needs of these populations.

A lo largo de la región se evidencian distintos retos en torno a la vigencia de los

derechos humanos de la población migrante y refugiada. La pandemia del

COVID-19 ha agudizado y profundizado las desigualdades y brechas sociales y

económicas que afectan sobre todo a la población más vulnerable. Desde la

Coalición de Movilidad Humana, nos preocupan las particulares afectaciones que

tienen las personas migrantes y refugiadas, que se han visto presionadas a

movilizarse por múltiples causas en condiciones de mayor riesgo, con

afectaciones diferenciales tanto por edad, género, origen étnico, orientación

sexual, condición de discapacidad y pobreza, por lo cual presentamos algunos

asuntos que consideramos prioritarios.

 

Primero, identificamos el incremento de obstáculos que impiden el acceso a los

territorios de las personas migrantes y refugiadas, así como la imposibilidad de

acceder al derecho a buscar y recibir asilo. Medidas tales como el cierre de

fronteras, vuelven a las personas con necesidad de protección internacional

particularmente vulnerables a ser devueltas a lugares donde su vida y derechos

humanos corren riesgo. Hemos observado un fenómeno de supuestos retornos

voluntarios de la población migrante a sus países, donde enfrentan múltiples

riesgos, como estigmatización y formas de violencia específica, incluyendo

violencias basadas en género. También, las medidas de cierre de fronteras

aumentan los riesgos de tráfico, trata y otras violaciones de derechos humanos. Al

respecto, recordamos a los Estados que estos no pueden dejar de atender sus

obligaciones en torno al principio de no devolución, y a brindar protección

internacional a aquellas personas que la requieren, aún durante la pandemia.

Hacemos un llamado a los Estados a respetar el derecho al debido proceso en

caso de deportaciones, abstenerse de llevar a cabo deportaciones colectivas, así

como a crear rutas de regularización migratoria permanentes y flexibles.

Segundo, hacemos un llamado a que se garanticen los derechos económicos,

sociales y culturales de la población migrante en condiciones de igualdad. Esto

incluye el acceso a los medios de sustento de la población migrante, quienes en

muchos casos trabajan en la economía informal, y se enfrentan a situaciones de

acoso y persecución. Adicionalmente, preocupa el acceso a la salud, la cual no

debe enfocarse exclusivamente en atención al COVID-19 sino acceso a servicios de

salud integral, incluyendo salud sexual y reproductiva.

 

Otro aspecto preocupante, es la continuidad de la detención migratoria, en

contradicción a estándares internacionales de derechos humanos. Las personas

migrantes detenidas, se enfrentan, en muchos casos a condiciones de

hacinamiento y deficientes condiciones sanitarias, sin protocolos para disminuir

el contagio y la propagación del virus. Así, nos unimos al llamado hecho por

diversas agencias internacionales e instamos a los Estados a liberar sin demora a

las personas migrantes detenidas y asegurar el acceso a derechos básicos.

 

Finalmente, hacemos un llamado a asegurar que las respuestas que se desarrollen en

torno al COVID-19 atiendan las desigualdades y retos preexistentes de población

migrante y refugiada. Esto requiere necesariamente de acciones diferenciadas con

enfoque interseccional y de género para atender a quienes sufren discriminación y

exclusión de manera diferenciada, tales como: mujeres, personas LGTBI, personas con

enfermedades crónicas como VIH, personas con discapacidad, comunidades indígenas,

así como la niñez migrante no acompañada.

 

Vocera Coalición: Mónica del Pilar Gómez, responsable de Incidencia Servicio Jesuita a Refugiados

Latinoamérica y el Caribe (JRS LAC).

Email: monica.gomez@jrs.net

Cel: +57 321 247 1703

 

Diana Paola Álvarez, Coordinadora Regional de Comunicaciones Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica

y el Caribe (JRS LAC).

Email: comunicaciones.lac@jrs.net

Cel: +57 310 760 0788