01/11/2007

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Como consecuencia de los acuerdos sobre los trabajadores migratorios y la falta de regulación sobre la migración desde hace muchos años, ha surgido una nueva subclase permanente de personas de origen haitiano en el Caribe, e incluso en la República Dominicana.

Sonia Pierre es una dominicana de ascendencia haitiana que ha logrado superar la pobreza y convertirse en la ganadora del premio Robert F. Kennedy de 2006 por su papel como líder de un movimiento de derechos humanos que vela por los niños apátridas. Pierre describe la situación de dichos niños de una manera muy gráfica:

“Existe un país en el Caribe donde los niños no pueden asistir a la escuela. Estos niños no tienen derecho a la asistencia sanitaria. Corren el peligro de que se los lleven a Haití (a pesar de que ellos y sus padres nacieron en la República Dominicana.) Son víctimas de la discriminación debido a su origen haitiano y por eso muchas veces estos niños odian sus raíces. La identidad, las raíces y los valores le definen a uno como ser humano. Esto no es el problema interno de sólo un estado. Vivimos en un mundo globalizado, así que se puede hablar de ciudadanos del mundo. En la República Dominicana hay miles y miles de personas apátridas – la mayoría de las cuales son niños.”

Se estima que entre el 20 y 25 por ciento de las personas que residen en la República Dominicana, lo cual representa entre dos y tres millones de personas, no tiene documentación. Hasta un millón de las personas indocumentadas son de origen haitiano y muchos de ellos son niños. Es motivo de mucha preocupación el gran número de niños que nacen en la República Dominicana que no pueden ejercer su derecho constitucional a la nacionalidad. Además, los solicitantes de asilo que huyeron de Haití por temor a la persecución política viven en un estado de incertidumbre porque no hay un sistema funcional para procesar las solicitudes de refugio en la República Dominicana. Tampoco sus hijos que han nacido en la República Dominicana pueden ejercer su derecho a la nacionalidad dominicana. Por ser país signatario de la Convención para reducir los casos de Apatridia de 1961, el gobierno de la República Dominicana puede hacer mucho. “El público le considera a la República Dominicana como un país muy tranquilo y alegre con algunas pocas imperfecciones. En realidad, es un país que tiene dificultades profundamente arraigadas frente al tema de los derechos humanos y donde no aceptan que se les diga lo que tienen que hacer,” dice la consultora en materia de desarrollo internacional, Bridget Wooding.

Debido a la historia compleja y la disparidad económica entre los dos países que comparten una misma isla, existe la inmigración desde hace ya muchas décadas, pero muchas veces no ha sido regulada, como sucede actualmente. A principios del siglo veinte, los haitianos migraron a la República Dominicana para trabajar en las plantaciones y en los ingenios azucareros. Desde los años 1950 hasta los 1980 la inmigración fue legal, pero hubo explotación. Mientras existieron los acuerdos bilaterales, podían beneficiarse también los Estados Unidos. Los acuerdos sobre la inmigración de trabajadores eran muy rentables para las empresas y para los gobiernos.

Los trabajadores que inmigraron de acuerdo con los acuerdos bilaterales sobre la inmigración de trabajadores han tenido hijos a lo largo de varias generaciones en la República Dominicana quienes ya se han establecido en el país. Sin embargo, el gobierno de la República Dominicana no ha creado un marco legal para determinar la nacionalidad de los descendientes de los inmigrantes haitianos el que sea compatible con las normas internacionales. Según un representante de los Estados Unidos, “ [Los] niños no son ni haitianos ni dominicanos. Son apátridas.” Los descendientes de los inmigrantes haitianos sólo tienen acceso a la educación hasta el cuarto grado. No tienen acceso a buenos trabajos, ni tienen cuenta bancaria, ni coche, ni permiso de conducir. “Es como si uno no existiera,” explicó un haitiano-dominicano a los representantes de Refugiados Internacionales (Refugees International, o RI) y del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados (Lutheran Immigration and Refugee Service, o LIRS) durante su reciente visita la región.

A pesar de que se ha ido disminuyendo la necesidad de usar mano de obra intensiva en la industria azucarera en las dos últimas décadas, el problema de la inmigración y apatridia no se ha disminuido. Otros tipos de industria y servicios han aprovechado de esta fuerza laboral barata no regulada. Las mujeres buscan trabajo en el sector doméstico en hogares dominicanos. Los hombres, algunos solos y otros con sus esposas y sus hijos, trabajan y viven en los terrenos de construcción. Hay otros inmigrantes que se han quedado en los bateyes o en las antiguas plantaciones de caña de azúcar, frustrados por la falta de empleo, educación y libertad de movimiento.

“Dependemos de la mano de obra haitiana,” confirmó un funcionario del gobierno de la República Dominicana. “No escondemos esta realidad. El problema no es nuevo y estamos buscando una solución.” Mientras tanto, el Estado dominicano sigue gozando de los beneficios a corto plazo que trae la mano de obra barata no regulada. No ha investigado de una manera significativa los beneficios a largo plazo que podría traer la migración regulada. Un hombre mayor que lleva 35 años viviendo en un batey dominicano donde antes él trabajaba no tiene acceso a un documento de identidad ni derecho a reclamar una pensión. Tampoco ninguno de sus cinco hijos o muchos nietos, tiene documentación. El señor describe el impacto del hecho de que el gobierno de la República Dominicana no ha establecido un sistema de inmigración justo y humano: “Yo no puedo ir a hablar con el gobierno municipal ni el consulado para pedir que me solucionen el problema. Vivir sin documentos es vivir como un cerdo en el lodo,” dice el señor lamentando su situación.

En teoría, la Constitución Dominicana concede la ciudadanía dominicana a todas las personas nacidas en el territorio de la República, pero la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana declaró que los haitianos nacidos en la el territorio no tienen derecho a la nacionalidad dominicana porque están “en tránsito”, a pesar de que muchos de ellos ya llevan décadas viviendo y trabajando en el país, como así lo hicieron sus padres y sus abuelos. Según un funcionario del gobierno haitiano, en teoría, estos niños pueden registrarse en la embajada haitiana en la República Dominicana. Sin embargo, según sus propios testimonios, cuando llegan a la embajada las rechazan por varias razones, las cuales comprenden el hecho de no tener papeles correctos o testigos. Tampoco se los dan los papeles requeridos cuando tratan de conseguirlos en los hospitales locales donde nacieron.

En octubre de 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede se ubica en Costa Rica, tomó una decisión histórica en favor de Yean y Bosico, a quienes la República Dominicana se había negado otorgarles la ciudadanía por motivos de raza, convirtiendo así a ellas, niñas de ascendencia haitiana, en apátridas. La corte fijó un plazo de un año para que el Estado dominicano cumpliera con sus recomendaciones, para a más tardar el mes de octubre de 2006. La corte ordenó al gobierno hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad, publicar la sentencia y compensar a las víctimas y a sus familias, además de adoptar medidas que aseguren el acceso universal a la educación y a una constancia de nacimiento. Hasta la fecha, el gobierno dominicano no ha tomado ninguna medida para cumplir con estas recomendaciones y declaró que se encuentra obligado a respetar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de que los haitianos están “en tránsito” , y por consiguiente, sin derecho a la nacionalidad. Actualmente, hay un debate en torno a la posibilidad de cambiar la Constitución Dominicana para que solamente se otorgue la nacionalidad por razón de sangre (es decir ser hijo/a de un dominicano/a) y no por haber nacido en el territorio. Si se efectúa este cambio, miles de personas podrían convertirse en apátridas.

La Junta Central Electoral emite actas de nacimiento y documentos de identidad a los dominicanos, pero muchos dicen que se niega a dar actas de nacimiento a los niños de padres considerados como haitianos. Las organizaciones no-gubernamentales (ONG) han expresado su preocupación por una nueva tendencia que se observa. “Los jóvenes tratan de conseguir documentos de identidad, en particular cuando se preparan para comenzar sus estudios universitarios, pero quedan sorprendidos porque no existen sus documentos de nacimiento. A veces les quitan el acta de nacimiento y no se la devuelven,” dijo una organización. “Nos hemos enterado de 25 casos en que se han anulado las actas de nacimiento.”

Sigue siendo motivo de preocupación las deportaciones colectivas de inmigrantes haitianos. La República Dominicana deporta a decenas de miles de personas a Haití cada año. Las expulsiones no se llevan a cabo de acuerdo con los métodos estipulados. Durante las expulsiones, separan a familias y los deportados, e incluso los niños, quedan sin nacionalidad por muchos años después. LIRS y RI visitaron una comunidad donde viven personas deportadas que habían llevado 15 años viviendo cerca de la frontera. La desnutrición y la prohibición de reintegrarse a sus antiguas comunidades son unas de sus mayores preocupaciones.

Sin dudar de las buenas intenciones que animan al Banco Mundial, lo cierto es que les preocupa a algunas ONG un nuevo proyecto que se está considerando para ayudar al gobierno Dominicano a emitir actas de nacimiento y documentos de identidad a los niños y adultos. Dichas ONG les dijeron a los representantes de RI y de LIRS que se ha comunicado con el Banco Mundial para expresar su preocupación por la posibilidad de que tal proyecto discrimine a los dominicanos de origen haitiano.

La situación en Haití sigue obligando a los haitianos a salir en búsqueda de una vida mejor, pero muchos se enfrentan a violaciones de sus derechos en los mismos sitios en donde han buscado protección y en donde nacen sus hijos otorgándoles así derecho a otra nacionalidad.

Una de las mejores maneras de satisfacer las necesidades que comparten todos los países de la región de documentar a sus ciudadanos, de combatir el tráfico de personas y de satisfacer las necesidades laborales se desarrolla dentro del marco del cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de los derechos humanos, el que se reconoce como un método comprobado de prevención de flujos de refugiados.

Refugees International Recomienda que:

• los Estados de la República Dominicana y de Haití elaboren y cumplan con políticas de migración y documentación de personas no discriminatorias que logren prevenir y reducir los casos de apatridia, y las cuales tengan un enfoque sobre el combate contra la corrupción.
• la República Dominicana cumpla inmediatamente y a cabalidad con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2005.
• la República Dominicana ratifique la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954.
• el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cuyo mandato consiste en ofrecer protección internacional a apátridas y buscar soluciones permanentes a sus problemas, se establezca de una manera significativa en la República Dominicana.
• los Estados Unidos invierta y participe en una respuesta regional a la migración en el Caribe que esté basada en derechos y la que responda a la situación apremiante de las apátridas.