01/30/2008

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La respuesta del Gobierno de Colombia a las necesidades humanitarias de la población desplazada continua mostrando serias brechas a pesar del incremento presupuestario y de mejoras en la planificación a nivel del gobierno central. Dichos avances no se han traducido en resultados concretos en el ámbito local. Es más, las municipalidades receptoras de un gran número de personas huyendo de la violencia y de la confrontación armada han sido incapaces de prepararse adecuadamente para atender desplazamientos esperados, proporcionar asistencia humanitaria adecuada al darse el desplazamiento, y de asistir a personas desplazadas viviendo por años en dichas regiones. El Gobierno colombiano tiene que seguir los procedimientos de respuesta humanitaria existentes, buscar la activa participación de las comunidades afectadas y trabajar en estrecha coordinación con las Naciones Unidas y otros actores no gubernamentales.

Lee un estudio de caso para aprender mas sobre las dificultades en responder a la comunidad desplazada.

Estructuras locales, planificación estratégica y liderazgo de la población desplazada

El Gobierno colombiano debería aprovechar de una mejor manera las estructuras creadas específicamente para responder a las necesidades de la población desplazada. El gobierno debería duplicar su labor con los Comités Territoriales de Atención Integral a Población Desplazada, los cuales son los responsables de preparar a los departamentos y municipios para brindar asistencia humanitaria a hogares desplazados de corto y largo plazo. A menudo, los alcaldes se niegan a presidir los comités como lo estipula la ley, y por consiguiente, son los oficiales de menor rango quienes son asignados dicha responsabilidad; una clara indicación de la baja prioridad otorgada a los desplazados.

Refugiados Internacional ha recibido múltiples informes de la dificultad que afrontan los líderes de la población desplazada en colocar sus preocupaciones en la agenda de las sesiones de los comités. Asimismo, las decisiones acordadas en las sesiones rara vez son implementadas. Los comités responden rápidamente durante crisis de desplazamientos masivos (definidos como el desplazamiento de cincuenta o más personas), a menudo como resultado de la presión pública y visibilidad internacional. Esta respuesta, sin embargo, es reaccionaria y rara vez es el resultado de una estrategia de contingencia adecuada. Estos mismos comités, por lo general, han demostrado poca capacidad para planificar una debida respuesta al flujo constante de desplazamientos menos visibles, entre los cuales de individuos, familias individuales, y desplazamientos intraurbanos; casos que representan la gran mayoría de los desplazamientos en Colombia.

Los funcionarios locales también están requeridos a desarrollar un plan para responder a las necesidades de los desplazados. Los Planes Únicos Integrales deberían de detallar las necesidades de la población desplazada y su debida respuesta, como también asignar los recursos necesarios para su implementación. Aunque la elaboración de dichos planes debería constituir un primer paso en zonas de alta conflictividad e inseguridad, éstos a menudo son desarrollados. Este ha sido el caso en los departamentos de Nariño y el Chocó, zonas en las cuales han habido una secuencia de desplazamientos masivos en los dos últimos años, durante los cuales miles de colombianos se han visto forzados a huir de sus comunidades.

Los Planes Territoriales de Desarrollo deberían proporcionar información detallada sobre los nuevos programas de vivienda, el suministro de servicios sociales básicos, y la reestructuración de la economía e inversión local. Estos a su vez también deberían incluir las necesidades y aspiraciones específicas de la población desplazada. De lo contrario, miles de colombianos permanecerán excluidos y marginados de las comunidades receptoras.

En muchas regiones del país la población desplazada ha establecido Comités Municipales de las Comunidades Desplazadas para coordinar sus actividades de autosuficiencia y acciones de cabildeo. Estos comités podrían constituir un mecanismo efectivo para trabajar con las autoridades. Su contribución en la elaboración de los Planes Únicos Integrales y Planes Territoriales de Desarrollo es indispensable, particularmente dado su profundo conocimiento de las necesidades y aspiraciones de sus respectivas comunidades. No obstante, las autoridades locales a menudo marginan o ignoran a los Comités Municipales. Los comités deberían ser fortalecidos para incrementar su capacidad para interactuar exitosamente con funcionarios gubernamentales. Asimismo, se beneficiarían de una mejor estructura organizativa, capacitaciones en la administración de proyectos, y de acceso a pequeños financiamientos.

A nivel local, las organizaciones humanitarias podrían facilitar el diálogo entre los beneficiarios y las autoridades con respecto a la planificación estratégica. A nivel regional, reuniones de los representantes de las agencias que conforman el Comité Permanente entre Agencias (IASC) tienen el potencial de asegurar una mejor coordinación entre los actores humanitarios y una mejor colaboración con las ramas regionales de Acción Social. A través del IASC, los líderes de las comunidades de desplazados, los miembros del IASC y funcionarios locales de Acción Social podrían trabajar con los alcaldes y administradores locales para asegurar el cumplimiento de sus responsabilidades legales.

Necesidad de una mayor rendición de cuentas

“El ayudar a los desplazados internos es un buen negocio en Colombia. Es una vergüenza que los desplazados a menudo son dejados por fuera de las transacciones”.
Persona desplazada viviendo en Medellín. Diciembre de 2007.

Lee un estudio de caso sobre Medellín.

En los últimos cinco años, el Gobierno de Colombia ha cuadruplicado el presupuesto asignado para asistir a la población desplazada. Acción Social, la agencia colombiana encargada de atender a los desplazados, ha demostrado recientemente importantes avances a nivel nacional en la planificación de la respuesta inmediata para atender desplazamientos masivos y de soluciones para la integración a largo plazo de los desplazados internos en las comunidades donde se asientan. Asimismo, desde el 2003, el Gobierno de los Estados Unidos ha asignado, en promedio, 40 millones de dólares al año para asistir a la población desplazada en Colombia.

Aunque estos logros son dignos de elogio, Refugiados Internacional ha encontrado que insuficientes recursos llegan a la población desplazada; realidad que genera cólera y resentimiento por la corrupción desenfrenada y el mal uso de los fondos. Para poder capitalizar los avances logrados a nivel nacional, Colombia tiene que ahora enfocar sus esfuerzos en establecer mecanismos efectivos de monitoreo, evaluación y auditoria de sus programadas para la población desplazada.

El aumento gradual de recursos en un período de tiempo relativamente corto ha generado una red de contratistas y subcontratistas para proporcionar servicios a la población desplazada. Estas agencias están conformadas principalmente por organizaciones locales que varían de tamaño, longevidad, y nivel de experiencia, y son las encargadas de implementar programas financiados por Acción Social y por contratistas financiados por el gobierno de los Estados Unidos. RI ha conocido excelentes ejemplos de agencias locales que han asistido efectivamente a la población desplazada. No obstante, la principal queja que recibe RI directamente de la población desplazada es que los servicios prometidos, y en algunos casos aquellos derivados de fondos de Acción Social y USAID, no fueron proporcionados como fueron prometidos o es más, nunca llegaron. RI ha documentado denuncias de la mala administración, el mal manejo de fondos y de corrupción en la administración de proyectos para atender a la población desplazada en los cinco departamentos visitados por personal de RI en el 2007.

Las frecuentes denuncias de conducta malintencionada en la administración de los programas sugiere que los mecanismos existentes de monitoreo, evaluación y auditoria no son los adecuados para identificar agencias contraparte problemáticas. En un caso flagrante, el contratista de USAID en Medellín no tenía conocimiento de que uno de sus subcontratistas estaba siendo investigado por la Procuradoría General por el presunto mal manejo de los fondos. Aunque el monitoreo de los estados financieros y la evaluación de la eficacia de proyectos son prácticas comunes, RI no pudo identificar mecanismos de evaluación independientes o procesos que incluyan sondeos de las partes interesadas. Dadas las denuncias de falsificación de documentos, coerción de beneficiarios, manipulación y denegación de servicios, los beneficiarios deberían ser consultados independientemente y con frecuencia para asegurar que están recibiendo los servicios que les han sido prometidos.

Una estrategia sustentada en tres pilares debería ser implementada para garantizar un monitoreo efectivo de las agencias colombianas encargadas de la implementación de los programas de asistencia. Por un lado, Acción Social debería fortalecer la capacidad de sus oficinas internas de auditoria para poder llevar a cabo procesos de monitoreo, evaluación y auditoria de sus contratistas. Por otro lado, el Gobierno colombiano debería fortalecer las agencias del Ministerio Público, particularmente la oficina de la Procuradoría General, para poder llevar a cabo procesos legales de casos flagrantes de corrupción y mal manejo de los fondos de asistencia para la población desplazada. Por último, las agencias internacionales, las cuales también emplean contratistas locales, deberían mejorar de manera sistemática sus capacidades de monitoreo, evaluación y auditoria para poder garantizar el máximo rendimiento de sus inversiones. En cualquier caso que investigaciones internas hallen evidencia de conducta malintencionada, dicho caso debería ser enviado a la Procuradoría General para cualquier acción adicional.

Recomendaciones:

• Las administraciones locales colombianas mejoren el funcionamiento de los comités territoriales para los desplazados internos, elaboren planes de contingencia adecuados y asignen los debidos fondos para su implementación.


• Las administraciones locales elaboren planes de desarrollo de mediano y largo plazo que incluyan disposiciones específicas para mejorar las condiciones socio-económicas de la población desplazada, y para planificar su exitosa integración en las comunidades donde se asientan.


• El Gobierno colombiano y los donantes internacionales proporcionen capacitación y mayores recursos para fortalecer las organizaciones de la población desplazada, con el fin de incrementar la efectividad de su participación en los órganos encargados del diseño de políticas y mejorar su capacidad de defender e incidir por sus derechos.


• El Gobierno colombiano y los donantes internacionales, incluyendo USAID, deberían darle prioridad a la rendición de cuentas de sus contratistas y agencias encargadas de implementar sus programas, mediante el establecimiento de mecanismos efectivos de monitoreo, evaluación y auditoria y de procesos de sondeo de las partes interesadas.