Se incrementa el número de colombianos que escapan de sus casas en varias regiones del país y siguen afrontando un alto grado de vulnerabilidad. A pesar que hay mayor seguridad en centros urbanos, más recursos financieros y un gran marco normativo que incluye un sistema de respuesta para la emergencia en caso de nuevos desplazamientos, la gran cantidad de personas recién desplazadas desborda la capacidad de las agencias de gobierno y humanitarias. Los presupuestos de las administraciones locales y sus infraestructuras afrontan esa enorme tensión y las distancias de las áreas donde ocurre el desplazamiento también complica la respuesta humanitaria.

Proliferación de Nuevos Grupos Armados

En el marco de agresivas estrategias contrainsurgentes y antidrogas del gobierno colombiano, apoyado por los Estados Unidos, el ejército nacional enfrenta a grupos armados ilegales en posiciones más remotas. Esto afecta las comunidades que viven en lugares de difícil acceso los cuales han tenido poca interacción con el conflicto anteriormente. A lo largo del río Patía en la zona de cordillera del departamento de Nariño, por ejemplo, hay enfrentamientos entre el ejército colombiano y el narco-grupo “organización nueva generación”, los cuales han tenido como resultado el desplazamiento de alrededor de 250 familias a Sánchez el 8 de mayo del año en curso. La falta de presencia permanente del ejército en Sánchez permitió que el grupo paramilitar volviera días más tarde, amenazando a las familias desplazadas, “sus cabezas serán cortadas y lanzadas al río” si ellos no retornaban a sus comunidades. Se cree que el río Patía, es el cementerio de más de 1,000 personas asesinadas en los últimos ocho años, cuyos cuerpos no han sido todavía recuperados.

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Una proliferación de nuevos narco-grupos integrados por antiguos paramilitares y criminales ordinarios compiten con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y ELN (Ejército de Liberación Nacional) por el control de los cultivos de coca, las áreas de cosecha y procesamiento y corredores estratégicos para enviar la coca a mercados internacionales. En algunos lugares de Nariño, las FARC y ELN se han puesto de acuerdo para compartir el negocio de la coca, mientras que en el sur de Córdoba, las FARC están asociadas con un grupo paramilitar. Los grupos ilegales mantienen el control territorial por medio de los actos de terror, incluyendo el empleo de asesinatos selectivos para mantener el control estricto de las comunidades.

Inadecuada Respuesta de las Administraciones Locales al Desplazamiento Forzado

Según la ley colombiana dentro de las 72 primeras horas después de que un desplazamiento ocurre, los municipios tienen la obligación de proporcionar ayuda inmediata al desplazado. La respuesta es diferente entre departamentos dependiendo del nivel de preparación, experiencia ganada por desplazamientos anteriores, disponibilidad de recursos y voluntad política en proporcionar la asistencia. Grupos religiosos locales, organizaciones no gubernamentales y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) casi siempre tienen que llenar vacíos dejados por las administraciones locales inadecuadamente listas y mal financiadas.

El ejército colombiano también ha comenzado a proporcionar la ayuda humanitaria, por ejemplo, con brigadas y equipos médicos, para comunidades vulnerables. Sin embargo, siendo esa ayuda de naturaleza no imparcial pone en peligro a civiles y operadores humanitarios porque los califica como objetivos militares.

Después de un número de desplazamientos masivos, la agencia Presidencial Acción Social, CICR y otras agencias humanitarias dieron a los desplazados alimentos y otras provisiones de emergencia. Esto ocurrió en enero de 2008 cuando en el departamento de Arauca salieron más de 4.000 personas y después más de 1,500 personas buscaban seguridad en Sánchez, departamento de Nariño, pero las raciones con frecuencia no alcanzaban y las provisiones no fueron transportadas de manera oportuna. Para superar estas dificultades de coordinación se está implementando en las regiones del IASC (Inter-Agency Standing Committee), un mecanismo que gradualmente ha sido puesto en práctica por la comunidad humanitaria internacional desde 2007, y podría servir para mejorar la capacidad de respuesta y su eficacia.

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Retorno, ni seguro ni sustentable

El volver a su hogar es la opción más deseable para colombianos desplazados, pero esta es poco probable, dado que las condiciones de seguridad se están deteriorando en varias regiones de Colombia. El número de los desplazados que logran volver a sus áreas de origen es insignificante comparado al total de más de tres millones de colombianos internamente desplazados. Excluyendo unos casos específicos, las iniciativas de retorno generalmente son conducidas en áreas todavía disputadas por grupos armados ilegales y localizadas cerca de los cultivos de coca.

Por ejemplo, en 2004, casi 30,000 personas en el sur de Córdoba recuperaron sus tierras después de años de exilio. Poco después, Refugiados Internacional entrevistó a aldeanos de Saiza, Batatá y El Diamante, comunidades en que varios de sus miembros fueron asesinados, huyeron múltiples veces y sufrieron bastante a lo largo de los desplazamientos. Aquellas comunidades lograron volver a casa con el apoyo de agencias de gobierno. Sin embargo, la violencia ha causado el desplazamiento nuevamente. El día 29 de junio un miembro de la aldea “Murmullo Medio” cerca del pueblo Batatá, le dijo a Refugiados Internacional, “Ahora todo ha terminado. Esta es la tercera vez que tengo que escapar para salvar mi vida. No quiero volver más, yo preferiría dejar el departamento totalmente y comenzar de nuevo la vida de mi familia en otra parte“. Alrededor de 50 familias de Murmullo Medio habían escapado a Tierra Alta durante la semana del 22 de junio, después del asesinato de un líder de la comunidad. El asesinato era el primero de una lista de muerte de doce nombres que fue difundida por un grupo paramilitar, causando el pánico dentro de la comunidad. El 20 de julio, en la ciudad de Puerto Libertador, de la cual más de 500 familias escaparon a principios de este año, siete personas fueron asesinadas, incluyendo a cuatro adolescentes entre 16 y 21 años.

Políticas del gobierno contra minas antipersonas y ayuda a sobrevivientes

Las minas antipersonas siguen matando y mutilando a colombianos de manera alarmante. El país tiene el número más alto de nuevas víctimas de minas con relaciones a otros lugares del mundo, con más de 1,100 en 2006. En el departamento de Nariño fueron reportadas 38 victimas civiles en los 7 primeros meses de 2008. Dadas las características topográficas de este departamento se presentan muchos incidentes que no son reportados ya que las agencias no alcanzan llegar a los lugares donde ocurren estos incidentes y los miembros de las comunidades no pueden acceder a los servicios básicos de salud, disponibles en zonas urbanas. Pueblos enteros en Nariño han sido encajonados y aislados después de que son sembrados a su alrededor por las FARC o el ELN este tipo de artefactos, situación que aumenta la vulnerabilidad de las comunidades ya que la gente no puede trabajar su tierra o viajar para comprar artículos esenciales como los alimentos o las medicinas.

El Programa Presidencial para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal coordina programas de desminado, educación de riesgo y los programas de ayuda a las víctimas. La estructura es centralizada en Bogotá, no logrando acompañar de forma adecuada la implementación de los proyectos a nivel regional. La coordinación a nivel local es limitada y las actividades relacionadas permanecen insuficientemente financiadas. El apoyo integral para ayudar a sobrevivientes y familias, que incorpora la asistencia médica inicial, el apoyo psicológico, el acompañamiento físico, la ayuda a miembros de familia y la reintegración social y económica de las víctimas, están escritos sobre el papel y no funciona. Hay pocos fondos disponibles para respuestas oportunas y permanentes, entonces la ayuda se basa simplemente en el tratamiento médico en un hospital y un poco más.

Incluso, la preocupación mas grande esta relacionada con que los sobrevivientes de accidentes de minas antipersonas no califican en la categoría legal de personas desplazadas en Colombia, a pesar del hecho que ellos con frecuencia son desplazados y no pueden volver a sus casas de forma segura. Ellos por lo tanto no son registrados oficialmente como personas desplazadas y no pueden tener acceso a servicios básicos que debe prestar el estado más allá del tratamiento médico inmediato.


Andrea Lari y Jake Kurtzer evaluaron la situación de la población desplazada en Colombia en Junio 2008.