El gobierno de Colombia subestima sistemáticamente el número de desplazados internos en su registro oficial, el Sistema Único de Registro, lo cual conduce a la denegación de servicios a miles de personas en condiciones vulnerables.

El gobierno colombiano debe actuar en forma inmediata para garantizar que personas desplazadas por el conflicto armado interno sean inscritas en el registro oficial y se les proporcionen los servicios estipulados por la ley.

La Ley 387, que define las obligaciones del gobierno para con los desplazados internos, establece los siguientes requisitos para poder ser inscrito en el registro oficial: la persona debe haber sido desplazada por la violencia o amenazada de violencia como consecuencia del conflicto armado interno, la violencia generalizada, una violación masiva de los derechos humanos, o por una violación al derecho internacional humanitario. Toda persona deberá declarar ante el Ministerio Público al ser desplazada forzosamente, el cual luego enviará las declaraciones a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, conocida como Acción Social, para su revisión.

La organización no gubernamental colombiana Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y la iglesia católica mantienen registros paralelos de la población desplazada. Las estadísticas de CODHES sugieren que el gobierno está subestimando en gran medida el grado de desplazamiento en el país. Según CODHES, de 1995 al 2006, 2,9 millones de personas fueron desplazadas internamente. En comparación, los registros del gobierno colombiano señalan que 1,9 millones de personas fueron desplazadas durante el mismo período. Independientemente de las diferencias en los estimativos, el desplazamiento continúa ocurriendo de forma masiva por todo el país. Según las estadísticas oficiales, más de 200,000 personas todavía son desplazadas anualmente.

Refugiados Internacional (RI) está preocupada de que una interpretación limitada de la normativa sobre el registro de la población desplazada resulte en la incapacidad de reconocer muchas de las causas del desplazamiento, lo cual, consecuentemente resultaría en una subestimación en el registro y en una falta de respuestas para atender las necesidades de los desplazados. La limitación en la interpretación de la ley se hace evidente en las estadísticas del departamento de Nariño del 2006, en las cuales sólo el 43% de las solicitudes fueron incluidas en el registro. Tras dialogar con varios desplazados internos, RI identificó varios problemas relacionados con los requisitos para la inscripción de personas en el registro oficial.

• El desplazamiento debe derivar del conflicto armado. No obstante, operaciones del ejército o las fuerzas de seguridad pública contra la población civil que no involucran a ningún otro actor armado no son consideradas como tal. Por consiguiente, las personas desplazadas por una represión policial durante una manifestación en Remolino, Nariño en junio de 2006, por ejemplo, no han sido inscritas en el registro oficial.
• Ciudadanos desplazados como consecuencia de los programas de fumigación antinarcóticos, los cuales a menudo son precedidos por operaciones militares, y la consecuente pérdida de cultivos, no reúnen los requisitos necesarios para ser inscritos en el registro oficial.
• Familias de desplazados traumatizadas por la violencia a menudo no son capaces de identificar a los perpetradores ni de describir detalladamente las circunstancias bajo las cuales se vieron forzadas a huir por temor a cualquier represalia. Estas solicitudes son por lo general rechazadas por ser consideradas incompletas.
• A pesar de las clarificaciones legales establecidas en el Decreto 2569/2000, las cuales permiten a desplazados internos registrarse después del primer año de haber sido desplazados y renunciar a la asistencia de emergencia, el gobierno continua rechazando personas que no se registraron dentro del primer año de desplazamiento.

El registro es utilizado como la lista oficial de personas que cumplen los requisitos necesarios para acceder a la oferta de atención estatal. El no ser incluido en el registro oficial niega al desplazado el acceso a una larga lista de servicios, incluyendo acceso a asistencia de emergencia inmediatamente después de haber sido desplazado, acceso a servicios de salud, educación y vivienda, participación en programas de capacitación y para la generación de ingresos, y otros servicios de asistencia social.

Según el gobierno, todo individuo permanece en el registro luego de haber sido inscrito en el mismo. No obstante, RI documentó docenas de casos en los cuales personas desplazadas habían descubierto que habían sido removidos del registro oficial sin explicación alguna. En foros comunitarios con desplazados internos en los departamentos de Córdoba, Chocó y Nariño, RI descubrió que hasta un tercio de los participantes en estos foros habían sido informados por proveedores de servicios que sus nombres ya no se encontraban en el registro oficial. “A pesar de haber presentado una carta del gobierno afirmando que yo había sido inscrito en el registro oficial, me dijeron que si mi nombre no aparecía en la computadora, mi carta no tenía ningún valor,” señaló un afro-colombiano desplazado en el Chocó.

El director de Acción Social en Córdoba le comentó a RI que estos problemas sucedían por la transferencia de datos de una base de datos a otra en el curso de buscar mejorar el sistema. Cada vez que se transfieren datos, accidentalmente se pierden nombres. No obstante, los funcionarios no tienen la capacidad o voluntad para corregir estos errores. Un líder comunitario de Tierra Alta en la región de Córdoba dijo a RI, “recopilamos toda la documentación de las familias de nuestra comunidad que habían sido removidas del registro oficial. Llevamos estos documentos a la capital y los presentamos a Acción Social. Esto fue hace seis meses, y todavía no han inscrito a ninguno de ellos nuevamente en la lista.”

Problemas adicionales con el manejo de la base de datos tienen el efecto de excluir a niños y cónyuges del registro oficial, permitiendo a unos acceso a los servicios estatales y a otros no. Actualmente, toda la familia es registrada bajo el nombre de la cabeza de familia, pero a veces otros miembros de la familia no son incluidos en la documentación. Personal de Acción Social explicó a RI que estos son errores en el ingreso de la información, e insistieron que en esos casos, las personas podrían reinscribir rápidamente a sus familiares en el sistema. A pesar de estas explicaciones, las familias que entrevistó RI no habían podido lograr el ingreso de sus seres queridos en el registro oficial.

Aunque Acción Social mantiene el registro oficial principal de todos los desplazados internos que llenan los requisitos para acceder a los servicios sociales, este no es necesariamente el registro utilizado por todas las agencias que proporcionan dichos servicios. La base de datos de Acción Social provee información a todas las agencias que participan en el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD). Muchas de las agencias que participan en el SNAIPD, sin embargo, mantienen sus propias bases de datos para determinar quienes cumplen con los requisitos y quienes no. RI recibió numerosas quejas por parte de desplazados internos de no haber sido ingresados en la base de datos de proveedores de servicios específicos, a pesar de haber sido inscritos en el registro oficial de Acción Social.

La mayoría de quejas se concentraban en el sistema de salud. Un hombre recientemente desplazado a Pasto, Nariño, comentó a RI, “estoy registrado como desplazado interno y recibí mi asistencia alimentaria de emergencia. Pero estoy perdiendo la vista en un ojo. No he podido recibir tratamiento o medicinas porque me dicen que no aparezco en la base de datos del sistema de salud. Temo que voy a quedar ciego.”

La incapacidad de ser registrado con Acción Social no sólo impide acceso a los servicios estatales. Muchas de las agencias internacionales proveedoras de servicios trabajan en cooperación con Acción Social para abordar e implementar sus proyectos. Entre estas se encuentran contratistas que reciben fondos del gobierno estadounidense, como es el caso de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD). Personal de la FUPAD en el Chocó comentó a RI sobre un proyecto de desarrollo para mejorar o reconstruir 200 casas para desplazados internos y otras personas vulnerables de la comunidad. En la selección de los desplazados internos que gozarían de dicho servicio, dicha entidad se vio limitada a incluir únicamente a aquellas personas que se encontraban en el registro oficial. En la primera ronda de solicitudes para poder participar en el proyecto, alrededor de la mitad de las familias tuvieron que ser rechazadas por no aparecer en el registro oficial. Esto a pesar de tener necesidades imperantes. Asimismo, en Montería, Córdoba, una organización comunitaria que recibe fondos de la Corporación de Vivienda y Financiamiento (CHF, por sus siglas en inglés), la cual a su vez recibe fondos del gobierno de los Estados Unidos, tuvo que limitar su asistencia de emergencia a personas derivadas por Acción Social.

Sean Mariano García y Andrea Lari evaluaron las situación de los desplazados internos en Colombia en febrero.