Resumen Ejecutivo
El desplazamiento forzado producto de la violencia y el conflicto es una experiencia que millones de colombianos han afrontado por más de cuatro décadas. Aunque la sociedad colombiana en su totalidad se ha visto perjudicada por esta traumática realidad, son aquellos viviendo en las zonas rurales quienes se han sido mayormente afectados por el desplazamiento, el cual ha tenido un impacto devastador en las vidas de comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. Pueblos y ciudades son a menudo el destino final de desplazados en búsqueda de seguridad a través del anonimato, quienes afrontan la nefasta posibilidad de hallarse desempleados y dependientes de la asistencia externa. El futuro es, muchas veces, la destitución.
El gobierno de Colombia ha respondido incrementalmente mejor a las necesidades humanitarias y de protección de los colombianos desplazados. Ha desarrollado un marco legal global y recientemente, ha demostrado un mayor compromiso financiero para proporcionarles asistencia. No obstante, persisten numerosas deficiencias, señaladas por varios pronunciamientos recientes de la Corte Constitucional. La implementación del registro único, el cual determina el cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener derecho a los servicios otorgados por el estado, permanece defectuosa. Como resultado de ello, hasta un 40 por ciento de personas genuinamente desplazadas no han sido registradas. Es más, el acceso a servicios básicos, tales como educación, salud, vivienda, y oportunidades fiables de empleo, todavía permanece problemático hasta para aquellos que ya han sido registrados. Esto es particularmente cierto en zonas donde las autoridades locales han demostrado un menor compromiso de asistir a la población desplazada y donde demuestran actitudes de desprecio y rechazo.
Grupos de la sociedad civil colombiana, como organizaciones no gubernamentales y activistas de iglesias, también están altamente involucrados en la prestación de asistencia humanitaria y psicológica, particularmente durante las primeras fases de desplazamiento. El trabajo de grupos internacionales, entre los cuales están las Naciones Unidas y agencias y organizaciones no gubernamentales internacionales, también ha sido esencial. Dichas instituciones, en virtud de su presencia, han incrementado la protección para los hogares desplazados.
El papel complementario de la sociedad civil y los grupos internacionales es indudablemente importante. No obstante, es el gobierno colombiano quien tiene la responsabilidad principal de responder a las necesidades de los desplazados colombianos. Refugiados Internacional considera que nuevas acciones deben ser adoptadas para poder mejorar las políticas actuales y poder, a la larga, mejor servir a la comunidad desplazada.
Primero, los desplazados, beneficiarios de los proyectos, deben ser el enfoque principal de los procesos de programación. Sus líderes deben ser protegidos y deben ser incluidos de manera significativa en la definición e implementación de las políticas públicas.
No obstante, iniciativas encaminadas a empoderar a la población desplazada no es suficiente. Se deben reforzar, al mismo tiempo, los mecanismos existentes de rendición de cuentas y de sanciones por incumplimiento del deber de proteger a los desplazados internos. A pesar de las capacitaciones y las campañas de sensibilización otorgadas a funcionarios públicos sobre el deber constitucional de proveer cuidado a la población desplazada, personas desplazadas enfermas han sido rechazadas de instituciones médicas, hogares desplazados no están recibiendo la cantidad de asistencia prometida, y comunidades de retornados no están recibiendo servicios y acompañamiento de las autoridades locales. Por lo tanto, se deben fortalecer los órganos del Ministerio Público para poder aplicar de manera más agresiva los mecanismos de rendición de cuentas, lo cual, a su vez, podría resultar en la sanción, y hasta destitución, de aquellos funcionarios que deberían estar prestando los servicios.
La acumulación de millones de desplazados en asentamientos urbanos, donde viven en condiciones infrahumanas y donde tienen menores capacidades que los residentes locales de bajos recursos para reiniciar sus vidas, requiere de políticas orientadas a proporcionar a hogares desplazados una vida digna y acceso a medios de sustento sostenibles. Algunos de los programas de asistencia social y de las dádivas administradas por el gobierno no son financieramente sostenibles y corren el riesgo de sofocar la auto-iniciativa de los desplazados. El gobierno de Colombia debería redefinir los programas para canalizar los recursos de asistencia hacia proyectos de mejoramiento y construcción de vivienda, invertir en programas de generación de ingresos y de capacitación vocacional para proporcionar técnicas y aptitudes compatibles con el mercado laboral urbano, y facilitar el acceso a programas de microcrédito. Estos proyectos deberían ser enfocados según la edad, el género, y el origen étnico de los participantes, otorgando prioridad a hogares encabezados por mujeres.
Las políticas no tendrán un impacto duradero y sostenible a menos que el gobierno colombiano afronte con seriedad la pérdida de tierras y propiedades de aquellos que han sido desplazados forzosamente. Demasiadas ambigüedades persisten sobre la efectividad de los mecanismos existentes para determinar quienes se aprovecharon de las tierras abandonadas o presuntamente expulsaron forzosamente a los propietarios originales de sus tierras, incluyendo entre éstos el trabajo de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Las autoridades necesitan identificar los mecanismos adecuados para proporcionar reparaciones efectivas y satisfactorias a
las víctimas.
Finalmente, considerando la magnitud del desafío de tener que asistir a tantos desplazados, es evidente que el gobierno colombiano requiere de un compromiso continuo de la comunidad internacional. Los donantes deberían incrementar sus esfuerzos financieros para que el liderazgo y las comunidades de desplazados internos puedan jugar un papel crucial en el análisis de sus necesidades, la identificación de soluciones adecuadas y en la implementación de los programas
de asistencia. Los donantes también deberían evaluar los programas actuales de vivienda, capacitación vocacional, generación de ingresos y demás esfuerzos para aportar medios de sustento a hogares desplazados. Asimismo, deberían expandir y replicar aquellos programas considerados exitosos en otras regiones. Es necesaria la asignación de recursos para asistir al gobierno en ampliar la capacidad de las oficinas de supervisión del Ministerio Público.
