03/09/2007

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Para más información, favor de contactar a:
Sean Garcia and Andrea Lari
ri@refugeesinternational.org; 202-828-0110

La Violencia en Colombia continúa y en ciertas regiones del país está incrementando a pesar de la retórica del gobierno de que está tomando el control sobre el conflicto interno que ha plagado a la nación por las últimas cuatro décadas.

Equipos de expertos de Refugiados Internacional (RI) visitaron los departamentos de Nariño y el Chocó en junio de 2006 y febrero de 2007 y hallaron que las condiciones de seguridad han empeorado notablemente. Consecuentemente, es muy probable un incremento en el desplazamiento forzoso de ciudadanos en los próximos meses, situación que las autoridades no están preparadas para abordar adecuadamente.

El Incremento de la Violencia Aumenta el Desplazamiento

La población continúa huyendo de sus hogares a raíz de los recién establecidos grupos narco-paramilitares quienes están ocupando sus tierras y ordenando a las personas abandonar la zona. Asimismo, los desplazados también son objeto de violencia al regresar a sus tierras. Desde el desplazamiento en junio de 2006 tras la demostración de Remolino en Nariño (ver: Colombia: Political Considerations Used to Deny Assistance to Displaced People) y el retorno de estas comunidades a la zona norte de la capital departamental, Pasto, 70 personas han sido asesinadas y 17 han desaparecido. Estos hechos confirman las amenazas perpetradas por paramilitares en la zona contra las comunidades retornadas. En febrero de 2007, el equipo de RI visitó el municipio de Samaniego, al sur de Pasto, y descubrió que ocho personas habían sido asesinadas en el transcurso de un fin de semana. Estos asesinatos fueron atribuidos a un nuevo grupo paramilitar de ochenta miembros que está en proceso de establecerse en la ciudad.

Además de los conflictos producto del resurgimiento de grupos paramilitares, se ha intensificado el conflicto por el control de territorios estratégicos empleados para el cultivo, la cosecha, el procesamiento y el transporte de la coca a mercados internacionales. Samaniego, en Nariño, es una zona de conflicto entre dos grupos guerrilleros de izquierda luchando por el control de los recursos para el narcotráfico, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La región del Bajo Baudó en el Chocó es escenario de conflictos entre las FARC y el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG) relacionados al narcotráfico. Asimismo, se están dando conflictos por razones similares entre las FARC y grupos paramilitares a lo largo de Nariño y el Chocó. Diversos informes señalan que los combatientes están forzando a comunidades enteras de indígenas y de afro-descendientes a abandonar territorios disputados, táctica que genera el sobrepoblamiento de las ciudades y los poblados vecinos. Las Fuerzas Armadas nacionales han comenzado a bombardear y fumigar los terrenos disputados empleados para el cultivo de la coca como parte de su programa de erradicación. Estas acciones también han resultado en el desplazamiento de campesinos obligados a dejar tierras estropeadas por los químicos.

Según estadísticas oficiales, en el 2006, los crímenes violentos aumentaron en un 13% en Nariño en comparación con el 2005. No obstante, varios oficiales informaron a RI que estas estadísticas son conservadoras, y que estiman que la tasa de muertes pudo haber incrementado hasta seis veces. Adicionalmente, el alarmante crecimiento de nuevos grupos paramilitares se ha visto aparentemente beneficiado de la complacencia tanto del ejército como de la policía, los cuales han estado evadiendo la confrontación. Los crímenes perpetrados por estos nuevos actores armados no han sido investigados y los responsables no han sido sometidos a la justicia.

“Una bomba de tiempo a punto de estallar”

Trabajadores de ayuda humanitaria trabajando en Colombia describen las múltiples crisis en el país como bombas de tiempo. En contraste con las declaraciones oficiales, se están dando diversos conflictos a lo largo del país. Las raíces de estos conflictos se están expandiendo y no necesariamente corresponden a conflictos entre las fuerzas gubernamentales y los grupos guerrilleros. Más bien, hay una creciente violencia entre grupos guerrilleros de izquierda, entre grupos guerrilleros y nuevos grupos paramilitares, y conflictos adicionales relacionados con el ejército. Como resultado, la población civil se encuentra atrapada entre actores rápidamente cambiantes y en una situación de mayor riesgo producto de la entrada y salida de estos actores en las comunidades.

El año pasado se produjeron treinta desplazamientos masivos (el desplazamiento de más de cincuenta personas) en Nariño y en los dos primeros meses de 2007 se dieron ocho desplazamientos masivos adicionales, incrementando el total de desplazados internos registrados en el departamento a más de 54.000.

El enfrentamiento entre las FARC y el ELN ocurrido el 15 de febrero afectó a una comunidad de aproximadamente 2.000 personas viviendo en la zona noroccidental del municipio de Samaniego. “Esta es la segunda vez en lo que va del año que hemos sido desplazados. La población vive aterrorizada a raíz de los enfrentamientos. Alrededor de 46 familias han abandonado sus casas en búsqueda de refugio en las escuelas de una ciudad vecina,” declaró un líder indígena. Durante su estadía en las escuelas, la municipalidad local y la iglesia les proporcionaron alimentación e insumos básicos. Cinco días después de estos hechos, sin embargo, la asistencia de Acción Social, la agencia gubernamental encargada de coordinar la respuesta humanitaria para atender las necesidades de personas desplazadas, aún no llegaba. Según informes, muchas familias decidieron retornar a sus casas debido a la falta de asistencia. Estas comunidades de retornados encontraron que habían instalado minas antipersonales alrededor de la comunidad y que un enfrentamiento podría estallar en cualquier minuto. Durante las dos semanas posteriores a la visita a Samaniego de RI, siete personas resultaron heridas o muertas a causa de una mina antipersonal o por municiones sin explotar.

Una situación similar de creciente tensión y violencia aflige a las comunidades ubicadas en los valles de San Juan y el río Baudó, y a lo largo de las tributarias del río Atrato en el departamento del Chocó.

El 6 de abril de 2006, más de 700 miembros de cinco comunidades indígenas Wounan ubicadas en la cuenca del río San Juan huyeron al municipio de Istmina en búsqueda de seguridad. Las FARC acusaron a catorce líderes comunitarios y profesores de ser informantes del ejército, matando a tres. Los sobrevivientes que se encontraban bajo amenaza y sus familias fueron evacuados a Panamá por agencias de las Naciones Unidas. En esta ocasión, tanto las autoridades locales como Acción Social fueron incapaces de proporcionar a las comunidades un nivel mínimo de asistencia, obligando consecuentemente a la Iglesia y a las agencias internacionales a intervenir para prevenir un desastre humanitario. “Cuatro niños fallecieron durante esos dos meses a causa de enfermedades epidémicas. Tuvimos que vivir amontonados en cuatro pequeños refugios improvisados y obligados a utilizar agua contaminada del río para bañarnos y cocinar,” declaró un líder indígena. El grupo finalmente decidió que las condiciones de vida eran intolerables y optó por retornar a su comunidad. Desde su retorno, las FARC han mantenido un estricto control social sobre las comunidades y han impedido el acceso a las mismas.

A lo largo del mes de febrero ha ocurrido más desplazamiento hacia Istmina de la cuenca del río Sipí producto de la actividad de nuevos grupos paramilitares, incluyendo múltiples órdenes a pobladores de la zona de dejar sus tierras en el transcurso de ocho horas. Una familia que formaba parte de un grupo de más de trescientos afro-colombianos que arribaron en Istmina el 4 de enero de 2007 dijeron a RI: “Recibimos algo de alimentación, pero sólo después de once días, y no era suficiente. No nos han proporcionado vivienda, y no sentimos que contamos con acceso a servicios médicos, educación o a algún mecanismo para sostenernos”.

En base a evidencias sólidas de la creciente violencia en Colombia, Refugiados Internacional recomienda:

Al gobierno de Colombia:

• Incrementar sus esfuerzos por proteger a la población civil de ataques y desplazamientos causados por grupos ilegales armados. Las fuerzas armadas deben actuar respetando plenamente el derecho internacional humanitario.
• Investigar la falta de procedimientos criminales en Nariño y someter a la justicia a quienes cometan crímenes en contra de la población civil. Presuntos vínculos entre las Fuerzas Armadas de Colombia, la policía y los grupos paramilitares deben ser investigados inmediatamente, y, de proceder a detener y perseguir penalmente a los responsables cuando la investigación lo amerite.
• Proporcionar recursos adicionales a las autoridades departamentales y municipales para fortalecer su capacidad de responder a las necesidades de vivienda, salud y educación de las familias desplazadas.

• Mantener alimentos y otros artículos esenciales en las ciudades de Istmina y Pasto para anticipar un rápido acceso a estas provisiones a nuevos grupos de desplazados. Examinar cuidadosamente la prestación de servicios básicos a los beneficiarios por parte de sus socios y las autoridades locales.
• A las autoridades departamentales y municipales:
• Preparar planes de contingencia para responder a nuevos casos de desplazamiento. Dichos planes deben incluir la creación de viviendas temporales dignas, la identificación de tierras cultivables para las familias desplazadas, y el incremento de la capacidad de respuesta de los proveedores de servicios básicos locales.
• Crear redes de seguridad, incluyendo servicios sicológicos, para grupos de desplazados particularmente vulnerables, como por ejemplo mujeres jefas de hogar, huérfanos, y personas de la tercera edad.
• Asignar recursos para la implementación de estos planes y asegurar su ejecución cuando sean necesarios.