por María Peña
04/03/2007

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Washington, 3 abr (EFE).- El Gobierno de Colombia y la comunidad internacional deben aumentar la ayuda a los desplazados a raíz de la fumigación de cultivos ilícitos, por ser las víctimas olvidadas de la crisis, afirmaron hoy diversos grupos humanitarios.

La situación, que incluye casos de violencia sexual relacionados con el conflicto armado, se ha agravado y requiere respuestas contundentes, advirtió Barbara Hintermann, jefa de la misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) en Colombia.

Según el ICRC, que desde septiembre pasado documentó 48 casos de violación sexual en relación con el conflicto, éste incrementó en un 21 por ciento el desplazamiento masivo y en un 34 por ciento el de individuos en 2006. Las áreas más afectadas son Nariño, Valle del Cauca, Antioquia y Meta, donde la situación "se ha vuelto muy complicada y creo que veremos un mayor desplazamiento de esa región", señaló Hintermann, cuyo organismo ha ayudado a un millón de desplazados en diez años.

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Los desplazados son, en su mayoría, campesinos que pasan, literalmente, de la selva a las "junglas grises" de centros urbanos donde afrontan trabas para acceder a programas de ayuda.

El Gobierno colombiano designa fondos para ayudar a los desplazados, pero "hay una enorme insuficiencia" en los programas de desarrollo social y otras soluciones a largo plazo, dijo Hintermann.

Sobre la violencia sexual como herramienta política, Hinterman reconoció que es un fenómeno que ocurre en otros conflictos "pero no podría confirmar ahora mismo si eso ocurre en Colombia porque no tenemos un panorama claro". Sin embargo, se quejó de que muchas familias desplazadas por las operaciones de fumigación y erradicación de cultivos ilícitos, principalmente mujeres y niños, "no reciben asistencia ni del Gobierno ni de otras instituciones".

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Andrea Lari, activista de "Refugees International", enumeró las trabas que afrontan los desplazados para acceder a fondos crediticios, subsidios de vivienda, ayuda alimentaria o programas de generación de empleos en zonas urbanas.

Citó el caso de 150 desplazados en una zona del departamento del Chocó, que en febrero pasado no recibieron subsidios de vivienda porque, a su juicio, muchas veces la ayuda está divorciada de la realidad.

Aunque el Gobierno del presidente Álvaro Uribe ha hecho mucho más que gobiernos anteriores, "no está valorando el tamaño de las necesidades" y los cerca de 400 millones de dólares destinados a atacar el problema son "insuficientes", dijo a Efe Lari.

Agregó que en los esfuerzos de fumigación no deben pagar justos por pecadores, ya que esas operaciones "son precedidas de acciones militares que provocan desplazamiento... y no sólo atacan cultivos ilícitos sino también los legales".

"No todos (los cultivadores) son criminales y no todos cultivan coca, pero terminan afectados por las fumigaciones. Esta gente necesita ayuda", señaló Lari, para quien el "problema con las propuestas de desarrollo alternativo está en su aplicación".

Patricia Fagen, del Instituto para el Estudio de Migración Internacional, de la Universidad de Georgetown, observó que el problema tiene que ser una prioridad en la agenda política "para que genere la voluntad política internacional y nacional para responder mejor a esta crisis...(que) empeora cada vez más".

El ICRC divulgará en julio o agosto próximos un análisis sobre la respuesta institucional al desplazamiento interno en ocho áreas urbanas de Colombia.

El encuentro entre los citados organismos, el primero de su tipo en Washington, se produjo en un momento en que el Congreso de EEUU está enfrascado en un debate sobre el futuro rumbo de la guerra en Irak, y la oposición ha expresado escepticismo sobre la ayuda estadounidense para la continuidad del "Plan Colombia". EFE