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Contacto:Vanessa Parra, 202.828.0110 ext. 225
vanessa@refugeesinternational.org

Nuevo Desplazamiento En Cordoba Requiere Respuesta Urgente Del Gobierno Colombiano

Tierra Alta, Córdoba-Colombia - Refugiados Internacional pidió hoy una acción inmediata de las fuerzas de seguridad colombianas para proteger a las familias desplazadas en Tierra Alta y más de 50 familias que aún viven en Murmullo Medio aldea cerca del corregimiento de Batata. Entre junio 15 y 29, 27 familias de la zona de Murmullo Medio se han visto obligados a huir de sus hogares tras el asesinato de un miembro de su comunidad el 15 de junio. La organización también instó a las autoridades locales y la agencia presidencial Acción Social para proporcionar asistencia humanitaria a los desplazados por la violencia.

"Los miembros de estas comunidades se han visto obligados a abandonar sus hogares varias veces en los últimos doce años," dice Andrea Lari, profesional de incidencia de Refugiados Internacional. "A medida que se presentan brotes de violencia y asesinatos estas personas vuelven a ser aterrorizados. Sin embargo, las autoridades gubernamentales no han tomado ninguna medida significativa para proteger a estas comunidades o proporcionar asistencia."

Refugiados Internacional asistió a una reunión de las familias de esta comunidad y registró testimonios donde los individuos describen los sentimientos de desesperanza, de abandono y el temor de futuros asesinatos. Las familias hablan de una lista de la muerte con doce nombres de los miembros de la comunidad que, a su juicio se está distribuyendo. A pesar de la presentación de informes del asesinato y la lista a las autoridades civiles y militares, no se han tomado medidas adecuadas para la protección de las comunidades. De hecho, una Unidad del Ejército previamente desplegada en la zona ha sido retirada.

"El hombre que fue asesinado no era un ladrón, o un criminal. Fue una persona dedicada al trabajo duro para mantener a su familia," dijo una mujer durante la reunión. "Queremos tener su cuerpo de vuelta con su familia y enterrarlo como un cristiano. Él no es un animal que se desecha en una zanja."

El brusco deterioro de la seguridad en la zona en los primeros cinco meses del 2008 se corrobora con datos escalofriantes: 207 muertes violentas se registraron oficialmente en el sur del Departamento de Córdoba. Siete desapariciones se presentaron en el corregimiento de Batata siendo registrados únicamente dos. Varios desplazamientos masivos se han producido en el sur de Córdoba desde enero, incluyendo a mas de 550 familias desplazadas por la fuerza del municipio Puerto Libertador que buscaron refugio en los caseríos Rió Verde y San Juan. La inestabilidad política en el departamento de Córdoba ha estado presente en los últimos cinco meses, 12 gobernadores dan muestra de esa situación, lo que ha conllevado la falta de respuesta a los recientes desplazamientos.

"Las mejorías que los Colombianos han visto en los últimos años se han invertido rápidamente en el recrudecimiento de la violencia en este campo," continuó el Sr. Lari. "Miles de personas en comunidades como Batata, Saiza, y El Diamante han regresado a sus hogares después de años de exilio y trabajó, para reconstruir sus vidas y recuperar sus tierras perdidas anteriormente, ellos están ahora obligados a huir o en situación de alto riesgo de ser desplazados una vez más."

Además de una mayor protección para las nuevas familias desplazadas, Refugiados Internacional pide se realicen investigaciones por autoridades militares competentes para determinar la veracidad de las denuncias graves de mala conducta y otros delitos cometidos por sus fuerzas en la zona y para enjuiciar a los miembros que hayan cometido tales actos. Hay informes que afirman que narco-paramilitares sobornan a los combatientes de nivel inferior y de nivel medio del Ejército y personal de la Policía Nacional, y les entregan 20 dólares de los EE.UU. para comidas semanales. Recientemente, un coronel del Ejército fue arrestado y acusado de recibir sobornos de esos grupos. Además, hay informes de que bandas de delincuentes y el izquierdista grupo rebelde FARC, han establecido acuerdos tácitos sobre una división del trabajo para el cultivo, cosecha, procesamiento y transporte de cocaína a los mercados extranjeros.

"Si no hay investigaciones para aquellos que están permitiendo estas campañas de asesinatos selectivos, no habrá justicia y ni fin a este ciclo de violencia," dijo el Sr. Lari. "A pesar de la lucha prolongada contra la insurgencia y contra las políticas antinarcóticos llevadas a cabo por el gobierno Colombiano, la violencia en las zonas rurales sigue siendo un fenómeno generalizado, y cientos de miles de Colombianos son desplazados cada año con la impunidad concedida a los autores."

Refugiados Internacional es una Organización con sede Washington, DC- que aboga por poner fin a las crisis de refugiados. En los tres últimos años se han realizado seis misiones a Colombia, y en este momento ellos se encuentran en el país. CODHES Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, organización no gubernamental Colombiana estima que casi cuatro millones de Colombianos han sido desplazados de sus hogares. Para obtener más información, vaya a http://www.refugeesinternational.org.

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Contact:Vanessa Parra, 202.828.0110 ext. 225
vanessa@refugeesinternational.org

New Displacement in Córdoba Requires Urgent Response by Colombian Government

Tierra Alta, Colombia -- Refugees International called today for immediate action by Colombian security forces to protect displaced families in Tierra Alta and over 50 families still living in Murmullo Medio near Batata hamlet. Between June 15 and 29, 27 families from the area of Murmullo Medio have been forced to flee their homes following the assassination of a member of their community on June 15. The organization also urged local authorities and the presidential agency Acción Social to provide humanitarian assistance to those displaced by violence.

"Members of these communities have been forced from their homes multiple times over the last twelve years," said Andrea Lari, senior advocate for Refugees International. "As violent campaigns resume, these people are again being terrorized. Yet, government authorities have taken no meaningful action to protect these communities or provide them assistance."

Refugees International attended a meeting of the families of this community and recorded testimonies where individuals described feelings of despair, abandonment and fear of future assassinations. The families spoke of a death list with twelve names of community members that they believe is being circulated. Despite reporting the assassination and the list to civil and military authorities, no proper steps for the communities’ protection have been taken. In fact, an army unit previously deployed nearby has been withdrawn.

"The man who was assassinated was not a thief, or a criminal. He was a dedicated person working hard to support his family," said one woman during the meeting. "We want to have his body back to the family and bury him as a Christian. He is not an animal to be dumped in a ditch."

The sharp deterioration of security in the area in the first five months of 2008 is corroborated by chilling data: 207 violent deaths were officially recorded in southern Córdoba. Two disappearances were recorded in Batata hamlet, with five more alleged. Several massive displacements have occurred in southern Córdoba since January, including more than 550 families forcibly displaced from Puerto Libertador who sought sanctuary in Rio Verde and San Juan hamlets. Political instability has also been rampant, undermining effective government response to recent displacements: there have been 12 governors in the last 5 months.

"The gains that Colombians have seen in recent years are rapidly being reversed with the upsurge of violence in this area," continued Mr. Lari. "Thousands of people in communities like Batata, Saiza, and El Diamante returned home after years of exile and worked to rebuild their lives and regain previously lost lands. They are now forced to flee or at high risk of being displaced once again."

In addition to increased protection for newly displaced families, Refugees International is calling for investigations by competent military authorities to ascertain the veracity of serious allegations of misconduct and other crimes committed by its forces in the area and to prosecute members who have committed such acts. There are reports of narco-paramilitary fighters bribing lower-level and mid-level army and police personnel, including a US$20 food allowance paid weekly to soldiers. Recently, an army Colonel was arrested and accused of receiving bribes from those groups. Additionally, there are reports that criminal gangs and the leftist rebel group FARC, have established tacit agreements over a division of labor for cultivating, harvesting, processing and transporting cocaine to foreign markets.

"Without proper investigations of those who are enabling these selective assassination campaigns, there will be no justice and no end to this cycle of violence," said Mr. Lari. "Despite the prolonged counter-insurgency and counter-narcotic policies conducted by the Colombian government, violence in rural areas remains widespread, and hundreds of thousand Colombians are displaced each year with impunity granted to perpetrators."

Refugees International is a Washington, DC-based organization that advocates to end refugee crises. Staff members are currently on their sixth mission to Colombia in the last three years. The Colombian non-governmental organization Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) estimates that almost four million Colombians have been displaced from their homes. For more information, go to http://www.refugeesinternational.org.

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