03/12/2007

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Contactos:
Sean Mariano García y Andrea Lari
ri@refugeesinternational.org; 202-828-0110

Hace diez años, Colombia adoptó una ley progresista para los desplazados internos (IDP), pero el gobierno no esta cumpliendo con la ley. Conocida como la Ley 387, la ley requiere que el gobierno proporcione una gran variedad de servicios a corto y largo plazo a personas huyendo de la violencia ocasionada por el conflicto armado interno.

A pesar de este marco legal, la Corte Constitucional de Colombia ha declarado en varias ocasiones que el gobierno no ha cumplido con sus obligaciones legales bajo la ley, y que debe tomar más medidas para asistir a la población desplazada del país. En febrero de 2007, Refugiados Internacional (RI) visitó los departamentos de Sucre, Córdoba, Chocó y Nariño en Colombia, y descubrió que el gobierno continúa fallando en cumplir con sus obligaciones a los desplazados internos, con excepción de algunos de los servicios más básicos.

Asistencia humanitaria de emergencia

Según la Ley 387, el gobierno de Colombia tiene que proporcionar a personas recién desplazadas asistencia alimentaria, salubridad pública, fuentes adecuadas de agua, implementos de cocina, atención médica y sicológica, transporte de emergencia, y condiciones dignas de vivienda. La asistencia es proporcionada por los primeros 90 días de desplazamiento y puede ser extendida por 90 días adicionales en casos de extrema necesidad. La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (conocida como Acción Social), la cual coordina los programas de asistencia, trabaja con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para proporcionar servicios a personas víctimas de desplazamientos masivos (más de 50 personas), y a otras organizaciones internacionales para atender casos individuales de desplazamiento (menos de 50 personas). Aunque las autoridades locales tienen la obligación de brindar asistencia de emergencia por un período de tres días en casos de desplazamientos masivos y por dos semanas en casos de desplazamientos individuales, esta responsabilidad es transferida a Acción Social al finalizar dicho período de tiempo.

Los informes de las comunidades de desplazados sobre la asistencia proporcionada por la Cruz Roja son uniformemente positivos y señalan que los servicios proporcionados (limitados a alimentos e implementos de cocina) están siendo entregados de manera eficiente. Organizaciones que proveen asistencia a los desplazados individuales emplean una serie de contratistas y subcontratistas para brindar asistencia alimentaria e implementos de cocina a personas recién desplazadas. La evaluación de dicha asistencia es mixta. La auditoría por parte de Acción Social es insuficiente. Al discutir en una reunión sobre el retraso de dos meses en la entrega de servicios humanitarios de emergencia a familias vulnerables por parte de un subcontratista, un funcionario de Acción Social dijo, “La asistencia ha sido aprobada en papel. Estoy seguro que en cualquier momento estarán recibiendo la asistencia.”

La respuesta de las autoridades locales es esporádica y por lo general, sujeta a la voluntad política de los funcionarios en las comunidades. RI visitó comunidades recién desplazadas en los departamentos del Chocó y Nariño, y encontró que sólo en un caso los funcionarios locales habían brindado alojamiento. En los demás casos, las personas desplazadas dependen de la generosidad de familiares de brindarles vivienda y otros servicios básicos; una práctica que pone a familias de bajos recursos en una posición de mayor vulnerabilidad.

Asistencia socioeconómica a largo plazo

La Ley 387 obliga al gobierno de Colombia brindar a las personas desplazadas programas de generación de ingresos, acceso a proyectos de reforma agraria y desarrollo rural, programas de microempresa, cursos de capacitación, y acceso a programas de salud, educación y vivienda. Asimismo, el gobierno debe establecer programas enfocados en las necesidades especiales de la niñez, las mujeres, y personas de la tercera edad, y proyectos de generación de empleo en los sectores rurales y urbanos. Estos proyectos buscan integrar a las personas que deciden no retornar a sus comunidades de origen en las comunidades donde actualmente residen. RI halló pocas evidencias de proyectos gubernamentales para atender estas necesidades, y cuando dichos servicios fueron brindados fueron, por lo general, de baja calidad.

RI entrevistó a centenares de desplazados internos en múltiples comunidades en los departamentos de Sucre, Córdoba, Nariño y el Chocó durante su misión en febrero de 2007. RI no fue capaz de identificar a un solo beneficiario de algún programa de generación de ingresos, microcrédito, desarrollo rural o de generación de empleo patrocinado por el gobierno colombiano. Al hablar sobre los programas de microcrédito con comunidades de desplazados internos, ellas comentaron a RI, “no calificamos para los préstamos. No contamos con garantías, y no tenemos un garante fiador.” Ninguno de los desplazados internos entrevistado por RI había sido ofrecido tierra a través de los proyectos de reforma agraria y desarrollo rural. Con respecto a los programas de capacitación, RI habló con muchas personas desplazadas que habían participado en dichos programas, sin embargo, ellas indicaron que las técnicas y aptitudes impartidas en dichos cursos no eran compatibles con el mercado laboral local, y por lo tanto, les brindaban pocas oportunidades reales de empleo.

Los proyectos de vivienda no mostraron estar en mejores condiciones. El gobierno colombiano ofrece a los desplazados internos dos opciones de vivienda; fondos en efectivo para la compra de una vivienda o la construcción de una vivienda nueva. Si bien muchas personas indicaron a RI su interés de participar en el programa para adquirir fondos, también comentaron a RI que “la cantidad de dinero sólo cubre del 50 al 60% del costo total de la casa donde vivimos.” La mayoría de personas con quien RI habló no estaban en la capacidad de producir los fondos restantes. RI visitó tres de los proyectos de vivienda para los desplazados internos patrocinados por el gobierno (tanto a nivel local como nacional). RI encontró construcciones que no cumplían con los estándares, viviendas más pequeñas del tamaño originalmente prometido, y viviendas que habían sido entregadas a los ocupantes antes de haber sido terminadas.

Los desplazados internos a menudo son rechazados servicios médicos debido a problemas en el registro oficial de la población desplazada. La falta de medicamentos apropiados fue otro problema recurrente. RI está particularmente preocupado por la negación de atención médica a comunidades indígenas debido prejuicios raciales y dificultades lingüísticas. Líderes indígenas de una comunidad informaron a RI que, “nuestra gente solo va al hospital para morir.”

Los programas de acceso a la educación se encontraban bastante extendidos en las comunidades de desplazados internos. No obstante, las familias a menudo indicaron que a pesar de las garantías legales de no tener que pagar por inscribir a sus hijos en la escuela, les eran cobrados constantemente una gran variedad de servicios. Diversos funcionarios del gobierno indicaron que esto se debía francamente a un problema de corrupción local. Muchas familias también participaron del programa gubernamental Bienestar Familiar, el cual brinda subsidios en efectivo para mantener a los niños en la escuela. Participantes, sin embargo, señalaron que los 7 a 23 dólares que reciben de subsidio por niño, a menudo es menos que la cantidad de cargos que tienen que pagar para inscribir a los niños en la escuela.

Mecanismos para rendir cuentas

La Procuraduría General de la Nación tiene la responsabilidad de investigar y sancionar el incumplimiento por parte de las agencias gubernamentales en proporcionar servicios legalmente reconocidos a los desplazados internos. RI entrevistó a procuradores regionales de diferentes partes del país sobre su trabajo en esta área y encontró serios esfuerzos por hacer rendir cuentas tanto a ministerios locales de la salud y educación, como a alcaldes, gobernadores y otros funcionarios regionales por su incumplimiento en brindar ayuda humanitaria de emergencia y asistencia socioeconómica a largo plazo a los desplazados internos. Los procuradores, no obstante, objetaron el gran número de casos que tienen que investigar. Un procurador regional señaló que, “por cada denuncia registrada en mi oficina, recibo diez denuncias de desplazados internos por no poder acceder a los servicios médicos. No tenemos el personal para investigar estos casos.”

La respuesta internacional

RI encontró varios proyectos internacionales efectivos y bien administrados para las comunidades de desplazados internos, los cuales deben de servir como modelos para programas futuros. Los más efectivos de estos programas, los cuales por lo general eran europeos, entregaban los recursos directamente a las comunidades de desplazados, y a su vez, los incluían en todas las fases de planificación e implementación del proyecto.

RI también habló con una variedad de organizaciones de base de desplazados internos, la cual expresó su creciente interés por administrar los servicios para las comunidades que representan. A pesar de contar con planes de trabajo detallados, muchas de estas organizaciones han tenido dificultad en asegurar financiamiento internacional para su trabajo. En muchos casos, RI observó que proyectos en estas mismas comunidades que cuentan con financiamiento internacional, la mayoría de fuentes estadounidenses, hacían a un lado a las redes de ONG locales. Aunque estos esfuerzos por lo general eran sólidos, en muchas ocasiones no abordaban las preocupaciones principales de las comunidades de desplazados internos.

Como se mencionó anteriormente, en la mayoría de casos, los proyectos internacionales para brindar ayuda humanitaria de emergencia fueron muy bien recibidos.

En base a estas observaciones, Refugiados Internacional recomienda:

Al gobierno de Colombia:

• Reconocer su incapacidad de cumplir con sus responsabilidades legalmente establecidas con las comunidades de desplazados en el corto plazo, e invitar una mayor participación por parte de la comunidad internacional para brindar estos servicios mientras el gobierno desarrolla una capacidad adecuada para hacerlo;
• Fortalecer la capacidad de las oficinas locales de la Procuraduría General en regiones con grandes poblaciones de desplazados internos para poder investigar denuncias sobre la falta de cumplimiento en brindar servicios legalmente reconocidos. Proporcionar a estas oficinas por lo menos entre uno a dos funcionarios para procesar las denuncias de los desplazados internos;
• Incrementar la capacidad de Acción Social para evaluar la capacidad de los contratistas, y llevar a cabo visitas periódicas a las comunidades afectadas para evaluar el trabajo;
• Duplicar los esfuerzos para asegurar que todas las agencias que brindan servicios a los desplazados internos trabajen sobre una misma base de datos unificada para prevenir errores en la transferencia de datos de Acción Social a sus contrapartes.

• Alentar al gobierno de Colombia a permitir a actores internacionales, a través de las diversas agencias de las Naciones Unidas con presencia en el país, jugar un mayor papel en coordinar y brindar directamente asistencia a los desplazados internos;
• Expandir su trabajo directo con organizaciones de comunidades de desplazados internos y sus líderes para evaluar e identificar sus necesidades, y utilizar los resultados como la base para definir los programas de asistencia y para la implementación de los mismos;
• Evitar, a la medida posible, programas que canalicen fondos de asistencia humanitaria de emergencia a través de actores del gobierno local. No obstante, se deben mantener la activa participación y el monitoreo por parte de actores internacionales de proyectos de integración socioeconómica a largo plazo que trabajen en cooperación con agencias gubernamentales.